El Tribunal Supremo ha acordado abrir causa al magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés al apreciar indicios de un delito de malos tratos en el ámbito familiar contra su mujer por el que fue detenido el pasado mes de agosto.
La Sala de lo Penal comparte el criterio de la Fiscalía y considera en un auto que hay “una base indiciaria suficiente para descartar cualquier decisión diferente” a la apertura de una causa.
Como hiciese la titular del juzgado de instrucción número 7 de Majadahonda (Madrid) al elevar la exposición razonada al Supremo, los magistrados creen que hay indicios de la comisión de un delito del artículo 153.1 del Código Penal.
Este tipo penal castiga con una pena de prisión de 6 meses a un año o de trabajos a la comunidad a quien “por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico” o una lesión, o “golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia”.
Una pena que se elevaría si el presunto delito tiene lugar en el domicilio común
El Supremo ha tomado esta decisión pese a las declaración que tanto Valdés como su cónyuge prestaron ante la jueza de guardia y en virtud de la versión de dos testigos y de uno de los agentes actuantes.
La Sala ha designado como instructor de la causa al magistrado Andrés Martínez Arrieta quien, “con libertad de criterio”, debe acordar “las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos” y resolver “conforme previene la Ley Procesal penal”.
Valdés, de 75 años, fue arrestado a mediados de agosto en su domicilio de Majadahonda y, tras declarar ante el juzgado, quedó en libertad al valorar la magistrada su estado de salud, su edad, la situación de alerta sanitaria por el coronavirus y también su condición de aforado ante el Supremo.
La magistrada, especializada en violencia sobre la mujer, elevó una exposición razonada al Supremo donde apreciaba la evental comisión del delito de “malos tratos en el ámbito familiar” por el que le investigará ahora el alto tribunal, un criterio que también asumió la Fiscalía.
Tras su arresto, el Tribunal Constitucional emitió un escueto comunicado para pedir que se respetara su presunción de inocencia.
Enmarcado en el sector progresista del tribunal, es uno de los cuatro magistrados cuyo puesto está pendiente de renovación tras concluir su mandato hace ocho meses.