Carmen Calvo (Córdoba, 1957) recibe a eldiario.es en su despacho de Moncloa a las puertas del 8 de marzo. La vicepresidenta ha tratado de impregnar de políticas de Igualdad el Gobierno de Pedro Sánchez y analiza bajo ese prisma hasta a la Patrulla Canina, el programa infantil del que es una experta por sus nietos. Apenas hay personajes femeninos, se queja. “Hemos vivido en una burbuja en la que pensábamos que la derecha era feminista. No lo ha sido nunca. No la esperamos”, dice la número dos del Gobierno en vísperas de la huelga que el Consejo de Ministros no hará, según explica, porque debe representar a todos los ciudadanos: los que la secundarán y los que no; los que son feministas y los que son machistas.
Calvo lanza a lo largo de la conversación varias advertencias sobre las medidas que se pueden quedar en el camino si el Gobierno cambia de color y sale uno apoyado en Vox. Respeta que sean los ciudadanos en las urnas los que coloquen a “cada uno en su sitio”, incluida la extrema derecha; pero lamenta que PP y Ciudadanos se hayan “radicalizado” por el auge del partido de Santiago Abascal. La enviada de Sánchez a negociar con los independentistas y encargada de dar por rotas esas negociaciones que abocaron al anticipo electoral comienza la entrevista hablando sobre Catalunya.
¿Diría que Catalunya ha hecho volar por los aires la legislatura?
En absoluto. El problema de Catalunya es complejo y viene de atrás. No puede estar una situación de esa naturaleza condicionada a temas concretos, como pueden ser unos Presupuestos o incluso el final de una legislatura. Es verdad que ha habido una situación en la que a los Presupuestos Generales los independentistas debían haberles abierto paso o no y se lo cerraron.
Los independentistas nunca han renunciado a pedirles un referéndum de autodeterminación, ¿por qué las conversaciones se rompieron en ese momento en el que ustedes habían avanzado y aceptado, por ejemplo, la figura de un relator?
La figura de un relator ha sido una de las polémicas más en falso que se ha vivido en la política española. Estamos viendo cómo el Gobierno del PP les ofreció incluso una simulación de referéndum. Nosotros estábamos hablando de una persona que coordinara un poco el trabajo. Fue una polémica absolutamente vacía que las derechas utilizaron para algo que ya ha sido explícito, que se habían radicalizado por la ultraderecha y que Vox estaba mandando sobre ellas. Todo el mundo sabe que el proyecto independentista consiste en un intento de romper el orden territorial y constitucional de nuestro país para que Catalunya sea independiente. El Gobierno lo que no puede aceptar nunca es que eso es un derecho que tienen y que vamos a debatir.
Pero hay una mayoría parlamentaria en Catalunya (ERC, Junts y los comunes) que abogan por un referéndum de autodeterminación. ¿Por qué no se puede cambiar la Constitución para darle encaje a ese referéndum?comunes
La Constitución española está fundamentada sobre la unidad territorial de España y para cambiar la unidad territorial de España lo tiene que decidir toda España, no solo una parte de España.
Pero un cambio constitucional lo votaría toda España.
No existe ninguna democracia del mundo que reconozca la autodeterminación de ninguna parte de su territorio, porque el fundamento de la Constitución española es nuestra unidad territorial, el poder organizado democráticamente y la población española. Esos son los tres fundamentos de los que nos dotamos como cualquier democracia, esas son las bases sobre las que las democracias no discuten.
Escocia sí ha hecho un referéndum por la independencia.
Un referéndum pactado con seguramente uno de los líderes políticos europeos que ha cometido más errores en un siglo entero, que no solo condujo a una situación inviable en Escocia, sino que ha conducido a Reino Unido a una situación más inviable todavía que es el Brexit. El sistema constitucional inglés no tiene nada que ver con el español, entre otras razones porque no tiene una Constitución escrita, como tiene España, que obliga como norma jurídica. Ningún Gobierno de España puede pactar un referéndum de autodeterminación porque no existe en nuestra Constitución.
Ha hecho referencia a que el Gobierno de Rajoy ofreció al Govern de Puigdemont un simulacro de referéndum. En ese momento ustedes estaban en contacto desde la oposición con el Gobierno de Rajoy. ¿Sabían de este ofrecimiento?
Yo desde luego no, y el presidente Sánchez, tampoco. Lo único que nosotros hicimos fue ponernos a disposición del Gobierno para defender la democracia y la Constitución cuando el independentismo hace dos referéndums, sobre todo el del 1 de octubre, y saca adelante leyes de desconexión con el territorio. A nosotros se nos requirió para ayudar en la aplicación del 155. Eso fue a lo que nos limitamos. Los entresijos en los que estuviera el Gobierno –de los que, por cierto, nos estamos enterando ahora– colocan al PP en una hipocresía y un cinismo verdaderamente monumentales sobre el tema de Catalunya por lo que ahora vamos viendo.
