El clima electoral allana los primeros acuerdos de la legislatura entre el Gobierno y el PP

La doble cita electoral en Galicia y Euskadi ha propiciado un clima de entendimiento que ha empujado al Gobierno a buscar los equilibrios necesarios para atraer al PP y a Ciudadanos al pacto por la reconstrucción social y económica, mientras trata de mantener los apoyos de la investidura.

El PSOE y Unidas Podemos apurarán las negociaciones en el Congreso para sumar el mayor número posible de grupos al pacto, que debe quedar cerrado este viernes. Por ahora los documentos presentados por los socios de coalición han salido adelante con distintas mayorías, siguiendo la “geometría variable” que procuran desde Moncloa, vista la delicada mayoría parlamentaria de la coalición. Por partes: el documento sobre la posición de España en la UE solo ha contado con el voto en contra del PNV mientras que Ciudadanos lo ha respaldado y PP, ERC, Junts y EH Bildu se han abstenido. El de política social, el partido de Inés Arrimadas y los conservadores lo rechazan en buena medida por la negativa a destinar fondos de reconstrucción a la escuela concertada que figura en el documento pactado por socialistas y grupo confederal.

Los socios de Gobierno marcaron unos plazos para los trabajos de la comisión parlamentaria con el objetivo de que no se extendieran más allá del periodo electoral en Galicia y Euskadi. Esa era, a juicio de los socialistas, la única opción de que el PP se desmarcara de la posición beligerante que ha mantenido hasta ahora, visto lo que se juega sobre todo en Galicia, donde Alberto Núñez Feijóo, ha adoptado en campaña un perfil pactista para atraer al votante moderado.

El presagio de los miembros del Gobierno se cumplía a principios de semana, la primera de las campañas vasca y gallega. Tras meses lanzando durísimas críticas al Ejecutivo por su gestión de la pandemia, acusándole de “mentir” y reprochándole el número de fallecidos, el líder del PP decidió el fin de semana cambiar de estrategia y rebajar el tono contra Sánchez. Casado ya no recurre a las víctimas del coronavirus en sus discursos para atacar al Gobierno, a pesar de que la semana pasada constituyeron el principal eje de sus mensajes , lo que llevó al propio Sánchez y a la vicepresidenta Carmen Calvo a acusar al PP durante el Pleno del Congreso del miércoles de “utilizar a los muertos” para desgastar al Gabinete.

La dirección del PP llevaba más de un mes pidiendo por escrito a sus cargos que reprocharan al Ejecutivo esa cifra de fallecidos, según los argumentarios a los que tuvo acceso a eldiario.es. También se les pidió que los utilizaran cuando ya había dado el pistoletazo de salida la precampaña, a pesar de que el pasado jueves hubo un primer cambio por parte de la dirección del PP, que unas horas después de lanzar duras acusaciones contra Sánchez en el Congreso apoyó el decreto de nueva normalidad tras negociar con PSOE y Unidas Podemos.

Desde el domingo, el viraje de los discursos de Casado, que ha participado en cinco actos de campaña, es evidente. Al líder del PP no le interesa llegar a las urnas en el papel de agitador de la crispación que había representado en las últimas semanas.

Esa actitud del líder del PP había permitido hasta ahora al presidente de la Xunta de Galicia y candidato a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, erigirse en la principal cabeza visible del sector moderado del partido, más proclive a los acuerdos con el Gobierno y con un discurso menos bronco, al menos en las formas durante las últimas semanas, que el defendido por Casado y por dirigentes de su entorno, como la portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo. Feijóo siempre ha tratado de mantener una voz propia, al margen de la de Casado, precisamente con la vista puesta en las elecciones del 12 de julio –en cuya campaña el logo del PP está prácticamente escondido–. Para seguir gobernando trata de ensanchar su electorado más allá de los votantes conservadores. Las encuestas apuntan a que el dirigente gallego acaricia su cuarta mayoría absoluta consecutiva, si bien todo depende de la participación, incierta en un contexto como el actual.

