Siete folios resucitan la duda de si el Gobierno ha vuelto a traspasar la línea de la legalidad con el argumento de defender la integridad de España. Esos siete folios se denominan cada uno “Punto de Situación”, un tipo de “información reservada”, según reconoce Exteriores, dedicados en este caso a trasladar información sobre la actuación de la Generalitat en el extranjero. Su contenido incluye información que un reducido grupo de personas se intercambió por correo electrónico, de acuerdo a la versión que han trasladado los afectados. Todos ellos ocupan distintos escalones del Gobierno independentista catalán.
eldiario.es reveló el pasado martes el contenido de esos “Puntos de Situación”. Antes contactó con el Ministerio de Asuntos Exteriores, que advirtió a este medio del carácter confidencial de esa información. Pese a ello, el abogado del Estado que representa al Ministerio lo había incluido en los anexos al escrito que pide al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que suspenda la actividad de las delegaciones de la Generalitat en Alemania, Reino Unido y Suiza por dedicarse a promocionar el procés y extralimitarse en sus competencias autonómicas.
Si tan reservada es esa información, ¿qué hace el Estado aportándola a un pleito de la vía contencioso-administrativo sobre el que no pesa ningún secreto? ¿Cometió alguien un error? El Ministerio de Exteriores respondió a la información de eldiario.es asegurando que es su misión “vigilar de cerca cualquier actividad que pretenda menoscabar la imagen de España”. El jueves, Borrell negó el espionaje porque no hay “embajadas” catalanas. Sin más explicación. Y la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, se limitó a reproducir ese mensaje el viernes tras el Consejo de Ministros, añadiendo que Exteriores le había trasladado que el Gobierno no ha hecho nada “censurable”. Desde Justicia se limitan a recordar que cada representante de la Abogacía del Estado responde ante el Ministerio al que está adscrito.
En la documentación de esos anexos, 218 folios en total, aparecen cables o “notas informativas” de los embajadores a Madrid dando cuenta de la actividad de esas embajadas. Se trata de información que nunca se hace pública y que incluye apreciaciones subjetivas de los diplomáticos. Por algún motivo, los responsables de Exteriores o el Abogado del Estado consideraron que era importante adjuntarla a su demanda. Eso ha permitido conocer el trabajo de la acción exterior del Gobierno español contra el proceso soberanista, o más bien contra la difusión del proceso soberanista en otros países, ante sus autoridades o en sus medios de comunicación.
Más allá de la reserva que merecen esas comunicaciones emerge otra cuestión, la información que contienen los cables Puntos de Situación. En este caso no se trata del informe sobre un acto de la exconsellera Clara Ponsatí en un teatro londinense, o la presentación de un libro sobre el procés en Berlín, o las consecuencias de la visita de Puigdemont a Westminster. Los Puntos de Situación contienen información privada, de Barcelona a las delegaciones, ida y vuelta.
¿Cómo supo el Gobierno español que Junqueras había dado instrucciones para que las delegaciones en el extranjero contactaran con las congregaciones eclesiásticas locales para sensibilizarlas con el proceso soberanista? ¿A través de qué mecanismo se supo que la conselleria de Acción Exterior había impartido instrucciones a su delegado en Londres para que se acercara a Amnistía Internacional o a la primera ministra escocesa?
En este último caso, su protagonista, Sergi Marcén, ha explicado a eldiario.es que esa información estaba en correos electrónicos, de los que no le cabe duda que han sido intervenidos, por lo que considera que sus derechos constitucionales han sido vulnerados. ¿Defiende Borrell con sus palabras que el Gobierno está legitimado a entrar sin previo aviso en las direcciones de correo de la Administración catalana (dominios .gencat) para incorporar la información a notas internas anónimas? Exteriores tampoco responde a esa pregunta.
Una intervención de las comunicaciones es una medida que afecta a los derechos fundamentales y, por tanto, debe ir avalada por un juez en el marco de una causa judicial, si quien solicita la intervención son los servicios de Información de Policía o Guardia Civil. O simplemente contar con la firma del magistrado del Tribunal Supremo que tiene adscrito el servicio de Inteligencia si el solicitante es el CNI. ¿A alguna de estas posibilidades se refiere Borrell cuando dice que el Gobierno no ha hecho nada “censurable”? Silencio de Exteriores por respuesta.
