Un pin que no es un pin para una objeción de conciencia escolar que no es legal

Los grandes debates ideológicos son más fáciles de afrontar cuando son secuelas de películas anteriores. Los argumentos se repiten –con leves cambios para adaptarlos al nuevo tema–, lo que es una ventaja para los políticos que se mueven a gusto con los eslóganes más básicos. Todo es muy sencillo también para los medios de comunicación, que pueden reciclar argumentos de años anteriores, además de dedicarse sin complejos al periodismo de declaraciones. Todo el mundo tiene una opinión y, si no tiene ganas de ofrecerla, ya nos ocuparemos nosotros de arrancarla.

La secuela actual tiene que ver con el (mal) llamado pin parental. La obra original estuvo dedicada a la asignatura Educación para la Ciudadanía. Una novedad importante: ahora aparece como actor principal la extrema derecha, ausente en la época de la asignatura que puso en marcha el Gobierno de Zapatero y que luego eliminó el de Rajoy.

Vox ha conseguido colar otro de los temas fundamentales de su permanente guerra identitaria, el que tiene en el punto de mira a las reivindicaciones feministas y los derechos de la comunidad LGTBI, eso que denomina “ideología de género” para darle un barniz siniestro.

Lo llaman pin parental, pero es en realidad un veto educativo o escolar con el que los padres podrían impedir que sus hijos reciban formación, cursos o actividades sobre asuntos como la educación sexual o la lucha contra la homofobia.

“Es un instrumento para dar a los padres libertad para elegir qué quieren hacer con sus hijos”, dijo Iván Espinosa de los Monteros, sobre todo si quieren “adoctrinarlos”.

La elección del término no es inocente. En realidad, no es más que una forma de objeción de conciencia por razones ideológicas. Lo malo para la derecha y la ultraderecha es que deberían saber que eso no pasaría el corte en los tribunales. En una sentencia de 11 de febrero de 2009 el Tribunal Supremo afirmó que no existe un derecho constitucional general a la objeción de conciencia, y tampoco en el ámbito educativo. Eso “equivaldría en la práctica a que la eficacia de las normas jurídicas dependiera de su conformidad con cada conciencia individual, lo que supondría socavar los fundamentos mismos del Estado democrático de Derecho”, dijo el Supremo en un caso relacionado con la Educación para la Ciudadanía.

La forma de ocultar ese veto ideológico es aplicarle el término 'pin'. Los padres bloquean con ese filtro protegido por una contraseña ciertos canales de televisión para que no los vean sus hijos y mantenerlos alejados de la violencia, las tetas, los culos y todas esas ideas que los rojos meten en la cabeza de los niños para convertirlos en marxistas leninistas antes de llegar a la pubertad.

Pero un sistema educativo no es como un servicio de televisión de pago. Lo que Vox está haciendo es exigir una educación a la carta en función de las ideas políticas de los padres.

Hay un truco en la polémica por la descripción del veto. El número dos del PP, García Egea, se refirió a “charlas extracurriculares” para defender el permiso preceptivo de los padres. El Gobierno está hablando de otra cosa. La ministra de Educación, Isabel Celaá, contó el viernes que se trata de actividades complementarias que son obligatorias al formar parte del currículum educativo. Los padres las deberían conocer: “Son actividades que aprueban el centro y los docentes en el consejo escolar (de los colegios), del que forman parte las familias”.

Marcando el paso al PP y Cs

Es el tipo perfecto de debate para un partido como Vox que no aspira ahora mismo a gobernar, sino a marcar el territorio en aquellas comunidades autónomas en que el PP y Ciudadanos necesitan su apoyo en el legislativo. Plantean a sus votantes que esa es la mejor forma de rentabilizar el voto, obligando a la derecha a asumir su discurso. Se presentan como principal dique de contención frente a la izquierda.