Desde el domingo el líder nacional del PP ha centrado sus discursos en la economía, una de las tradicionales bazas electorales de la derecha, y ha recalcado su voluntad de acuerdo con el mismo Gobierno al que hasta hace apenas unos días acusaba de haber provocado miles de muertos. Al frente del equipo negociador de su partido situó, además, a la expresidenta del Congreso y exministra Ana Pastor, de un perfil moderado, y persona de la máxima confianza de Mariano Rajoy. Y este martes era Casado el que anunciaba que su partido y el Ejecutivo estaban ultimando un pacto en materia sanitaria dentro de la Comisión para la Reconstrucción que debe presentar sus conclusiones antes del próximo viernes.

El PSOE siempre ha dado por hecho que los populares no podían quedarse al margen de las conclusiones de la comisión de reconstrucción, cuyo formato impusieron ellos antes de que echase a andar, y que tendrían que marcar distancias con Vox si querían parecer una alternativa de gobierno.

En un acto en Vitoria, el líder del PP reconocía que “la línea de trabajo más avanzada” dentro de las negociaciones que mantiene su grupo con el Gobierno “es la de Sanidad” y confiaba por ello en que el diálogo –que se ha trasladado a prácticamente reuniones diarias entre los equipos negociadores del PP y el Gobierno– “vaya por buen camino”.

Casado también se mostraba dispuesto a intentar “remar a favor” junto al Gobierno en materia europea, otra de las patas de la Comisión de la Reconstrucción, apenas unos días después de que el PP llevara a las instituciones europeas su plan de ataque al Ejecutivo. En el marco de esa estrategia que ahora Génova pretende reconducir, la portavoz de los populares españoles en la UE, Dolors Montserrat, llegó a enviar un documento al comisario de Justicia, el belga Didier Reynders, en el que cuestionaba el Estado de derecho en España y acusaba al Gobierno de querer “encubrir cifras que colocan a España entre los países con el mayor número de muertes en términos relativos”.

Los socialistas ven factible alcanzar un acuerdo también en el apartado de posición en la UE. A pesar de que el PP ha sido muy crítico en Bruselas con la coalición de Sánchez, ha apoyado a Nadia Calviño como candidata a presidir el Eurogrupo. Por ahora sigue la negociación. “Esta es una primera aproximación”, señalaba el número dos del grupo socialista, Rafael Simancas. El PSOE confía en poder llegar a más acuerdos en las próximas horas, antes de que se vote el dictamen final de las conclusiones de la reconstrucción en la comisión, a pesar de que la aprobación está garantizada tras el abandono de Vox, que contará como una abstención.

Las advertencias de los socios de la investidura

Con todo, el Gobierno espera que el nuevo tono de Casado no responda exclusivamente a la táctica electoral, tal y como señaló la portavoz, María Jesús Montero, la semana pasada.

Desde hace semanas, los partidos del Gobierno de coalición hacen equilibrios en el Congreso para intentar atraer a PP y Ciudadanos al acuerdo entre advertencias de los aliados de la investidura, que piden al Ejecutivo “elegir” entre dos bandos que plantean conclusiones a veces opuestas. El reto de la coalición es alcanzar un consenso mínimo que no eche por tierra el gran proyecto de unos nuevos 'pactos de la Moncloa' que planteó Pedro Sánchez en los momentos más críticos de la pandemia.

Este miércoles se reunieron los cuatro grupos de trabajo en los que se dividió la comisión parlamentaria de reconstrucción para debatir las enmiendas presentadas al documento base propuesto por el PSOE y Unidas Podemos. El primer aviso llegó en la primera de las reuniones. El diputado de ERC-Sobiranistes Joan Josep Nuet advertía al Gobierno sobre sus intenciones de acordar con el PP una posición para Europa sobre la base del pacto de estabilidad que encorseta el aumento del gasto público que, según ha dicho, han publicado algunos medios.

