La doctrina Feijóo sobre la deriva “autócrata” alcanza a los gobiernos de González y Aznar

En la crispada conversación política a veces se escuchan palabras cuyo eco traspasa las paredes del hemiciclo del Congreso de los Diputados. Por su contundencia, por su significado, por su grandilocuencia y porque, de tantas veces repetidas, uno acaba por no distinguir entre lo que es una democracia, una dictadura o una autocracia. Seguro que no es el caso de Alberto Núñez Feijóo, quien esta semana hizo suya la fórmula preferida de la ultraderecha de Vox, pero también de su colega Isabel Díaz Ayuso, para referirse a la forma de gobierno de Pedro Sánchez como una autocracia.

El líder del PP salió de la Moncloa después de entrevistarse con el presidente del Gobierno y compareció en el Parlamento para alertar a España de la deriva “autócrata” de Sánchez por querer burlar las Cortes para aprobar el aumento del gasto en defensa exigido por la UE tras conocer la intención de Trump de retirar el escudo militar que ha protegido a Europa desde la II Guerra Mundial. 

Feijóo exigió que cualquier subida sea sometida a debate y votación en la Cámara Baja, algo que en democracia no sólo es legítimo sino muy recomendable si de lo que se trata es de poner en valor la deliberación y el sistema parlamentario. Sin embargo, añadir que “el precepto básico de cualquier democracia es que todas las decisiones y compromisos sean avaladas por los representantes de la soberanía nacional porque lo contrario conduce a algo muy peligroso, a la autocracia” es mendaz. Es no saber lo que dice la Constitución respecto a la política exterior y de defensa. Y es enmendar lo hecho con anterioridad por los gobiernos de Aznar y Felipe González

La doctrina Feijóo sobre la autocracia alcanza a dos de los expresidentes más invocados por el líder del PP cuando habla de hombres de Estado. Y no porque no llevarán al Parlamento sucesivos aumentos de gasto en defensa, sino porque no sometieron siquiera a debate el envío de tropas españolas a misiones extranjeras, una pantalla ante la que en el momento actual no se ha llegado y ante la que, en todo caso, Sánchez si estaría obligado a pedir el aval del Congreso. Así lo estableció una reforma de la Ley de Defensa Nacional aprobada por el gobierno de Zapatero, no por el de José María Aznar, ni por el de Felipe González.

La autocracia, según la RAE, es la forma de gobierno en la cual la voluntad de una sola persona es la suprema ley. Y, según Feijóo, es hacia donde transita Sánchez, pese a que en el artículo 97 de la Constitución establece que “el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes”. 

La Ley Orgánica de la Defensa Nacional afirma también que corresponde al Gobierno “determinar la política de defensa y asegurar su ejecución, así como dirigir la Administración militar y acordar la participación de las Fuerzas Armadas en misiones fuera del territorio nacional”. Y concretamente atribuye al presidente “la dirección de la política de defensa y la determinación de sus objetivos, la gestión de las situaciones de crisis que afecten a la defensa y la dirección estratégica de las operaciones militares en caso de uso de la fuerza”. Y aunque la misma norma establece que le corresponde a las Cortes Generales “aprobar las leyes relativas a la defensa y los créditos presupuestarios correspondientes”, Sánchez no ha determinado, porque no lo ha hecho aún tampoco la UE, cómo se hará frente al aumento del gasto militar que propone Europa. 

Tres buques de guerra en 1990 sin aval del Congreso

En todo caso, Felipe González, tras la invasión de Kuwait en 1990, ordenó el envío al Golfo de tres buques de guerra españoles sin consultar previamente al Parlamento, si bien contaba con el paraguas de una resolución prácticamente unánime del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que autorizaba el uso de todos los medios necesarios para expulsar a las tropas iraquíes.

