Se trata de un trámite requerido por el propio TC en su resolución, que también instó a la publicación del edicto en el Butlletí Oficial del Parlament (BOPC), algo que ya se hizo el lunes.
El texto del TC recuerda a cargos públicos “el deber que tienen de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión” de la resolución; en concreto, lo recuerda a la Mesa del Parlament --incluida la presidenta y el secretario general de la cámara-- y a todos los miembros del Govern en funciones.