Esta semana, Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a hablar de economía. Lo que antes era habitual, casi rutinario, se había convertido en una rareza en las últimas semanas. Ocurrió cuando la curva de la inflación comenzó a desplazarse hacia abajo. La tendencia hizo que España pasara a ser uno de los países de Europa con los precios más bajos, lo que sucedió cuando empezó a funcionar el tope de los precios de la luz, una decisión del Gobierno que el PP dijo que estaba condenada al fracaso. Isabel Díaz Ayuso llegó a afirmar que la medida había provocado un aumento de los precios. A veces, la realidad conspira contra algunos partidos.
Este viernes, el líder del PP recuperó el discurso catastrofista, según el cual España está “al borde del precipicio”, juntando tanto las circunstancias políticas como las económicas. Volvió a incidir en el crecimiento de la deuda, aunque en la medida estándar que se utiliza para calibrar su gravedad, el porcentaje de deuda sobre el PIB, el dato ha descendido en los últimos años. No podía hablar de inflación en términos sombríos, así que se centró en la cesta de la compra, de la que dijo que está entre “las más caras” de Europa con un incremento del 15%.
No es cierto que el precio de los alimentos en España esté entre los más altos de la UE. Bulgaria, Chequia, Croacia, Alemania, Dinamarca, Suecia y Hungría cuentan con precios superiores, según los datos de Eurostat. La diferencia con las tres repúblicas bálticas, los países con la inflación más alta, es aún mayor. El incremento en España está cerca de la media de la UE.
Pasar de hablar de inflación a hacerlo sobre la cesta de la compra es una táctica hábil. El incremento de los precios de los alimentos es un hecho indudable. No se puede reprochar a los ciudadanos que se fijen en lo que les cuesta pagar la comida y que no tengan un especial interés en las estadísticas de Eurostat. Lo que les duele es lo que pagan ellos, no lo que se paga en otros países. Pero un político debería ser capaz de ajustar sus declaraciones públicas a los hechos. Es decir, no mentir.
De lo que no habló Feijóo es de los beneficios de las empresas. Han crecido siete veces más que los salarios, según datos del Banco de España. Han trasladado el aumento de la inflación que repercute en sus costes a los precios. En 2021 recuperaron todo lo perdido en el año anterior. Este año, han incrementado los beneficios en un 21%. El gasto en personal por cada trabajador se ha elevado sólo un 3%.
Un dato obvio que conviene destacar. No es sólo que hayan aumentado sus ingresos a cuenta de la inflación. Han subido sus beneficios, con lo que cuentan con un amplio margen para aceptar aumentos salariales.
A pesar de toda la incertidumbre y de que 2023 será un año de menor crecimiento que el anterior, las empresas que ganan tanto dinero no están pensando en empezar a despedir gente.
El dato de paro registrado fue bueno en noviembre en un mes que suele ser malo para el empleo. Ofreció otro mínimo en el porcentaje de trabajo temporal. En previsión de que eso pudiera ocurrir, el Partido Popular ha preparado una campaña para volver a cuestionar los datos oficiales de desempleo. Como no puede pintar la realidad de forma más negativa, ha apostado por acusar al Gobierno de manipular esos datos. Habla de “maquillaje” y “doble contabilidad”. Necesitaba algo que sonara a corrupción.
Su objetivo es una vez más los fijos discontinuos, un concepto que no inventó la reforma laboral del Ministerio de Trabajo. Ahora no es una descalificación general, sino que concretan que no constan como parados cuando están inactivos. El Gobierno sostiene que su medición no ha cambiado desde los tiempos del Gobierno de Rajoy. En realidad, desde mucho antes.
El viernes dio lugar a una de esas estampas incoherentes que caracterizan al PP cuando habla de economía. Díaz Ayuso aprovechó los datos conocidos del paro para presumir de que Madrid es la comunidad donde más empleo se ha creado. Sí, esos mismos datos que son más falsos que un duro de madera, según su partido. A partir de esas cifras, el PP está en condiciones de defender que representan un milagro en Madrid y una estafa en el resto de España.
La economía española siempre ha tenido una gran capacidad de destruir empleo durante las crisis económicas y de crearlo a gran velocidad cuando llegan mejores tiempos. Ambas oscilaciones, muchas veces muy drásticas, han llegado a sorprender a los observadores europeos. El estatus de los fijos discontinuos ha ayudado a cambiar esas tendencias y ha ofrecido mayor seguridad laboral a trabajadores habituados a enlazar contratos temporales sin ninguna garantía de estabilidad.
El PP pretende que los fijos discontinuos sean contabilizados como parados en los meses en que no tengan ninguna actividad laboral. Eso es algo que no se hacía en los años en que gobernaba el PP.
Por sí solo, el paro registrado es un medidor insuficiente para apreciar el impacto social del desempleo. La Encuesta de Población Activa (EPA) da una imagen más real, como también el número de afiliados a la Seguridad Social. En lo peor de la crisis económica de hace diez años, la diferencia entre el dato del SEPE y de la EPA era muy pronunciada y se ha reducido al mínimo desde principios de 2020.
Con independencia de los datos de paro registrado, la afiliación a la Seguridad Social continúa manteniéndose en un nivel muy alto, por encima de los veinte millones, que era precisamente el gran objetivo de Rajoy cuando presidía el Gobierno. Nunca lo consiguió.
Esta semana, Díaz Ayuso ofreció otra de sus previsiones demoníacas sobre el futuro que espera a España. Lleva haciéndolo desde que llegó al Gobierno madrileño sin que sus dotes de adivinación se terminen de cumplir. “El PSOE ha decidido destrozar la democracia y vamos camino de una dictadura sometidos por un tirano que pone en peligro el Estado de derecho”, dijo este miércoles.
Feijóo sabe que estos augurios dantescos no le darán la victoria en unas elecciones generales. Sólo sirven para provocar taquicardias entre sus propios votantes y un aumento del consumo de antidepresivos. La economía será el factor más importante de los que dilucidarán los comicios.
Si la inflación continúa bajando, y eso frena el aumento de los tipos de interés, y el número de trabajadores afiliados a la Seguridad se mantiene en torno a los veinte millones, el líder del PP tendrá serias dificultades para dar la voz de alarma de forma convincente en una campaña electoral. Y si España esquiva la recesión en 2023, algo que no estaba tan claro hace unos meses, pero que ahora parece factible, será incluso peor para él.