Sus aliados parlamentarios les han acusado de ir por libre y no negociar lo suficiente, ¿han sobreestimado el poder del BOE y olvidado que tenían 84 diputados?
La realidad desmiente esa apreciación porque a la vista está que los reales decretos, salvo el de vivienda, se han aprobado todos. Si se han aprobado todos es porque hemos sido capaces de hablar con todos. Lo que ocurre es que hablas con todos tus acompañantes parlamentarios en el momento que consideras oportuno en tu propia acción de Gobierno.
El otro día dijo el PDeCAT que no habían hablado del decreto de igualdad laboral. ¿Esos apoyos los tienen ya amarrados?
El secretario del grupo, Rafael Simancas, estuvo hablando con el PDeCAT y los grupos parlamentarios antes de que ese real decreto llegara.
¿Hasta cuándo van a legislar vía decreto ley?
Nosotros no estamos en funciones. Somos todavía un Gobierno que tiene limitaciones en periodo electoral y en campaña, pero tenemos que seguir haciéndonos responsables de la gobernanza de este país en aquellas situaciones y decisiones que lo consideremos oportuno. El único partido que hemos visto dopado ha sido el PP porque lo han dicho hasta los tribunales, es decir, con ventajas ilegales con relación a los demás. Este Gobierno se está manteniendo y se va a mantener hasta el último minuto en los márgenes exactos de la Constitución. Son otros los que están literalmente desbarrando. Los reales decretos no se pueden llevar a la Junta Electoral, hasta el viernes pasado estaban en periodo completamente normal.
¿Y ahora no?
No estaban afectados ni siquiera por la disolución de las Cámaras. Están disueltas hoy. Algunos están desbarrando tanto que rayan el ridículo en la técnica y el conocimiento de los cargos públicos.
¿PP y Ciudadanos?
Me resulta muy difícil de entender que el partido que más reales decretos ha hecho en un año, que es el PP, sin necesidad porque tenía mayoría absoluta, sea el que hable de reales decretos. Segundo, que confundan Gobierno en funciones con Gobierno hasta ayer en plenitud de funciones totales. Tercero, que los reales decretos las limitaciones que tienen son las que dice la Constitución: materias que están reservadas y urgente necesidad.
¿Es urgente necesidad eliminar los aspectos más lesivos de la reforma laboral?
Este Gobierno vino para hacer cambios que habían sido los elementos fundamentales de la crisis. La crisis produce efectos fundamentalmente en el ámbito laboral, las pensiones, en los salarios, en la calidad de vida de la gente, en los servicios públicos, etc. Eso es por lo que pusimos una moción de censura: derribamos a un Gobierno de derechas porque era urgente sacar a la inmensa mayoría de la gente de este país que estaba sufriendo y pagando la crisis. Para nosotros la salida de la crisis solo se puede hacer a través del reequilibrio y la cohesión social y territorial de este país. Claro que tenemos urgencia con esas cosas, es lo que hemos hecho todo el tiempo.
¿De aquí a las elecciones se acabará con esos aspectos de la reforma laboral?
Bueno, tenemos pendientes algunos objetivos que el presidente del Gobierno tendrá que decidir, pero nosotros hemos decidido en esta última semana antes de la disolución de las Cámaras poner en lo alto de la mesa algunas decisiones que afectan, por ejemplo, a la igualdad laboral que tiene mucho que ver con la situación de las mujeres en el mercado laboral. Eso tiene que ver con reformas laborales. El decreto de igualdad laboral modifica dos elementos importantes del Estatuto de los Trabajadores.
En el preámbulo de ese decreto reconocen que la ley de igualdad no ha conseguido reducir muchas discriminaciones. Entre otras cosas porque no contemplaba sanciones. Sin embargo, en este decreto de igualdad laboral renuncian también a la parte sancionadora que sí incluían en su propuesta de hace un año, ¿por qué?
A nosotros nos hubiera gustado que el PP no propusiera un pacto de brecha salarial cuando faltan 72 horas para el 8 de marzo. Nos hubiera parecido más coherente, en la incoherencia en la que andan constantemente, que no hubieran paralizado la tramitación de esta ley, con lo cual estaríamos aprobando todo el conjunto de medidas que incluía, también, la parte sancionadora. El PP dice que quiere ese pacto por la brecha salarial pero votó en contra de las dos leyes que se estaban tramitando, una era de Unidos Podemos, y la otra, nuestra. Nos hubiera gustado sacar adelante la ley entera, ese era el objetivo de este Gobierno y en nueve meses, si no hubieran obstaculizado, se podría haber hecho. Pero ni el PP ni Ciudadanos, ahora dedicados a inventarse feminismos varios, han querido. Hemos contemplado en un real decreto lo que era posible en un real decreto.
Pero también el Gobierno ha esperado a una semana antes del 8M para aprobar este decreto...
Hemos esperado porque este Gobierno no ha parado una sola semana en tomar decisiones y teníamos esperanza a que hasta las derechas le abrieran paso a la ley de igualdad laboral. El trámite de toma en consideración de esta ley se produjo hace solo seis semanas. Y cuando le han cerrado el paso a esta ley de manera incomprensible es cuando hemos decidido que no quedaba otra alternativa que al menos sacar lo urgente.
