El empresario señalado por Bárcenas como donante de Aguirre niega haber financiado al PP de Madrid

Luis Gálvez, el empresario acusado por Luis Bárcenas de haber entregado un sobre con 60.000 euros para financiar la campaña de las autonómicas de 2007 de Esperanza Aguirre, ha negado este jueves ante el juez del caso Púnica haber entregado ese dinero ni ninguna otra cantidad al Partido Popular, ni a nivel autonómico ni estatal, según las fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es. El presidente de la constructora Ploder ha comparecido como imputado en la causa que investiga la supuesta caja B de la formación autonómica después de que el pasado 24 de febrero el extesorero del PP lo señalara como donante de una de las campañas electorales de Aguirre. 

“El tesorero [Álvaro Lapuerta] y yo, una vez que despedimos a este señor [Luis Gálvez], bajamos juntos al despacho de esquina de la primera planta de Génova 13 y, en presencia de Francisco Granados y de Beltrán Gutiérrez, Álvaro Lapuerta le hace entrega a la presidenta, Esperanza Aguirre, de un sobre con 60.000 euros”, afirmó Bárcenas en su declaración como testigo ante el juez Manuel García Castellón, que aseguró que el empresario había acudido a la sede con ese dinero y había pedido que fuera destinado a la campaña de Aguirre.

Esta afirmación motivó la citación como imputado del empresario al entender el magistrado que se trataba de supuestos hechos no conocidos hasta el momento y que la “valoración” de esa declaración exigía poder “contrastarla” con la persona aludida. Tras trascender esta declaración, Aguirre afirmó que todo era una “rotunda mentira” y aseguró que se iba a querellar contra Bárcenas.

Gálvez, que ha respondido durante algo más de media hora a las preguntas del juez y del fiscal Anticorrupción Alejandro Cabaleiro, ha afirmado que no entregó los citados 60.000 euros ni ninguna otra cantidad al Partido Popular y ha asegurado no haber estado nunca en la sede de Génova. A este respecto, ha instado al magistrado a revisar el listado de visitantes de la sede nacional del partido conservador para comprobar que nunca estuvo allí.

Además, ha insistido en que sólo conoce a Bárcenas y a Aguirre de haber coincidido con ellos en cenas o eventos pues, por su condición de empresario, ha asistido a muchos actos públicos. Además, ha afirmado que no conoció a Álvaro Lapuerta, supuesto recaudador de las donaciones de empresarios al partido. Gálvez ha reconocido haber hecho donativos con su empresa, pero “nunca” vinculados a partidos políticos. El empresario aparece también como donante del PP nacional en los 'papeles de Bárcenas'. Esos documentos manuscritos por el extesorero recogen un supuesto pago de 50.000 euros de Luis Gálvez el 22 de febrero de 2008 a la caja B de Génova. 

Adjudicaciones públicas  

La constructora Ploder formó parte de la UTE a la que el Ejecutivo de Aguirre adjudicó en junio de 2005 el contrato de construcción y explotación del hospital Infanta Leonor, situado en el barrio madrileño de Vallecas. Fue uno de los siete construidos bajo el Plan de Infraestructuras 2004-2007 con un sistema público-privado. Este modelo consiste en que un conglomerado de empresas construye el edificio y, a cambio, recibe un canon por las obras y por encargarse de los servicios no sanitarios como limpieza, lavandería o mantenimiento durante los 30 años que dura la concesión. 

A preguntas del fiscal, Gálvez ha reconocido la existencia de la llamada cláusula del 1%, por la que se obligaba a las constructoras de infraestructuras públicas a abonar ese porcentaje del presupuesto de cada contrato para sufragar campañas publicitarias que, según los investigadores, se realizaban por un coste mucho menor o que ni se llegaban a hacer. Supuestamente, ese dinero acababa después total o parcialmente desviado a las arcas del PP de Madrid o al bolsillo de algunos de sus dirigentes. 

El sumario de Púnica atribuye a Manuel Lamela, el hombre al que Aguirre colocó al frente de la Consejería de Sanidad en 2003, el papel de ideólogo de esa cláusula del 1% “en connivencia con los altos mandatarios”, aunque él ha negado que esa “cláusula accesoria” sea irregular y ha asegurado que se utilizó como mecanismo para “asumir” una tarea de comunicación que era necesaria para dar a conocer los seis nuevos hospitales que Aguirre inauguró en los meses previos a las autonómicas de 2007

Preguntado por esta cuestión, Gálvez ha afirmado que sólo conoce a Lamela de vista y ha dicho que desconoce si eran las adjudicatarias de esas obras las que elegían a la empresa de publicidad que se iba a encargar de las campañas. En todo caso, sí ha reconocido que las constructoras que supuestamente pagaban esa publicidad no controlaban si las campañas realmente se llegaban a hacer y de qué manera, aseguran fuentes conocedoras del contenido de esa declaración.

Gálvez también ha afirmado que esa no fue la única obra pública de la que fue adjudicatario en la Comunidad de Madrid entre 2004 y 2008, si bien ha dicho que no recordaba a cuántas se presentó. Además del citado hospital, su empresa también fue adjudicataria de las obras de unas cocheras del Metro de Madrid, por 13 millones de euros; un centro de salud y una comisaría. El empresario también ha afirmado que formaba parte de la patronal CEOE y que entre 2005 y 2007 ocupó algún cargo de responsabilidad en CEIM, la división madrileña, aunque no recordaba cuál.