La fiscal Dolores Delgado (Madrid, 1962) lleva 25 años entre los muros de la Audiencia Nacional, un sitio privilegiado si se pregunta a los compañeros de carrera que se fajan en plazas menos vistosas. Pero Delgado, Lola para los compañeros, sabe perfectamente en qué condiciones trabajan. En los últimos meses ha recorrido las fiscalías de España como candidata al Consejo Fiscal por la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Se quedó a unos pocos votos de ser elegida, pero un nuevo recuento la situó en el órgano de representación de la carrera el pasado mes de abril. Los compañeros confiaron en ella.
Quien conoce la Audiencia Nacional sabe que la figura de la nueva ministra de Justicia es inseparable de la de Baltasar Garzón en el imaginario del tribunal especial. Ellos dos forman un grupo de amigos inseparables que completan los jueces de instrucción Fernando Andreu y Santiago Pedraz.
Hasta ahora, Dolores Delgado es conocida por ser la fiscal incisiva de los juicios por terrorismo en la Audiencia Nacional. Fuera de la sala es conocida por su carácter afable y su facilidad para comunicar. Acaso eso fue lo que decidió al actual fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, para asignarla el trato con los medios desde el puesto de portavoz. Era una cuestión de sintonía personal porque ambos pertenecen a opciones ideológicas distintas. La prueba no salió bien y Delgado fue sustituida al poco por Miguel Ángel Carballo, número dos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Además de acusar en los casos de la lacra terrorista, Dolores Delgado suma un episodio trascendental para aquellos que gustan de reconciliarse en ocasiones con la Justicia. Ella fue la cara de la Fiscalía en la vista de extradición de Hervé Falciani, el ingenierio informático que robó datos del HSBC y que ha facilitado que el Estado español recupere más de 300 millones de euros de defraudadores fiscales patrios. Dolores Delgado defendió que no había que entregarlo a Suiza. El tribunal le dio la razón.
Los mismos compañeros que la auparon al Consejo Fiscal hace unas semanas la reclamarán ahora mejoras para su carrera. Las pistas están en un documento conjunto que presentaron hace poco asociaciones de fiscales, junto a las de jueces, de exigencias al Ministerio de Justicia. El entorno de la nueva ministra asegura que hay cambios que, en dos años máximo de mandato, no se pueden ejecutar, pero que hay otras que necesitan solo de voluntad para que sean inmediatas.
Entre las medidas en las que todos están de acuerdo está la eliminación de los plazos para la instrucción, que provocó el consenso de todas las asociaciones y para la que el nuevo Gobierno tendría, incluso, el apoyo de Ciudadanos. Otra de ellas es la paralización inmediata de la justicia digital, el proyecto de 'papel cero' en los juzgados que ha provocado el caos en su intento de implantación. Otras reformas de leyes orgánicas, como la que provoca la politización del Poder Judicial quizá deba esperar. Depende de lo que dure su mandato.