Enrique López alcanzó el 13 de junio de 2013 el que para muchos jueces es el puesto más alto al que se puede aspirar: el de magistrado del Tribunal Constitucional. El nombramiento había estado rodeado de polémica porque el PP llevaba varios años intentando meterle en el tribunal aunque no cumpliese los requisitos. Finalmente lo hicieron sentando un precedente, porque López fue el primer magistrado del Constitucional que no había pasado por el Tribunal Supremo.
Un año después, el 2 de junio de 2014, López presentó su dimisión. Duró menos en el puesto que el tiempo que había estado intentando conseguirlo. El día de antes de renunciar había sido pillado en Madrid conduciendo su moto borracho. Su tasa de alcohol era tan alta que tuvo que someterse a un procedimiento penal.
La sentencia se firmó por conformidad el 14 de junio de ese mismo año. En sus hechos probados se recoge que López fue interceptado por los agentes en el Paseo de la Castellana de Madrid tras saltarse un semáforo. Presentaba signos de estar “bajo la influencia de una intoxicación etílica” que le impedía la conducción.
López se sometió a la prueba y dio una tasa de 1,20 miligramos de alcohol por litro de aire espirado en la primera medición y 0,99 en la segunda. El máximo es 0,25 y por encima de 0,60 es un delito. El fallo incluye que López presentaba un fuerte olor a alcohol, los ojos rojos y vidriosos, titubeaba y le costaba mantenerse recto. Fue condenado a 1.440 euros de multa y se le prohibió conducir durante ocho meses.
Aquel episodio truncó la carrera judicial de López, pero no la política. Este lunes será nombrado consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha confiado en él para un nuevo ascenso que, como otros en su carrera judicial, ha venido de la mano del PP.
López ha mantenido una estrecha relación con la política pero siempre desde el lado de los tribunales. Entre 2001 y 2008 fue portavoz del Consejo General del Poder Judicial, desde el que se erigió como un elemento más de oposición al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Se pronunciaba públicamente contra el Estatut, la Ley de Violencia de Género aprobada por los socialistas o contra la Ley de Memoria Histórica.
La recompensa a aquel trabajo fue que, en 2010, todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP le propusieron como magistrado del Constitucional aunque no cumplía el requisito de 10 años de actividad judicial. Los populares insistieron pese a un informe del Senado que reflejó que no reunía las condiciones para ser elegido. No lo consiguieron entonces, pero López esperó paciente una nueva oportunidad desde su puesto de magistrado en la Audiencia Nacional, donde empezaba ya a tener contacto con el caso Gürtel.
En 2013, ya con el PP en el poder sobre una amplia mayoría absoluta, López fue elegido magistrado del Constitucional. El primero que saltaba directamente desde la Audiencia Nacional sin pasar por el Tribunal Supremo. Tras su dimisión por conducir borracho tuvo que volver a su puesto en la Audiencia Nacional, donde siguió su carrera judicial rodeada de polémicas.
En 2013, cuando el caso Gürtel ahondaba en la financiación irregular del PP, Mariano Rajoy llamó personalmente al CGPJ para interesarse por el reparto judicial del caso Bárcenas -que se disputaban Javier Gómez Bermúdez y Pablo Ruz- y manifestar su preocupación por la imagen que estaba trasladando la Audiencia Nacional. En el partido había miedo a que el juez Gómez Bermúdez mandase a prisión a Luis Bárcenas. Finalmente, la sala de lo Penal presidida por Enrique López apartó a Gómez Bermúdez del caso y se lo dio a Ruz, que acabó dictando prisión provisional para el extesorero.
López dejó de tomar decisiones sobre el caso Gürtel en 2015, cuando el pleno de la sala de lo Penal le apartó a él y a Concepción Espejel de la causa por ser próximos al PP. Los motivos que pesaron en el caso de López fueron que ascendió tanto al CGPJ como al Constitucional de la mano del PP, y que había participado en charlas de FAES, la fundación del partido. Poco después fueron apartados también del caso Bárcenas por los mismos motivos.
El magistrado ha protagonizado una última polémica antes de dar el salto a la política. El Consejo General del Poder Judicial, de mayoría conservadora, le aupó a la recién creada Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, pero el Supremo tumbó su nombramiento y el de Eloy Velasco porque, nuevamente, no cumplían los requisitos y no eran los candidatos con mejores méritos. El CGPJ se ha negado a apartarles y les mantiene como adscritos a esa Sala, en un conflicto sin precedentes con el Alto Tribunal.
López ya no tendrá que preocuparse de cómo acaba ese contencioso. El PP le ha brindado su último ascenso, que supone el salto a la política de la mano del partido que siempre le ha tenido como magistrado de cabecera.