El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha avalado el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado por 12 votos a favor y 7 en contra. Los siete vocales del Consejo que han votado en contra son Juan Manuel Fernández, Nuria Díaz Abad, José Antonio Ballesteros, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Noya y Gerardo Martínez Tristán. Todos ellos pertenecen al bloque conservador, esto es, elegidos vocales del CGPJ a propuesta del Partido Popular.
De éstos, Nuria Díaz ha anunciado durante el encuentro la formulación de un voto particular discrepante, al que se han adherido el resto de los vocales que han votado en el mismo sentido que ella. En el escrito para explicar su voto negativo afirman que Dolores Delgado no es idónea para el cargo por haber sido ministra de Justicia en el anterior Gobierno y diputada electa por el PSOE en las últimas elecciones. Sin embargo, la “idoneidad” de Delgado no era objeto de la votación porque el presidente, Carlos Lesmes, les había entregado un escrito sobre el que pronunciarse que les obligaba a pronunciarse únicamente sobre si Delgado reúne los requisitos legales para el cargo. En resumen, han votado en contra de la próxima fiscal general por una cuestión que no era objeto de la consulta.
En el voto particular, los siete vocales, todos a propuesta del PP, expresan su convencimiento de que la candidata propuesta por el Gobierno no es idónea porque “las circunstancias que concurren en ella crean una apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo que no contribuye a la percepción de la independencia de la Fiscalía”. Los siete vocales han tardado menos de una hora y media en presentar su voto particular, de cinco folios, desde que ha acabado la reunión.
El hecho de que Delgado proceda del anterior Consejo de Ministros y resultara elegida diputada por el partido en el Gobierno “supone un serio impedimento para garantizar a la ciudadanía la imagen de autonomía e imparcialidad que ha de exigirse al fiscal general del Estado”, aseguran en su escrito los siete vocales. “Las funciones constitucionales que debe cumplir como fiscal general del Estado están expuestas al riesgo de que el Poder Ejecutivo influya en sus decisiones”, añaden.
Del bloque conservador que es mayoría en el CGPJ hay que excluir del voto negativo contra Delgado al presidente Carlos Lesmes y los vocales Fernández Valverde y María Ángeles Carmona, así como a otros dos que no han acudido al pleno, Vicente Guilarte y Wenceslao Olea. El órgano de gobierno de los jueces, de actual mayoría conservadora, está en funciones y pendiente de renovación desde hace más de un año.
Los vocales progresistas (siete a propuesta del PSOE y una por IU) y el que fue propuesto por el PNV, Enrique Lucas, han votado también a favor del nombramiento de Delgado. Pero de entre estos 12 votos hay tres que suscribirán un voto particular concurrente, esto es, apoyan la legalidad del nombramiento pero haciendo observaciones. Se trata de Concepción Sáez, la vocal de IU, y Rafael Fernández Valverde, que firmarán el voto. A él se adherirá la conservadora Ángeles Carmona. Fuentes presentes en la reunión aseguran que ha sido muy bronca.
El texto votado se limita a subrayar que, a la vista de la documentación recibida, “cabe concluir que se cumplen en la candidata referida los requisitos exigidos por la legislación”. Estos requisitos, tasados por el Estatuto del Ministerio Fiscal, son ser un jurista español de reconocido prestigio y acumular más de quince años de ejercicio profesional. El CGPJ, de actual mayoría conservadora y que está en funciones y pendiente de renovación desde hace más de un año, solo ha votado el texto presentado por Lesmes, ninguno adicional.
A diferencia de en el texto votado este jueves, en las propuestas para la elección de los otros cuatro fiscales formuladas en los últimos años por el actual presidente del órgano de gobierno de los jueces sí se incluía un párrafo en el que recalcaba los méritos y requisitos acreditados “determinan la afirmación de su idoneidad para la obtención del nombramiento”.
Fuentes próximas a Lesmes han explicado que el presidente eliminó este párrafo “en aras a favorecer la mayor unanimidad posible” dado el debate suscitado respecto a la propuesta de nombramiento de Delgado, que no se había suscitado con otros fiscales generales del Estado. Estas mismas fuentes añaden que, consciente de la “polémica” suscitada, Lesmes decidió “suprimir una parte del texto, el que alude a la idoneidad, porque lo que siempre se ha evaluado en el CGPJ es si el candidato reúne los trámites” y que, en consecuencia, la alusión a la citada idoneidad era “prescindible”.