La empresa que pagó comisiones al hermano de Ayuso vendió por 1,5 millones mascarillas que le costaron 500.000

La Comunidad de Madrid compró mascarillas al triple de su precio original a la empresa de la que cobraba el hermano de Isabel Díaz Ayuso. El decreto de la Fiscalía Anticorrupción que archiva la investigación sobre esta operación y el papel de Tomás Díaz Ayuso revela que la empresa Priviet Sportive, propiedad de un amigo de la infancia de la presidenta regional, pagó poco más de medio millón de euros por comprar y traer las mascarillas hasta Madrid. Sin embargo, la misma documentación demuestra que la venta a la administración madrileña se hizo a millón y medio de euros, el triple de lo que había costado el material. La Fiscalía ha optado porque no ha visto ningún indicio de delito ni en el precio de las mascarillas, ni en la tramitación del contrato ni tampoco en la actuación de la presidenta regional o su hermano, que cobró más de 234.000 euros por ayudar a plantear seis ofertas y tener éxito en una de ellas.

La Fiscalía explica que Priviet Sportive contó con los servicios de Tomás Díaz Ayuso por su conocimiento del mercado sanitario desde hace más de dos décadas y que eso les llevó hasta la sociedad coreana 'K Beauty&Media', empresa con la que Daniel Alcázar ya había tenido trato en el pasado. Esta empresa era la que les pasaba las ofertas que llegaban desde China y después de sopesar varias opciones compraron las mascarillas a 'Zhangjiagang Xiecheng Mechanical Equipment'.

La documentación de la causa revela que se elaboró una primera factura de 332.906,53 euros por mascarillas FFP2 y una segunda de 124.382,66 por el mismo material. Una tercera factura de casi 22.000 euros, según la Fiscalía, tiene que ver con mascarillas que “no se corresponden con las contratadas por la Comunidad de Madrid”. Todo este material, incluidas las mascarillas que no iban destinadas a la administración regional madrileña, se pagaron en dos transferencias el 2 de abril de 2020. Además, la empresa del amigo de los hermanos Ayuso pagó 76.871,13 euros más para traer todo ese material hasta Madrid y 6.501,24 euros a una segunda empresa para llevarlas hasta el pabellón 10 de IFEMA que, entonces, hacía las veces de almacén de material sanitario.

El resultado entre lo que pagaron por las mascarillas y lo que costó el transporte asciende a 540.661,356 euros. Un mes después de la llegada de las mascarillas a Madrid, Priviet Sportive recibía en su cuenta bancaria una transferencia de la Comunidad de Madrid con el concepto “suministro mat. sanitario 2020-a” y por la cantidad de 1.512.500 euros. Es decir, casi el triple de lo que había costado comprar y transportar las mascarillas desde China hasta la capital de España. Por esta entrega en concreto, Tomás Díaz Ayuso cobró más de 100.000 euros: un total de 59.203,52 euros como bonus por la adjudicación exitosa y 58.300 euros más por la presentación de las otras cinco ofertas entre las hechas de mascarillas y de otro material sanitario. El dinero restante para completar los 234.103,52 euros que cobró procede de otras ofertas elaboradas y presentadas pero sin éxito, según la Fiscalía.

La Fiscalía Anticorrupción centra buena parte de su análisis exculpatorio en rechazar cualquier tipo de trato de favor a la empresa de Alcázar, amigo de la infancia de la presidenta regional, y cualquier ilegalidad en la tramitación del proyecto o la ejecución en la entrega de las mascarillas. Pero también disculpa los precios y márgenes de beneficio aludiendo al contexto del mercado internacional de material sanitario: “Difícilmente puede hacerse abstracción de las circunstancias que concurrieron en esta y otras adquisiciones de material de protección”, explica la Fiscalía aludiendo al confinamiento de la población y las muertes diarias.

Para la Fiscalía existía una “apremiante y casi dramática necesidad de adquirir mascarillas” y los canales de abastecimiento de material estaban “colapsados”, lo que provocó “una perturbación significativa de la cadena de suministro”. Todo esto, según la Fiscalía, se tradujo en una “notable incertidumbre en relación con la negociación de los contratos y la fijación de los precios, las calidades de los productos, los plazos de entrega o, incluso, acerca de la propia certeza sobre el buen fin de las operaciones comerciales llevadas a cabo”. Dice todo esto la Fiscalía al comienzo de su escrito para evitar incurrir en un “indeseable sesgo retrospectivo que distorsionaría las conclusiones de la presente investigación” aunque recuerda que nada de eso ampara un posible delito.

El desembolso de más de medio millón de euros para comprar las mascarillas antes del pago de la Comunidad se efectuó, según la Fiscalía, por una empresa textil como Priviet Sportive sumida “en una complicada situación económica, con dificultades para dar continuidad a su negocio”.

El cuarto contrato más caro

La documentación de la Fiscalía Anticorrupción desvela que la compra de mascarillas a Priviet Sportive, con la que colaboró y de la que cobró Tomás Díaz Ayuso, fue de los peores negocios que hizo en esas fechas la Comunidad de Madrid. Un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) ha analizado y comparado los datos de la Plataforma de Contratación del Sector Público en el caso del Servicio Madrileño de Salud y sus compras de mascarillas FFP2 entre marzo y abril de 2020 por importe superior a 100.000 euros.

En total han examinado 37 contratos y el firmado con la empresa de su amigo de la infancia es el cuarto más caro en cuanto al precio de cada mascarilla. Según esta información, la media en estos contratos fue de 4 euros por cada mascarilla, mientras que el de la compra hecha a través de Priviet Sportive se fue hasta los 6 euros por cada mascarilla FFP2. La Fiscalía explica que fue el cuarto en el ránking de precios y sólo identifica uno más alto: los 6,50€/mascarilla en la compra realizada con Palex Medical.

La propia Fiscalía disculpa estas discrepancias y descarta que, como sí defiende en el caso de Medina y Luceño, existiera una estafa en el precio desmesurado del producto. “Da así la impresión de que el Servicio Madrileño de Salud intentó adquirir el mayor número de mascarillas posibles dentro de unos márgenes que comprendían un amplio rango de precios”, explica tras analizar las compras y ver que en un mismo día el SERMAS compraba mascarillas a precios muy dispares.

Allí donde el fiscal y el juez del caso mascarillas entienden que el sobreprecio de las mascarillas, guantes y test de Alberto Luceño y Luis Medina pueden constituir un delito de estafa, el fiscal jefe Anticorrupción destaca el contexto del caótico mercado internacional de ese momento para comprar material sanitario. “Es importante recordar que en esas fechas no existía un mercado que pudiera ofrecer información de precios de las mascarillas debido a la situación provocada por el COVID”, dice Anticorrupción. Y el SERMAS, como tantas otras instituciones públicas, se lanzó al mercado a ciegas: “Buscó urgentemente unos equipos de protección esenciales para combatir la pandemia en un mercado que a nivel global los demandaba en cantidades muy por encima de la capacidad de producción”.

Esto, dice la Fiscalía para descartar algún tipo de estafa, engaño o amaño en el contrato, llevó a estos precios en ocasiones desorbitados. “Determinó no solo unos precios muy elevados en relación con la etapa pre pandemia, sino también cerrados y muy dispares, pues dependían de circunstancias tan variables como la empresa fabricante, su localización, los gastos de transporte y el margen comercial aplicado por cada distribuidor, en cuyo cálculo resultaba relevante el riesgo asumido en relación con la incertidumbre que pesara sobre el buen fin de la operación”, explica Alejandro Luzón.