“Si este pacto anunciado se cumple, los Presupuestos sociales que aborden la reconstrucción no serán posibles. O los tendrá que pactar con el PP”, sentenciaba. Los republicanos catalanes también han señalado en los últimos días que el acercamiento del Gobierno a Ciudadanos pone en riesgo su apoyo. “El autoconsiderado Gobierno más progresista de la historia quizás pronto tendremos que decirle el Gobierno más decepcionante”, advertía este miércoles la portavoz de ERC, Marta Vilalta.

La respuesta por parte del PP llegaba en la misma comisión, donde el portavoz del partido de Casado negaba, por un lado, que se hubiera alcanzado ya ningún acuerdo con el Gobierno, mientras defendía que el pacto de estabilidad es una norma europea que no se puede modificar en el marco de una comisión parlamentaria del Congreso en España.

Minutos más tarde se sumaba al debate Pablo Echenique. El portavoz de Unidas Podemos defendía el posible acuerdo con los conservadores para lograr una posición común en Bruselas que facilitara un acuerdo comunitario en la negociación de los fondos que tienen que llegar, precisamente, para financiar la reconstrucción. “Si hay acuerdo amplio en el grupo de la UE facilitará que lleguen los fondos finalistas, y eso nos permitirá unos Presupuestos progresistas, que fortalezcan la sanidad pública, la educación pública, el sistema de cuidados, y que permitan poner en marcha una transición energética o una política industrial valiente”, decía Echenique, quien insistía: “Cuanto más amplio sea el consenso en el grupo de la UE, más opciones tendrá el Gobierno de presentar unos Presupuestos progresistas y que defiendan los servicios públicos en España”.

Tras ERC, que con 13 diputados puede ser decisivo en la negociación presupuestaria, también el PNV ha lanzado una advertencia en forma de sendos votos en contra a las conclusiones de los cuatro grupos de trabajo. Los nacionalistas vascos lamentan la “vaguedad” de las propuestas y el espíritu “recentralizador” que aprecia en ellas, informa Europa Press, aunque dejan la puerta abierta a cambiar el sentido del voto este viernes, cuando se valorará el conjunto de los documentos.

El PNV es otro de los aliados habituales del Gobierno de coalición y, aunque menos beligerante a la hora de poner en duda sus apoyos asimétricos, también ha mostrado sus reticencias a los posibles apoyos que Pedro Sánchez puede buscar en el arco derecho del Parlamento. Con todo, en 2018 el PNV apoyó los Presupuestos que el PP pactó con el partido que dirigía por entonces Albert Rivera y que siguen aún vigentes.

La sorpresa se produjo a última hora, cuando los socialistas votaban a favor de una enmienda de EH Bildu que planteaba derogar la reforma laboral de Mariano Rajoy tal y como figura en los acuerdos de gobierno suscritos por Sánchez. La formación de la izquierda abertzale celebraba que así se cumpliera con el pacto suscrito en el marco de la negociación de la quinta prórroga del estado de alarma. Sin embargo, una hora más tarde el PSOE ha pedido repetir la votación, para lo que ha contado con el apoyo del PP. En esa segunda ocasión ha rechazado esa iniciativa.

El documento marco que pactaron PSOE y Unidas Podemos a dejaba fuera la derogación de la reforma laboral. El argumento de los socialistas es que la la comisión no está negociando ni los presupuestos ni un acuerdo de gobierno sino la reconstrucción tras la pandemia. “Estamos hablando de las bases de reconstrucción de este país. Tienen que ser necesariamente muy amplias, genéricas y transversales, susceptibles de amplios consensos”, explicó el dirigente socialista Rafael Simancas este miércoles por la mañana. Tampoco salieron adelante otras enmiendas presentadas por los aliados de la investidura, como la referida al impuesto de las grandes fortunas, que también quedó fuera de la propuesta de los miembros de la coalición para tratar de ampliar los apoyos de las conclusiones. En este caso, Unidas Podemos se ha desmarcado de su socio y ha votado a favor.

