Entente con Vox, choques con la prensa y, de nuevo, la corrupción: la semana 'horribilis' de Casado

Una convocatoria de una plataforma ciudadana impulsada por la exlíder de UPyD, Rosa Díez, en contra de los posibles indultos del Gobierno a los presos del procés, pilló por sorpresa hace unos días a la dirección del Partido Popular. Después de varias semanas de triunfalismo por la arrolladora victoria de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones madrileñas del 4 de mayo y la consiguiente subida del partido en todas las encuestas, Pablo Casado había proclamado el inicio de la reunificación del centro derecha en el PP que le obsesiona desde que ganó en las primarias de 2018. El argumento era que Ayuso había conseguido la absorción de todo el voto de Ciudadanos en Madrid y de paso contener a Vox, el gran rival de los populares con el que pugnan por el mismo electorado.

Pero la convocatoria de la plataforma de Díez prevista para el próximo 13 de junio en la Plaza de Colón de Madrid volvió evidenciar la división en tres de las derechas españolas en un asunto, la guerra sin cuartel contra el independentismo, del que los tres partidos han hecho bandera . El PP, que desde días antes había convertido la lucha contra los indultos en su última gran batalla frente al Ejecutivo progresista, se había visto obligado el pasado viernes 28 de mayo a confirmar su presencia en la protesta, después de que lo hicieran Vox, primero, y Ciudadanos, a continuación.

Todo apuntaba a una reedición de la célebre foto de Colón de 2019, que escenificó la primera unión de los tres partidos (y la normalización de la extrema derecha) en una protesta contra el Gobierno, que después se materializaría en acuerdos de gobierno en comunidades y ayuntamientos. Dentro del PP siempre se consideró que esa imagen les había perjudicado electoralmente por la connivencia con la derecha más ultra, que creían que salía reforzada. Desde la dirección popular, sin embargo, insistieron a finales de la semana pasada en que en ningún caso se reproduciría el esquema de la concentración de hace dos años, entre otras razones porque los populares pretendían enviar a la protesta a dirigentes de segunda fila con el objetivo de dar todo el protagonismo a la “sociedad civil”.

Esos planes se cambiaron para que no se personalizase en Santiago Abascal, quien sí confirmó su presencia en Colón desde el primer minuto y que batalla con Casado por la hegemonía de la derecha, la pelea en la calle contra los indultos a los líderes del procés. Conscientes de ese riesgo, los populares se vieron entonces obligados a elevar el perfil. El lunes, durante la reunión del Comité de Dirección del partido, decidieron que el líder del PP también asistiría a la concentración. “Todas las iniciativas pacíficas y cívicas en contra de los indultos van a contar con el apoyo del PP, desde su presidente hasta el último afiliado”, aseguró el secretario general del partido, Teodoro García Egea, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la cúpula de los populares. Inés Arrimadas, que también había titubeado, confirmaba también su presencia en la protesta horas después, con lo que la nueva foto de Colón que trataba de esquivar Génova 13 era ya inevitable.

Negociaciones con Vox en Madrid

La formación conservadora inició con ese cambio de planes una semana 'horribilis' en la que tuvo que retomar por la fuerza la entente con Vox, rota simbólicamente –ambas formaciones mantuvieron sin embargo sus acuerdos en autonomías y ayuntamientos– tras la fallida moción de censura de la extrema derecha del pasado octubre en la que Casado escenificó su ruptura con Abascal. “Hasta aquí hemos llegado”, le había dicho en el Parlamento, en un duro discurso que se ha suavizado progresivamente en los últimos meses.

Además de por la concentración conjunta del día 13, el PP se ha visto obligado a acercarse a Vox por las necesarias negociaciones de los dos partidos para investir a Ayuso en Madrid, que se están produciendo en secreto. Si bien más que duplicó sus resultados –pasó de 30 a 65 escaños– la presidenta se quedó a cuatro diputados de la mayoría absoluta, por lo que precisa de la abstención o el voto a favor de la extrema derecha para ser reelegida.

El PP debe afianzar la relación con Vox también por la amenaza del partido de Abascal de romper el Gobierno de la Junta de Andalucía por la disposición del equipo de Juan Manuel Moreno Bonilla a acoger menores inmigrantes. Una amenaza que se consumó con el fracaso de una de las leyes estrella del Gobierno autonómico en el Parlamento regional, el pasado 26 de mayo, por la abstención de Vox a una enmienda a la totalidad de la izquierda, que ha desestabilizado a la Junta y que amenaza con obligarle a adelantar las elecciones.

