Madrid, 30 sep (EFE).- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este miércoles destacados nombramientos, seis de ellos en el Supremo, y lo ha hecho mostrando su unidad frente a críticas y presiones para que no designara nuevos cargos mientras no se renueve la institución, en funciones desde hace casi dos años.
La mayoría del sector progresista ha decidido sumarse al consenso y sólo dos de los veintiún miembros del órgano de gobierno de los jueces -Álvaro Cuesta, vocal nombrado en 2013 a propuesta del PSOE, y Concepción Sáez, propuesta por IU- han votado en blanco en el pleno.
Han dado ese paso cuando desde Bruselas, en su primer informe sobre el Estado de derecho de los Veintisiete, la Comisión Europea advertía de que la falta de renovación del CGPJ es uno de los “desafíos” más importantes que afronta España.
El Gobierno de Pedro Sánchez apostaba por paralizar los nombramientos como medida de presión para que el PP se aviniera a negociar una nueva composición del CGPJ y desde Unidas Podemos se había llegado a acusar al presidente de ese órgano, Carlos Lesmes, de atentar contra la Constitución si seguía adelante con sus planes.
Pero las votaciones de este miércoles demuestran que Lesmes no está solo en su intención de que la institución siga trabajando con normalidad a la espera de que el PSOE y el PP se sienten a negociar su renovación.
Álvaro Cuesta, que fue diputado del PSOE entre 1982 y 2011, ha solicitado retirar del orden del día los nombramientos previstos y su petición ha sido respaldada por Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda, también del sector progresista, pero el pleno ha seguido adelante.
Con 19 votos a favor y dos en blanco ha elegido como nuevos miembros de la Sala de lo Penal del Supremo al magistrado de la Audiencia Nacional Ángel Hurtado; al presidente de la Sección de Apelación Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Javier Hernández; y al juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Leopoldo Puente, ha informado el CGPJ.
Con mayorías similares ha designado tres nuevos presidentes de sala del Supremo, cargo al que por primera vez en los más de doscientos años de la institución accede una mujer, María Luisa Segoviano.
Hurtado presidió el tribunal del caso Gürtel, se opuso a citar al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy como testigo y emitió un voto particular en el que rechazaba condenar al PP como partícipe a título lucrativo.
Se encuadra en el sector conservador de la judicatura, como el magistrado César Tolosa, nuevo presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, la encargada de estudiar los recursos contra los actos del Gobierno.
Pero cuatro de los seis nombramientos en el alto tribunal acordados hoy por el CGPJ se enmarcan en posiciones consideradas progresistas.
Fuera del Consejo han continuado las críticas al poder judicial, tanto desde Podemos como desde el independentismo catalán, y ha seguido la polémica por la ausencia del rey en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces celebrado el pasado viernes en Barcelona.
Entrevistada en Antena 3, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha arremetido contra Lesmes por haber comentado en aquel acto que le rey le había llamado para decirle que le habría gustado estar.
“Hay un pacto entre todos de que las llamadas privadas del rey no se explican, y cuando el señor Lesmes habla de esa llamada privada y lo cuenta públicamente, lo hace con una finalidad clarísima, que es criticar y poner en cuestión al Gobierno de la nación”, ha denunciado Robles, que fue magistrada del Supremo y vocal del CGPJ.
También pasó por el órgano de gobierno de los jueces el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien ha afirmado en el pleno del Congreso que la presencia del rey en actos institucionales es una “decisión colegiada” que se toma entre el Gobierno y la Casa Real, y ha insistido en que su ausencia en Barcelona buscó “la mejor convivencia de los ciudadanos”.
La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha acusado sin embargo al Gobierno de aprovechar la crisis sanitaria y económica para promover “una enorme crisis constitucional”, atacando las instituciones hasta llegar al rey, y Vox ha tachado la actuación del Ejecutivo de “acto rastrero y cobarde” de “sumisión a los golpistas”.
Campo, por su parte, ha acusado al PP de ser “constitucionalista a tiempo parcial” al no sentarse a negociar la renovación del CGPJ, que tiene en estos momentos una mayoría conservadora.
Y el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha cargado en concreto contra el nombramiento para el Supremo de Ángel Hurtado al considerarlo “un paso más” en la “degradación institucional” a la que “está sometiendo la derecha” a este órgano.
No es la primera vez que un CGPJ en funciones aprueba nombramientos, como recuerdan fuentes jurídicas.
El Consejo del que formó parte el actual ministro de Justicia estuvo casi dos años esperando ser renovado (de noviembre de 2006 a septiembre de 2008) y en ese periodo hizo un total de 32 nombramientos, once de ellos en el Supremo.
En su sesión de este miércoles, el pleno del CGPJ ha decidido retirar cuatro nombramientos que también tenía en agenda para alcanzar consensos lo más amplios posibles, según ha informado. Son las presidencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la Audiencia Provincial de Ourense, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga y la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.