“Después de que PSOE, UP y PNV no hayan apoyado garantizar pensiones mínimas de 1.080 euros, aplicar una moratoria a las grandes infraestructuras ni crear un impuesto a la banca, esperamos que rectifiquen su postura antes de la votación definitiva del viernes”, señalaban desde la formación independentista.

En el PSOE no esconden su pretensión de ampliar el apoyo parlamentario al Gobierno. Pero tampoco apuestan por un cambio radical de socios en el Congreso. No solo porque su socio de Gobierno, Unidas Podemos, ha mostrado en muchas ocasiones sus reticencias a negociar con Ciudadanos ante el temor de que las políticas sociales y fiscales se vean limitadas. Tanto Pablo Iglesias como el resto de dirigentes de Unidas Podemos han planteado que se puede abrir la negociación, pero siempre con el acuerdo de Gobierno firmado con los socialistas como punto de partida.

A pesar de que el Gobierno ha dejado de señalar a los aliados de la investidura como socios preferentes para la aprobación de los presupuestos, los socialistas modulan los mensajes. En las filas del PSOE preocupa que el escenario preelectoral en Catalunya frustre sus planes iniciales, pero también temen que el viraje de Ciudadanos sea circunstancial. Simancas intentaba desligar los acuerdos de reconstrucción de la negociación presupuestaria y de la estabilidad de la legislatura. “No estamos hablando del acuerdo de Gobierno ni de los Presupuestos, que tienen otro recorrido. Estamos hablando de las bases de reconstrucción de este país”, apuntaba. Por eso, concluía, las conclusiones “tienen que ser necesariamente muy amplias, genéricas y transversales. Susceptibles de amplios consensos”.

Preguntado expresamente sobre si Ciudadanos es socio de Gobierno, Simancas negaba la idea: “No, ellos mismos han negado esa posibilidad”.

Unidas Podemos aprieta para ampliar el escudo social

El partido de Inés Arrimadas ha anunciado que, de momento, apoyará tres de los cuatro documentos planteados. El portavoz adjunto, Edmundo Bal, ha señalado que no votarán a favor del de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados ya que en materia de Educación, apunta a que el aumento en la inversión destinado a Educación vaya íntegro a “la educación pública de gestión directa”. Desde Ciudadanos han reclamado que la concertada también reciba fondos de la reconstrucción.

Tanto el PSOE como Unidas Podemos rechazan el argumento. Simancas sostuvo que el Congreso está debatiendo una reforma educativa amplia en la que se tratará a fondo el sistema español. Echenique, por su parte, aseguraba que “fortalecer la educación pública como eje vertebral” de la recuperación.

En el grupo confederal no están muy dispuestos a aceptar más rebajas en la ponencia que el viernes se aprobará en la comisión y, después, en el Pleno del Congreso. Unidas Podemos ya tuvo que tragar con que una de sus medidas estrella, el impuesto a las grandes fortunas, saltara del documento.

Los de Pablo Iglesias ya han advertido de que intentarán recuperar el nuevo tributo en la negociación de los Presupuestos. Pero, mientras tanto, la izquierda parlamentaria ha visto una brecha abierta en el socio minoritario del Gobierno. Tanto ERC como EH Bildu y Más País han mantenido esta figura entre sus conclusiones, mientras acusaban al Gobierno de perder la oportunidad de hacer un sistema fiscal más redistributivo.

La reacción en Unidas Podemos llegará en los próximos días en forma de ofensiva en el Gobierno para extender hasta 2021 los principales elementos del llamado “escudo social”, las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para paliar la crisis económica y sus consecuencias entre la población.

Algunas de estas medidas caducan a finales de julio y, como ha sucedido con los ERTE, la idea de Unidas Podemos es negociar su prórroga. La Vicepresidencia segunda que dirige Pablo Iglesias, apoyada evidentemente por el resto de los ministerios que gestiona Unidas Podemos, va a proponer en el seno del Gobierno una ampliación de las prórrogas obligatorias de los contratos de alquiler, de la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional y de los cortes de suministros (luz, gas, etcétera). Unas medidas que costó poner en marcha y que deberán volver a negociar.