Y no sería hasta 1995 cuando el Congreso aprobó por unanimidad una resolución sobre la reforma de la ONU que decía: “La participación española en operaciones de paz se hará siempre bajo la autoridad de las Naciones Unidas y por mandato de su Consejo de Seguridad”. Tres años después de llegar al Gobierno y para superar aquella resolución parlamentaria, Aznar prometió regular “los mecanismos específicos de consulta al Parlamento en supuestos de participación o de colaboración de España en operaciones militares, especialmente en aquellas que conlleven el uso de la fuerza”. 

No lo hizo nunca, pese a que manifestó estar dispuesto, según consta en el diario de sesiones del Congreso, “a presentar ante los grupos parlamentarios un informe en el cual pueda establecer las pautas generales o el código de actuación en virtud del cual el Gobierno, en su relación con el Parlamento, establezca los mecanismos convenientes para cualquier circunstancia que se pueda producir en operaciones que la Alianza Atlántica pueda llevar adelante”.

900 militares a Irak en 2003

En marzo de 2003, su gobierno ordenaría, con carácter humanitario, el envío de 900 militares a Irak, entre infantes de Marina, unidades de tierra especializadas en defensa nuclear, bacteriológica y química y una fragata de la Armada para tareas de escolta, seguridad y apoyo. “Estamos en el sitio adecuado con la compañía adecuada”, afirmó entonces Aznar sin autorización alguna del Congreso. Fue entonces Zapatero quien desde la oposición le acusó de subvertir la política exterior, infringir la legalidad y le auguró lo que luego ocurriría, que pasaría a la historia como “un presidente que convirtió su mayoría absoluta en un ejercicio desquiciado de absolutismo y divorciado de la mayoría de la población”. 

¿Le convierte a Aznar dicha decisión en un autócrata? ¿Lo es o lleva camino de serlo España con Pedro Sánchez? En su último estudio sobre la democracia en el mundo, el Instituto V-Dem (Variedades de Democracia) de la Universidad de Gotemburgo revela que el mundo estaba dividido casi a partes iguales entre 91 democracias y 88 autocracias y que el 71% de la población mundial –5.700 millones de personas– vive en autocracias, lo que supone un aumento respecto al 48% de hace diez años. 

Sobre los exégetas de las políticas de Estado

La autocratización está en curso, según el mismo estudio, en 42 países, y uno en el que la tendencia es más acusada es Hungría. España no aparece por ningún lado, y sí Israel, el referente de la derecha española en Oriente Próximo, que ha salido por primera vez en 50 años de la categoría de democracia liberal.

Cuestión distinta al debate sobre si Sánchez conduce a España o no a una autocracia es si el Gobierno debiera, por tratarse de una cuestión de Estado, buscar el más amplio consenso para el aumento de gasto militar que requiere el rearme de Europa. El presidente no parece dispuesto porque sabe de la fragilidad de su mayoría parlamentaria, porque conoce la impopularidad de una medida como esta en una sociedad profundamente pacifista y porque no está dispuesto a solicitar al PP sus votos. El PP tampoco tiene demasiados entusiastas entre sus filas y tampoco entre sus referentes mediáticos para salir al auxilio de Sánchez. De hecho, entre los exégetas de las políticas de Estado, hay quien le animó a que se sumara a los métodos de Ayuso y diera portazo al presidente cuando este le convocó en la Moncloa.

Son los mismos que se llenan la boca de España, de Constitución y de patria, pero flaquean en cuestión de memoria porque cuando llaman al acuerdo entre PP y PSOE y urgen a sacar del debate partidista materias que deben permanecer inalterables al margen del cambio de orientación del gobierno nunca recuerdan que la mayoría de los pactos de Estado alcanzados en democracia se cerraron con la derecha en La Moncloa y la izquierda en la oposición. Fueron siete y solo dos se firmaron cuando el PSOE estaba en el gobierno: la reedición del pacto autonómico en 1992, con Felipe González en la Presidencia, y el pacto de Toledo, firmado en 1995 también con González en La Moncloa.  El resto, el de desarrollo autonómico de 1981, el Antiterrorista de 2000 —ampliado en 2016 para incluir el fenómeno yihadista— y el suscrito contra la violencia de género de 2016 y sus sucesivas renovaciones.