La empresa que vendió el ático a Ignacio González pide a la jueza que no la investigue
La jueza de Estepona Mariana Peregrina Blanco quiere saber quién se esconde tras la empresa Coast Investors LLC que el pasado 18 de diciembre vendió un ático de lujo en Marbella a Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, y a su mujer, María Lourdes Cavero Mestre, por 770.000 euros. Para ello, la jueza ha librado una comisión rogatoria al banco Lloyds TSB Bank PLC de Londres para que informe de las cuentas corrientes que la empresa tiene en esa entidad, identifique a sus titulares o autorizados, y concrete los movimientos contables de origen o destino a España, con indicación de las cuentas o destinatarios. También ha oficiado al Banco Popular, donde también posee cuenta Coast Investors, para que remita todas las operaciones realizadas por la empresa y Rudy Valner, su administrador general.
La reacción inmediata por parte de la compañía ha sido personarse en la causa el pasado lunes 18 y, simultáneamente, pedir el sobreseimiento y archivo de la misma al considerar que no hay ninguna irregularidad en la venta del ático. El escrito de la defensa dice que Coast adquirió el inmueble el 12 de mayo de 2008 por el precio de 750.000 euros, que fueron abonados mediante dos transferencias, y dio cuenta de la compra a la Dirección General de Comercio e Inversiones del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, como es preceptivo, y abonó 52.500 euros del impuesto de Transmisiones Patrimoniales.
El 25 de junio de 2008 la compañía presentó la escritura de compraventa ante el Registro de la Propiedad número 2 de Estepona para su inscripción, que no pudo llevarse a cabo porque no constaba el número de identificación fiscal (NIE) de Coast Investors. La inscripción formal se retrasó cuatro años, hasta el 28 de junio de 2012, y seis meses después, el 18 de diciembre, Coast Investors vendió el inmueble a Ignacio González, que hasta ese momento disponía de él en alquiler.
Rudy Valner, de nacionalidad mejicana aunque domiciliado en Los Ángeles y administrador general de Coast Investors, sociedad constituida en el paraíso fiscal de Delaware (Estados Unidos), dio poderes el pasado 7 de febrero en Beverly Hills (California) para que le representen en nuestro país a Rocío Barbadillo, Julio Cabellos, Victoria Domínguez, Emilio José Fernández, Carlos Fernández, Presentación Garijo, Silvia González, José Antonio López Guerrero, Luis Mayor, Patricia Marta Mérida, José María Murcia, Patricia Beatriz Salazar y Pilar Tato Velasco, la procuradora que ha solicitado la personación en la causa bajo la dirección letrada de José Manuel Hidalgo.
La investigación se inició en octubre del año pasado como consecuencia de una denuncia interpuesta por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que el 31 de mayo de 2012 puso en conocimiento de la fiscalía que el mencionado ático, valorado en un millón de euros según la demanda, no estaba escriturado y “podría tratarse de una adquisición en dinero ‘negro’ procedente de actividades delictivas’. Tras la denuncia, Coast Investors reconoció la propiedad del ático con su inscripción en el Registro Mercantil de Estepona y acto seguido la vendió al presidente de la Comunidad de Madrid.
