Los grupos parlamentarios de PSOE, Junts y ERC ya han registrado las enmiendas definitivas a la ley de amnistía que pactaron este miércoles y que servirán para desbloquear la tramitación parlamentaria de la norma. Después de que los de Carles Puigdemont tumbaran hace un mes la votación del Pleno por considerar que no existían las garantías necesarias para que todos los implicados en el procés independentista pudieran acogerse a la medida de gracia, los cambios introducidos ahora, con alusiones permanentes al derecho comunitario e internacional, contentan definitivamente a todas las partes.
Las excepciones a la amnistía, es decir, los casos que no quedarán amparados por la futura norma, han sido el meollo de las negociaciones durante los últimos meses. Y más concretamente, las exclusiones relacionados con los delitos de terrorismo.
En la redacción final, tanto el terrorismo como la traición siguen apareciendo en la ley como delitos no amnistiables en determinados supuestos, algo que Junts rechazaba de plano hasta el momento. Tras los pasos dados por el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, y el Tribunal Supremo, que decidió abrir una causa por terrorismo contra Carles Puigdemont en el caso Tsunami Democràtic, la solución plasmada por el PSOE y Junts en la enmienda registrada este jueves consiste en eliminar las referencias al ordenamiento jurídico español para hacerlo, directamente, al europeo y al internacional.
“Los actos que, por su finalidad, puedan ser calificados como terrorismo, según la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo y, a su vez, hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos”, reza la modificación introducida ahora en la que desaparece, por tanto, cualquier alusión al Código Penal español. Esta era una de las líneas rojas de ERC y Junts, que consideran que es la manera de amnistiar a los implicados en el caso de los Comités de Defensa de la República (CDR) y de Tsunami Democràtic, incluido a Puigdemont.
Algo parecido ocurre con la excepción por delito de traición, que mantiene encausados a varios líderes independentistas en la conocida “trama rusa” del procés. En las modificaciones pactadas, y a diferencia de la redacción inicial, se especifica que esos actos tienen que haberse producido como “una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de España”. Es decir, incluye un componente de “uso de la fuerza” como requisito para la exclusión de la amnistía. Algo que, en opinión de todos los negociadores de la norma, en ningún momento se produjo en el caso de los implicados en esa parte del procés.
Esta enmienda es consecuencia de la investigación que el juez de Barcelona Joaquín Aguirre mantiene abierta sobre la presencia de diplomáticos y ciudadanos rusos en las fechas más candentes del procés en 2017. En estas pesquisas se apunta a un posible delito de alta traición que la ley de amnistía, tal y como está ahora, podría incluir. Además, hace unos días el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón pidió a la Policía Nacional que le informe sobre la presencia en Catalunya de “espías rusos”. El mismo juez que instruye el ‘caso Tsunami’ cerró en 2020 unas pesquisas sobre la influencia rusa en el procés.
Respecto a la malversación, otro tipo penal que forma parte de las excepciones a la amnistía, los grupos han pactado hacer una distinción entre los comportamientos punibles. En la redacción final se especifica que serán amnistiados “los actos cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña, así como los que hubieran contribuido a la consecución de tales propósitos”, siempre y cuando “no haya existido propósito de enriquecimiento, así como cualquier otro acto tipificado como delito que tuviere idéntica finalidad”.
Además, otra de las enmiendas pactadas amplía el período de alcance de la amnistía al 1 de noviembre del 2011, cuando hasta ahora estaba fijado en enero de 2012. Esta modificación está relacionada con una derivada de la macroinvestigación que realizó el Tribunal de Cuentas sobre los gastos del procés entre los años 2011 y 2017. Ese asunto mantuvo investigado al exconseller de Presidència Francesc Homs por varias subvenciones que concedió hace más de una década en su etapa en la Generalitat. La causa ha sido archivada dos veces, pero la Fiscalía volvió a recurrir el pasado julio para que el expolítico vaya a juicio.
Antes de la Comisión, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha defendido este jueves en el Congreso el acuerdo alcanzado entre el PSOE, Junts y ERC para desbloquear la ley de amnistía como una buena noticia que “pone fin a una década de fracaso colectivo” y abre paso a una etapa de “diálogo, de hacer política dentro de las instituciones y de la Constitución”.
Bolaños no ha querido pronunciarse sobre si los cambios introducidos en el texto garantizan que dirigentes como el expresident, Carles Puigdemont, puedan beneficiarse de la norma. “No responderé sobre ninguna persona concreta, son los jueces los que tienen que pronunciarse. La voluntad de todos los que hemos acordado esta ley es que todas las personas implicadas en el procés independentista queden amnistiadas, todas”, ha dicho.
Desde ERC, la portavoz parlamentario Teresa Jordá también ha celebrado el impulso definitivo a la ley de amnistía, aunque ha lamentado “haber perdido un mes y medio”. En opinión de los republicanos, “la ley ya era una ley robusta y sólida y con toda la seguridad jurídica, y que acogía a todas las personas que considerábamos que tenían que amnistiarse. Y hoy decimos lo mismo”.
La portavoz de ERC en la Comisión de Justicia, Pilar Vallugera, ha defendido también la ley de amnistía como una buena noticia que pone fin a años “de injusticia” pero ha restado trascendencia a los cambios introducidos durante la negociación entre el PSOE y Junts para conseguir que los de Carles Puigdemont apoyen el texto. “Los textos inatacables con esta judicatura no existen. Tan inatacable es este texto como era el otro”, ha dicho Vallugera.
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha reivindicado la decisión de su partido de no apoyar la proposición de ley de amnistía el pasado 30 de enero, porque esto ha permitido que, “ahora así”, se haya pactado con el PSOE y ERC una norma “integral, para todo el mundo y de aplicación inmediata”.
“Cuando Junts vota no es porque tenemos motivos para votar que no. Igualmente, cuando Juntsa vota sí es porque tiene motivos para votar que sí. Y cuando hay que tomar decisiones que son difíciles, que son complicadas, pero que son necesarias, también lo hacemos”, ha enfatizado.
En declaraciones en el Congreso, la diputada independentista ha hecho hincapié en que esta norma se tiene que aplicar, con lo que, si algún juez pretende no hacerlo, estará “prevaricando”. Nogueras ha puesto en valor los cambios introducidos en materia de terrorismo, traición y malversación. “Esta ley, a diferencia de la del 30 de enero, corta de raíz la posibilidad de que la cúpula judicial española siga avanzando en sus fabulaciones. Un terrorista no es aquella persona que ejerce su derecho a la manifestación”, ha remarcado.