Al mismo tiempo, es un debate que la izquierda no puede ignorar y en el que no debería ser un problema para el PSOE y Podemos encontrar una posición común. Cómo se plantee esa batalla es otro asunto. Las ministras que defendieron el recurso del Gobierno contra las medidas pactadas por el PP y Vox en Murcia apelaron a los derechos del niño. “Son derechos fundamentales y constitucionales del menor que asisten a todas las personas desde su nacimiento. Lo contrario sería pensar que los menores, por serlo, no tienen derechos fundamentales”, explicó Celaá. Hasta ahí todo bien. Pero luego siguió y ofreció una baza que la derecha no tardó en aprovechar: “No podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres”, dijo la ministra.

Los hijos –como los seres humanos en general– no pueden ser propiedad de nadie. Pero al emplear Celaá el concepto de 'pertenecer' en el PP y Vox empezaron a relamerse. Si no pertenecen a los padres, ¿pertenecen al Estado? En otras palabras: “La tierra pertenece al viento y nuestros hijos a Sánchez”, dijo Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz parlamentaria del PP. “¿A quién pertenecen, Celaá? ¿Al Estado? ¿A Irene Montero? Sacad vuestras manos de nuestros hijos”, fue la respuesta de Vox en su cuenta de Twitter.

Unas horas después, Pablo Casado calcó esa última frase del tuit de Vox: “Saquen sus manos de nuestras familias”. En el tuit, también decía: “Mis hijos son míos y no del Estado”.

Es el Estado –ese ente demoníaco en las pesadillas de los diputados de PP y Vox– el que fija los programas y currículos escolares a través de leyes votadas en el Parlamento (del Estado), y normas aprobadas por el Gobierno (del Estado) y gestionadas por los gobiernos autonómicos (del Estado). Los padres intervienen a través de los consejos escolares.

El PP de Murcia sostiene que esta censura previa por los padres ya existe allí desde hace ocho meses y que ahora se formalizará con los decretos necesarios para cumplir las exigencias de Vox en la negociación de los presupuestos. Los dirigentes de Ciudadanos han dado opiniones diferentes sobre el tema, pero ahora parece que están en contra: “Lo más sensato sería paralizar esta orden hasta que se sepa si es legal, y parece ser que no lo es”. Hay una cierta indefinición legal si creemos al propio presidente de Murcia, Fernando López Miras. Comentó que se trata de una polémica “interesada y partidista”, pero admitió que no tiene claro “cuáles van a ser los trámites legislativos y administrativos”.

Será mejor que sus asesores jurídicos estén mejor informados porque van a tener que defender la medida en los tribunales.

El debate que no acaba nunca

Todas estas polémicas son tan viejas como la Constitución. El debate sobre educación fue de los más enconados en el proceso de negociación de la Carta Magna (ver 'La educación en la Constitución española de 1978. Debates parlamentarios', de Juan Carlos Hernández Beltrán, pdf). El artículo sobre la educación que aparecía en el anteproyecto aprobado por la ponencia fue el que más enmiendas recibió. Y las que llegaron de UCD y el PP reforzaban los derechos de los padres, no sólo sobre la enseñanza de religión. “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban el tipo de educación y la formación religiosa y moral que habrá de darse a sus hijos”, decía por ejemplo la enmienda del diputado de UCD Miguel Ortí Bordas.

El resultado que apareció finalmente en el punto tercero del artículo 27 no llegó tan lejos como quería la derecha, en especial AP: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

La Constitución no avala el derecho de veto de los padres sobre los contenidos del currículum educativo. La parte de “formación moral” podría ser interpretada de distintas maneras por un tribunal, pero no olvidemos que el Supremo no acepta la objeción de conciencia en este ámbito.

“Lucharé para que este Gobierno radical y sectario no imponga a los padres cómo tenemos que educar a nuestros niños”, dijo el líder del PP. En realidad, los gobiernos llevan haciendo eso desde hace mucho tiempo con todo tipo de leyes, incluidos los de su partido.

Casado puede estar tranquilo. Sus hijos siguen siendo suyos y no van a ser lobotomizados por Sánchez. Es sólo que lo tiene difícil para impedir que en el futuro les den una charla sobre derechos humanos o educación sexual.