A última hora del miércoles la negociación de PSOE con Junts para hacer a Francina Armengol presidenta del Congreso estaba encallada. El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de promover “el uso de las lenguas cooficiales en las instituciones comunitarias” durante la presidencia europea no convencía a los potenciales socios, cuyos votos eran imprescindibles para evitar que el PP se hiciera con la presidencia del Congreso.
Durante el miércoles, Carles Puigdemont había reclamado “hechos comprobables antes de comprometer ningún voto” para la elección de la Mesa. El compromiso verbal de Sánchez no era suficiente, Junts quería que se concretase. A primera hora de este jueves se ha registrado el documento clave que ha desbloqueado la negociación: el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha presentado por escrito la solicitud para que el catalán, el euskera y el gallego sean lenguas cooficiales de la Unión Europea.
El registro se ha producido a las 8.18 horas de este jueves. Albares ha enviado la petición a la presidencia del Consejo de la Unión Europea, en el que los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros se convocan para debatir y acordar modificaciones de los Tratados de la Unión.
En el documento enviado, Albares solicita que se inicien ya los trámites y que este asunto se incluya en el orden del día del próximo Consejo, que se celebrará el próximo 19 de septiembre.
La petición, si se aprueba, supondrá que el catalán, el gallego y el euskera serán idiomas cooficiales de la Unión Europea: se podrán usar en el Parlamento Europeo, los representantes políticos podrán dirigirse en ese idioma a las instituciones comunitarias y los documentos oficiales serán traducidos también a esas lenguas.
El compromiso de promover el catalán en instituciones españolas y europeas ya se había alcanzado en la mesa de diálogo hace más de un año, pero no se había concretado desde entonces.
En el Parlamento europeo se hablan 24 lenguas. Los documentos parlamentarios se publican en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea (UE) y los diputados tienen derecho a expresarse en la lengua oficial de su elección. Así se garantiza que todos tengan acceso a los trabajos de la Eurocámara. “El Parlamento Europeo se distingue de las demás instituciones de la Unión Europea por su obligación de garantizar el mayor grado posible de multilingüismo”, explica la Eurocámara: “Cualquier ciudadano o ciudadana de la UE tiene derecho a presentarse a las elecciones al Parlamento. No sería razonable exigir a los diputados un perfecto dominio de una de las lenguas más utilizadas, como el francés o el inglés. El derecho de cada miembro a leer y redactar documentos parlamentarios, seguir los debates y hablar en su propia lengua se reconoce expresamente en el Reglamento del Parlamento”.
España ya hizo un primer movimiento en este sentido en 2004. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pidió a la Unión Europea que se reconocieran como idiomas cooficiales el catalán, el valenciano, el vasco y el gallego. La UE respondió que para eso era necesario modificar los tratados –como ha planteado ahora Exteriores–, pero admitió su uso en reuniones de representantes políticos y en los escritos de los ciudadanos a las instituciones comunitarias.
El acuerdo alcanzado tras el desbloqueo de la negociación es más amplio. Según fuentes de Junts, entre esos acuerdos está el uso del catalán en el Congreso -al que se referiría explícitamente Francina Armengol en el discurso de hoy si es elegida-, la reapertura de la comisión de investigación sobre las llamadas 'cloacas del Estado' y la creación de una comisión de investigación sobre los atentados de Barcelona y Cambrils del 17-A.
La negociación no se ha acabado de cerrar hasta esta mañana, con contactos que se sucedieron hasta la madrugada de este miércoles y documentos cruzados entre los negociadores socialistas y Junts, además de ERC. Los republicanos han dado también luz verde al último documento, que contenía los mismos compromisos que con Junts. Los republicanos además han negociado un último punto, bajo el epígrafe de la “desjudicialización” del “conflicto político” en Catalunya por las “vías legales necesarias”, que ha acabado recibiendo el sí del PSOE. ERC entiende que esto es un compromiso de que la Mesa no bloqueará la tramitación de una ley de amnistía en caso de que se proponga.
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