Quim Torra: “Las cloacas bajan llenas”
La Generalitat decidirá en los próximos días si emprende acciones judiciales al respecto. Su presidente, Quim Torra, no ha dudado en hablar de “espionaje” y de “escándalo democrático”. “No es que las cloacas bajen llenas, es que están colapsadas”, ha dicho. El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene una posición de cómodo silencio mientras ningún partido estatal le exige explicaciones, como ya le ocurriera al anterior Ejecutivo con las primeras informaciones de la Operación Catalunya a finales de 2014. Varios medios de comunicación han tratado el asunto como un nuevo choque entre el Gobierno central y la Generalitat mientras otros han preferido no descender al detalle de las notas confidenciales y han editorializado con que el Estado se limita a ejercer la legítima defensa de los intereses de España.
Según esto, esa legítima actuación incluye acceder, por los medios que sean, a información como la que recoge el siguiente cable: “Desde la Secretaría de Acción Exterior y de la UE (SAEUE) han remitido a Sergi Marcén, delegado de la Generalitat en Reino Unido e Irlanda, una serie de acciones a realizar, entre ellas: (…) Acercarse más a Nicola Sturgeon por su relevancia en la política del Reino Unido, así como proponer un acuerdo de colaboración o memorando de entendimiento entre los gobiernos catalán y escocés”.
O a esta otra: “Las delegaciones de la Generalitat en el exterior han recibido instrucciones de Oriol Junqueras para que realicen contactos con representantes de las congregaciones eclesiásticas en sus países correspondientes. El fin es obtener el apoyo de la Iglesia para mejorar la situación de los políticos presos catalanes. La delegada en Alemania, Marie Kapretz, ha solicitado apoyo a Joan Capdevila y a la Abadía de Montserrat para localizar contactos eclesiásticos en ese país”. El primer cable está fechado el 18 de diciembre de 2018 a las ocho de la mañana. El segundo, a esa misma hora del 21 de diciembre. Ninguno lleva firma, ni sello, ni se cita la procedencia de la información.
Contenido distinto tienen las “notas informativas” que los embajadores en Suiza, Alemania y Reino Unido envían a Madrid y que, según fuentes diplomáticas, son similares en fondo y forma a las que remiten otras delegaciones diplomáticas. Sin embargo, su contenido incluye algunos apartados que prometen un conflicto diplomático con representantes políticos de otros países. El diputado de Plaid Cymru, partido nacionalista galés, Hywel Williams ha denunciado ya ante la Cámara de los Comunes que el Estado español le ha sometido a una “vigilancia encubierta”. Williams aparece mencionado varias veces en los cables españolas por sus encuentros con representantes de la Generalitat o su asistencia a manifestaciones a favor del procés.
Por otra parte, el embajador español en Alemania, Ricardo Martínez Blázquez, califica al líder de Die Linke en el Bundestag, Andrej Hunko, de “activista radical” en un correo electrónico que la Abogacía del Estado no ha tenido problema en adjuntar íntegro a la causa del TSJC.“El lunes prepararemos munición verbal y escrita para todos los grupos parlamentarios y cerraré mi ronda de contactos con portavoces y representantes de todos los grupos, para evaluar la situación y frenar la moción en la medida de lo posible. En su día, en el Parlamento escocés frenamos media docena”, escribe Martínez Blázquez.
En las “notas internas” de los embajadores también aparece el diplomático en Reino Unido, Carlos Bastarreche, asegurando que la “hiperbolización es ya característica del secesionismo”, y la embajadora en Suiza, Aurora Díaz-Rato, proponiendo una “antena” fija del CNI en el país helvético. Bastarreche arremete contra el popular speaker de la Cámara de los Comunes, el vehemente John Bercow, por ser “parcial” en la cuestión catalana. El president Torra ya ha remitido una carta a gobiernos europeos y eurodiputados en la que asegura que el Ejecutivo español busca “sofocar la disidencia política”.