El martes, Casado protagonizó un primer choque con la prensa –que iba a agravarse dos días después en un acto en Ceuta– precisamente por haber hablado de la nueva foto de Colón que se producirá el día 13 en la protesta conjunta de los líderes de PP, Vox y Ciudadanos contra los indultos. Esa lectura realizada por los medios equiparando la concentración impulsada por Rosa Díez con la de febrero de 2019 se debe, a juicio del PP, a la “propaganda de Moncloa” que el equipo de Casado cree que trata de vincular a los populares con la extrema derecha (con la que ha pactado en el Ayuntamiento de Madrid, en la Comunidad y también en Murcia) por intereses electorales.

El líder del PP manifestaba su enfado con los periodistas durante un desayuno informativo organizado por Europa Press. “Estoy muy sorprendido porque la agenda mediática esté ocupándose del dedo y no de la luna”, aseguraba, antes de acusar a la prensa de lanzar “globos sonda” al hablar de esa nueva foto de Colón. Casado, añadía, no tiene ningún problema en compartir de nuevo una protesta con Vox porque su obligación es “estar con la España real”. Esa es, a su juicio, la que se manifestará en la plaza madrileña dentro de dos semanas junto a la extrema derecha.

Cospedal, Bárcenas y la Operación Kitchen

Un día después, el miércoles, Casado encajaba otro durísimo golpe cuando, por enésima vez desde que ganó las primarias de 2018, se le reapareció el fantasma de la corrupción de su propio partido, de la que el líder del PP trata de distanciarse sin éxito los últimos tres años. En Génova 13 cayó como un jarro de agua fría la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón de citar como investigados –la antigua imputación– a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su marido, Ignacio López del Hierro, por delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias en la pieza que investiga el espionaje con fondos reservados al antiguo tesorero de la formación Luis Bárcenas.

Con la imputación de Cospedal en una operacion parapolicial de espionaje a Bárcenas para eliminar las pruebas que este podría acumular contra el PP, a Casado le volvía a estallar en su propia casa la corrupción, esa que él siempre ha definido como asuntos “del pasado”, justo cuando el PP vislumbraba el inicio de su recuperación tras tres años de derrotas electorales y el partido empezaba a despuntar en las encuestas. Además, las novedades de la Operación Kitchen relegaron desde el miércoles a un segundo plano la campaña de Génova 13 contra los indultos a los presos del procés por la que –en una estrategia calcada a la de Rajoy contra el Estatut, en 2006– los populares empezaron a recoger firmas el martes.

El ejercicio por intentar desvincular las actuaciones de la tambien exministra de la dirección de Casado resulta más que complicado, ya que el líder del PP le debe el cargo a la que fue su gran valedora durante el proceso interno de 2018. La exministra, tras verse eliminada en la primera fase de las primarias a raíz de la votación de los militantes en la que Soraya Sáenz de Santamaría resultó vencedora y el hoy líder del PP quedó segundo, puso a disposición del entonces candidato todo su poder orgánico para que Casado pudiera ganar, volcando a todos sus dirigentes afines a favor del joven candidato, al que al inicio del proceso nadie dentro de las filas populares consideraba con opciones de convertirse en el sucesor de Mariano Rajoy al frente del partido.

Por eso, aunque el presidente de los populares ha tratado de evitar hablar de la imputación de la exsecretaria general, esa vinculación con la dirigente que le encumbró al liderazgo del partido le perseguirá durante los próximos meses, en cada una de las comparecencias públicas. Así será al menos hasta que los tribunales decidan sobre la responsabilidad real de Cospedal en la conocida como Operación Kitchen, que también podría salpicar al propio Rajoy, máximo responsable del Gobierno en el que se produjo ese supuesto espionaje.

Abucheos a los periodistas que preguntan por Cospedal

Tras 24 horas de silencio sobre la imputación de Cospedal, el jueves, el líder de la oposición decidía seguir callado al respecto en la línea de su anuncio tras la debacle en las elecciones catalanas del 14 de febrero. Entonces, Casado tomó la determinación de escenificar una ruptura con el pasado más reciente de su partido, que se sigue investigando en los tribunales, y en el que sin embargo él también había tenido puestos de responsabilidad.

