Bangkok, 5 oct (EFE).- El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, afirmó que cuando se retire de la política el próximo año se preparará para su defensa ante la Corte Penal Internacional (CPI), que ha abierto una investigación sobre supuestos crímenes de lesa humanidad durante su controvertida guerra contra las drogas.
“Me prepararé para mi defensa ante la CPI”, declaró el presidente en un discurso difundido en diferido durante la noche del lunes, dos días después de anunciar que se retirará de la política al concluir su mandato en junio del próximo año.
En sus primeros comentarios sobre la cuestión desde que la CPI confirmó el pasado 15 de septiembre que llevaría a cabo la investigación, Duterte advirtió a los investigadores de que se ciñan a los hechos “porque existen registros”.
“No les estoy amenazando, simplemente no me hagan trampa con las pruebas”, recalcó el presidente, que en otras ocasiones se ha mostrado desafiante ante los magistrados y ha afirmado que matará a los que destrozan a la juventud de su país con las drogas.
Su abogado, Salvador Panelo, afirmó al día siguiente de confirmarse la investigación que el Gobierno no cooperará y vetará la entrada de los investigadores en el territorio porque considera que el tribunal “no tiene jurisdicción en el país” después de que Filipinas saliera del organismo en marzo de 2019.
El Gobierno filipino, que hasta ahora había negado los hechos, admitió ayer tras concluir su investigación inicial que 154 agentes de Policía pueden haber presentado conductas criminales durante la guerra contra las drogas.
Según los magistrados de la CPI, hay indicios de que en Filipinas se han cometido crímenes de lesa humanidad y que “los posibles casos derivados de dicha investigación parecen ser de competencia de la corte”.
En la decisión escrita de los jueces, de 41 páginas, se describen redadas policiales con numerosas víctimas mortales que formarían parte de “una política de Estado”, pues “hay un vínculo claro entre los asesinatos y la campaña contra las drogas del Gobierno”.
La Policía filipina reconoce que ha matado a más de 6.100 sospechosos en redadas contra el narcotráfico, pero los grupos defensores de los derechos humanos hablan de entre 27.000 y 30.000 muertos, en su mayoría víctimas de supuestas ejecuciones extrajudiciales. EFE