La Fiscalía Anticorrupción pide penas de hasta 29 años de cárcel por varios delitos de corrupción a ocho personas por la venta de armamento a Arabia Saudí a través de la empresa pública española Defex, ya disuelta. En su escrito de conclusiones, el fiscal Conrado Saiz describe cómo la comercial pagó entre 2005 y 2014 mordidas a cargos y autoridades de la dictadura árabe a cambio de la materialización de los contratos y el reparto de comisiones.
El Ministerio Público formula su escrito de acusación en el marco de una de las piezas separadas del caso Defex, correspondiente a once contratos de venta de armamento a Arabia Saudí en el periodo indicado. Acusa al que fuera presidente de la compañía pública hasta 2013, José Ignacio Encinas Charro, de pertenencia a organización criminal, malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales y corrupción en las transacciones internacionales. Junto a Encinas Charro se sentarán en el banquillo otras siete personas físicas y cuatro jurídicas, entre éstas últimas la propia Defex.
La Fiscalía describe cómo Defex vendía material militar a Arabia Saudí desde 1990, pero centra la investigación en el periodo no prescrito, entre 2005 y 2014. Asegura el Ministerio Público que para obtener los contratos a través de mordidas, los acusados se aprovecharon de “la absoluta falta de mecanismos y procedimientos de prevención de delito que tenía la empresa pública Defex”.
El contacto de Defex en Arabia Saudí era Álvaro Cervera Pérez desde 1991, quien como agente comercial pagaba las comisiones a las autoridades del país, afirma Anticorrupción. En esas tareas también participaron Carlos Que Blandigneres y Paula Alexandra de Oliveira Silva. Su contacto era el príncipe Jalid Bin Saad Al Saud, pariente del sultán Bin Abdul Aziz Al Saud, ministro cuando ocurrieron los hechos de Defensa y Aviación e Inspector General de Arabia Saudí cuando se firmaron los contratos investigados, conseguidos todos ellos sin licitación.
La red corrupta había creado varias empresas pantallas que carecían de estructura alguna salvo la existencia de titulares de cuentas, la función de emitir facturas y recibir fondos de Defex para sus titulares y el pago de las mordidas. La forma en que se ocultaron esos fondos fue a través de contratos de prestación de servicios y de consultoría entre Defex y las empresas de los supuestos comerciales de la empresa pública. También se han encontrado comisiones al agregado militar de Arabia Saudí en España, Abdulá Al Shamuary.
Anticorrupción califica toda esta trama de corrupción como “una actividad regular e institucionalizada en la empresa pública Defex”. Del lado de ésta participaron, según la Fiscalía, su presidente, José Ignacio Encinas Charro, y otros responsables de la sociedad pública: Ángel María Laurmbe Burgui, Manuel Iglesias-Sarria, y en menor medida Fernando Aguilar Viyuela, quien fue presidente de la compañía entre 2013 y su disolución, en 2015. La Audiencia Nacional también investiga la actividad de Defex en Angola, Camerún, Egipto y Brasil en una pieza principal y en otras separadas.
El escrito de Anticorrupción recoge que el expresidente de Defex, Encinas Charro, ingresó en cuentas de Suiza y Mónaco 50.000 dólares y otros 50.000 euros, respectivamente, a través de sociedades instrumentales radicadas en las Islas Vírgenes Británicas
Defex nació en 1972 como una empresa semipública dedicada a la exportación de armas. En 1990 amplió su negocio a la comercialización de otras tecnologías y hasta su disolución definía su objeto social como “la promoción y exportación de bienes y servicios de empresas españolas”, aunque su principal vía de ingresos fue siempre la venta de armamento para lo que contaba con la ayuda de empresas privadas.
El 51% de Defex estaba en manos del Estado a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), y en su consejo de administración se sentaban el Ministerio de Defensa, de Hacienda, el de Exteriores, el de Economía. En esa mesa participaban también, con el 49% de la empresa, compañías privadas como Explosivos Alaveses, Maxamcorp o Instalaza, a la que estuvo vinculado el exministro de Defensa Pedro Morenés.
La investigación que provocó el cierre de Defex comenzó en 2008, cuando Luxemburgo se extrañó por una transferencia de 41 millones en una cuenta cuyos titulares eran la empresa pública española y la compañía Cueto 92. Las autoridades de ese país trasladaron la información bancaria a España en 2012 y la Fiscalía Anticorrupción inició una investigación que recayó más tarde en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
En las pesquisas se ha descubierto, por ejeplo, que el acuerdo para proveer armas a la policía angoleña ascendió a 153 millones de euros, pero, según la Audiencia Nacional, tan solo 50 fueron para pagar el material que se envió a Angola. “Las investigaciones realizadas hasta la fecha establecen un beneficio por partida de material de entre el 200% y el 300%”, afirmó en un auto el juez Pablo Ruz, primer instructor del caso.