Dos días después de la derrota en Catalunya, el líder del PP había anunciado la marcha de la histórica sede de Génova 13 cuyas obras, presuntamente pagadas con dinero negro, están siendo enjuiciadas en la Audiencia Nacional. La mudanza, cuatro meses después, sigue paralizada. Y aseguró que él y su dirección dejarían de hablar de los casos de corrupción que afectaban al PP, al considerarlas cosa del pasado: “Desde hoy esta dirección no va a volver a dar explicaciones sobre ninguna cuestión pasada. No nos lo podemos permitir más con el calendario judicial que se avecina”, aseguró, ante la plana mayor de su partido.

Bajo esa premisa, el líder del PP se negaba el jueves a valorar la decisión del juez a pesar de que su incuestionable vinculación con Cospedal. “Hace cuatro meses dije que no iba a volver a hablar de cuestiones que no me corresponde valorar, que nada tienen nada que ver con mi responsabilidad de presidente del PP”, se limitó a señalar el presidente de los populares durante una rueda de prensa en Ceuta en la que varios simpatizantes del partido abuchearon e increparon a los periodistas que preguntaron a Casado sobre la imputación de la exsecretaria general, provocando en la prensa un nuevo enfado generalizado.

Esos mismos ciudadanos aplaudían a Casado cada vez que se negaba a contestar sobre Cospedal. “Estoy bastante de acuerdo con estos caballeros”, llegaba a asegurar el líder del PP ante los abucheos, acrecentando el descontento de los periodistas. Después, desde la dirección del PP matizaron que “las quejas escuchadas ante las preguntas de algunos medios” no se habían producido “por parte de ningún militante del PP, sino por ciudadanos anónimos”. Y el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, se vio obligado a publicar un tuit a última hora del jueves rechazando los abucheos. “Reivindicamos la libertad información y el derecho de los periodistas a hacer todas las preguntas, como siempre defiende Pablo Casado. Censuramos los abucheos e insultos que algunos ciudadanos anónimos han realizado en la comparecencia de Ceuta”, apuntaba.

Argumentos dudosos para rechazar el expediente a Cospedal

El final de esta semana tan complicada para Casado estuvo marcada por las confusas explicaciones de la dirección del PP sobre por qué no ha abierto un expediente informativo a Cospedal, tal y como exigen los estatutos cuando una dirigente o exdirigente es imputada en un caso de corrupción. Andrea Levy, la presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP encargado del régimen disciplinario del partido, se justificó el jueves en declaraciones a La Sexta en que el reglamento del PP sostiene que solo se aplica esa apertura de expediente si el imputado “es cargo público”. “Pero es que de lo que estamos hablando de María Dolores de Cospedal no era un cargo público. Por tanto, no aplica el reglamento”, señaló. Fue el mismo argumento que ofrecieron fuentes de la dirección del partido a última hora de la tarde del viernes, cuando comunicaron que ese comité que preside Levy había rechazado en una reunión abrir ese expediente.

El texto literal de los estatutos del PP vigentes es el siguiente: “En el caso de que un afiliado incurra en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de un cargo público o representativo, o realice conductas que por su naturaleza o por las circunstancias en las que se haya cometido se considere incompatible con las obligaciones y deberes éticos que establecen estos Estatutos, y se tenga conocimiento que ha sido llamado a declarar como investigado en una instrucción judicial (...) el Comité de Derechos y Garantías que resulte competente, a tenor de lo establecido en el artículo 55 procederá a la apertura de un expediente informativo, el cual se transformará en un expediente disciplinario en el momento en el que se tenga conocimiento de la apertura del juicio oral en el procedimiento judicial correspondiente”.

Es decir, que a diferencia de lo sostenido por Levy y el comité que dirige, en realidad los estatutos hablan de cargos “públicos y representativos”. Y, cuando se produjo el espionaje a Bárcenas, Cospedal era la 'número dos' del PP, el segundo cargo más importante del partido por detrás del presidente, además de presidenta de Castilla-La Mancha, un cargo público y representativo.

La dirección del PP confía en poder reconducir su estrategia en las próximas semanas después de los contratiempos de los últimos días. La idea más extendida en las filas populares es que finalmente la imputación de Cospedal “quedará en nada”, y que Casado volverá a recuperar el control de la agenda política con la campaña contra los indultos y con la investidura de Ayuso –cuya victoria Génova 13 insiste en decir que es también el triunfo de su máximo líder–, que tendrá lugar en las próximas semanas.