La Marcha Verde arrancó el 6 de noviembre de 1975. Y el 18 de marzo de 2022 ha llegado a La Moncloa, con Pedro Sánchez. El movimiento audaz con el que Hassan II, con el beneplácito de Estados Unidos, aprovechó la agonía del régimen franquista –el dictador acabó muriendo dos semanas después, el 20 de noviembre de 1975– sirvió para ocupar con cientos de miles de civiles –y algunos miles de militares– la colonia española del Sáhara Occidental. La ocupación, condenada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ha ido taponando la solución negociada por la metrópoli descolonizadora, España, en noviembre de 1975 con Marruecos y Mauritania, y que pasaba, de acuerdo con las resoluciones de la ONU, por un referéndum de libre determinación del Sáhara.
Las misiones de la ONU nunca prosperaron, por las trabas marroquíes, que, poco a poco, ha ido sumando apoyos a su causa, que pasa por la asimilación del Sáhara como territorio autónomo marroquí. Hasta tal punto ha sido así que Donald Trump, ya como presidente derrotado y saliente, reconoció en diciembre de 2020 la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara.
Menos de un año y medio después del gesto de Trump –no revocado por Joe Biden–, quien lo hace es Pedro Sánchez, presidente de la potencia que dejó sin concluir la tarea descolonizadora. Así se lo pedía el PSOE en noviembre de 2016 al Gobierno de Mariano Rajoy: “Reclamamos que el Gobierno de España ponga en marcha aquellas medidas y actuaciones diplomáticas a su alcance, especialmente durante su próxima Presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el mes de diciembre, para promover una solución del conflicto de Sáhara Occidental, a través del cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, que garantizan el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui”.
La posición expresada por el PSOE en 2016 es la tradicional de los socialistas españoles, del resto de la comunidad internacional y de todos los inquilinos que precedieron a Sánchez en Moncloa. No obstante, en 2008 el entonces presidente, José Luis Rodríguez Zapatero “brindó un apoyo moderado a la propuesta de Rabat de resolver el conflicto del Sáhara Occidental otorgando a la ex colonia española una autonomía”, según las crónicas de la época, que el expresidente ha recordado este viernes. En una entrevista en la Cadena Ser, Zapatero ha señalado la propuesta de la “amplia autonomía” del Sáhara ya se la presentó Marruecos en 2007 y él la apoyó “públicamente” un año después. “En esa política estuve, que es una política de tener en cuenta como una base importante el proyecto de autonomía para una salida que solo podrá ser con un acuerdo en el marco de Naciones Unidas”.
Es más, EEUU se convirtió en diciembre de 2020 en el primer país occidental en reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara, y la posición que prevalece, incluida la de la Unión Europea, es la reflejada por las sucesivas resoluciones de Naciones Unidas que prevén un referéndum de autodeterminación del territorio.
De hecho, en el 39 congreso del PSOE de junio de 2017, el que supuso el regreso de Pedro Sánchez al liderazgo del partido, se recogía lo siguiente: “Los socialistas hemos de trabajar para que España, como antigua potencia colonial y por tanto administradora del Sáhara Occidental, impulse iniciativas de diálogo que permitan la conclusión del proceso de descolonización del Sáhara Occidental conforme a las resoluciones de Naciones Unidas al respecto”.
Un estatus que viene a reconocer incluso la Justicia europea en dos sentencias recientes, de septiembre pasado, por las que anulaba sendos acuerdos pesqueros y arancelarios firmados por la Unión Europea y Marruecos. La Justicia dio la razón al Frente Polisario al considerar ilegales los acuerdos por no haberse consultado de forma apropiada a la población saharaui.
Es más, hasta el responsable de Relaciones Internacionales del PP en tiempos de Mariano Rajoy, Jorge Moragas, una de las personas más cercanas a quien luego se convirtió en presidente del Gobierno, se reunió en 2011 con una delegación saharaui para expresar su apoyo a la autodeterminación del territorio.
Pero Sánchez, a diferencia de otros líderes socialistas, ha evitado aparecer próximo a los saharauis. En el pasado, José Luis Rodríguez Zapatero se fotografió con el entonces líder del Frente Polisario, Mohamed Abdelaziz, siendo ya presidente del Gobierno y secretario general del PSOE.
El Frente Polisario entró como observador en la Internacional Socialista en 2008 y, en 2017, como miembro de pleno derecho.
Es más, el entonces secretario de Movimientos Sociales del PSOE, Pedro Zerolo, acudía a manifestaciones a favor de la independencia del Sáhara en aquellos años junto con el entonces coordinador de IU, Gaspar Llamazares –tanto IU como el PCE previamente han sido aliados históricos del Polisario, posición que también comparte Podemos–.
Pero ni Sánchez ni su dirección han hecho este tipo de demostraciones. Hace un mes, en Bruselas, el presidente del Gobierno daba cuenta de sus contactos en la cumbre entre la UE y la Unión Africana. Al ser preguntado por sus encuentros con los representantes del Polisario y de Marruecos, Sánchez se limitó a confirmar que había hablado con el saharaui, mientras se explayaba en relatar el contenido de su conversación con el marroquí.
Más bien al contrario, el único gesto amistoso del Gobierno de Sánchez con el Polisario supuso la caída de la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, tras la entrada en España del líder saharahui, Brahim Gali, con nacionalidad española, para ser atendido en un hospital español en mayo de 2021.
Aquella cama de hospital para una persona septuagenaria con nacionalidad española y necesitada de cuidados vino seguida de otra maniobra marroquí consistente en empujar a miles de personas, muchas de ellas menores, a cruzar las fronteras con España. González Laya fue destituida y reemplazada por José Manuel Albares, quien empezó a pilotar un cambio en las relaciones con Marruecos hasta el punto de inflexión de este viernes. Por el camino se han producido diferentes acercamientos, devoluciones en caliente y repatriaciones de menores que habían cruzado la frontera entre numerosas quejas de organizaciones por los derechos humanos y del Defensor del Pueblo.