El Gobierno apoya el 8M y se muestra afín a sus reivindicaciones, ¿por qué entonces no llevan la huelga al Consejo de Ministros?, ¿por qué las ministras no harán huelga y acudirán?
Porque somos el Gobierno de todos los españoles y de todas las españolas, también de las que no van a hacer huelga, también de los que no creen en el feminismo, también de los que practican el machismo. Y tenemos que mantener una posición constitucional en esto impecable, por eso nuestra actividad institucional será el Consejo de Ministros. Eso sí, como Gobierno socialista entendemos a una sociedad que se moviliza, al movimiento feminista, lo hemos hecho como partido en la oposición y somos coherentes desde el Gobierno.
¿Por qué no ha salido adelante la ley de trata, un proyecto al que se comprometieron como Gobierno feminista y abolicionista?
De ninguna manera podía haber salido antes de 2018. Hemos llevado al Gobierno a toda máquina estos meses. Nos hemos reunido con expertos, tejido civil, con toda la gente que trabaja desde el punto de vista técnico y social. Somos un Gobierno con un punto de vista clarísimo sobre este asunto. Tenemos tres borradores distintos sobre los que estábamos trabajando pero también tenemos la experiencia que tenemos, las leyes las han parado prácticamente todas. Hemos vivido una situación de obstrucción constante en la que hemos tenido que ir valorando qué temas podíamos sacar adelante y en cuáles podríamos meternos en bucle.
Nuestra posición es clara contra la trata y la explotación de las mujeres. Me produce una desazón cívica y política que esto que estamos viendo como feminismo liberal consista en seguir usando a las mujeres como mercancía para la prostitución y para los vientres de alquiler. Cuando tienes delante en la Cámara a todo un bloque de derechas de esta naturaleza tienes que pensarte si frustras o no frustras una propuesta. Nos gustan los modelos que han funcionado, que son los que ponen el foco en los proxenetas. Sabemos cuál es la realidad de la prostitución, que es que las mujeres van ahí desde la marginalidad y desde la pobreza.
Hace dos semanas, volvió a saltar la situación de varias familias en Ucrania que se quejaban de no poder registrar a sus hijos nacidos por vientres de alquiler en el consulado. Una orden de Justicia les permitía hacerlo solo con una prueba de ADN y sin sentencia judicial (un requisito necesario según la orden vigente actualmente), pero finalmente se echó para atrás. ¿Fue usted la que lo frenó?, ¿daba eso carta de naturaleza a los vientres de alquiler?
Este Gobierno ha demostrado por primera vez en la historia de la democracia que las políticas de igualdad no estaban solo en el Ministerio de Igualdad, han estado constantemente en todos los departamentos. Yo no he tenido que ir a los ministros a decirles 'propón', 'haz' o 'no hagas', ha salido de forma responsable y directa de ellos. Desde nuestro consulado se ha dicho constantemente que no lo hicieran. Es una instrucción del anterior Gobierno, se dice que no se puede colaborar con el mercado que allí existe, que están poniendo en marcha un circuito de verdadero negocio contra las mujeres en ese país. Cuando se producen estas situaciones, se abre un debate, ¿qué hacer con esos niños que están allí y con las personas que incumplen las leyes de este país utilizando un giro indirecto? Este Gobierno ha tomado una decisión: no vamos a dejar en esta situación a quienes estaban allí, pero esto no puede volver a ocurrir. No podemos tener una ley en nuestro país que nos saltamos por vía indirecta.
Es decir, se solicitará una sentencia emitida por un juez en todos los casos (algo que no sucede en Ucrania)...
Es que nadie se puede saltar la ley en nuestro país. Somos un Gobierno sensible y responsable, pero hay una instrucción de hace varios años que ya está indicando a los ciudadanos de este país que si hacen esto se encuentran con un problema. Nosotros hemos optado por el interés superior de estos menores, pero no puede ocurrir esto, que te saltes las normas de tu país. En nuestro país la norma no solo está pensando en los derechos de las mujeres españolas, en sus derechos humanos, estamos pensando en los derechos de las mujeres que en cualquier lugar del mundo se pueden ver sometidas a este mercadeo.
Según confirma el propio Ministerio de Sanidad, no dará tiempo a desarrollar la orden para garantizar en la cartera nacional de salud el derecho a la reproducción asistida de mujeres lesbianas y sin pareja varón, ¿hay alguna otra forma de garantizar ese derecho?,
Yo comprendo que somos un Gobierno que hemos generado un dinámica de esperanza para mucha gente en este país. Vamos a recuperar el derecho a la reproducción asistida para las mujeres lesbianas en este país, otra cosa es que la cartera de servicios en el ámbito de la administración sanitaria requiera también de sus procedimientos para poderlo poner en marcha, pero eso es una posición política tomada. Y reforzada por un decreto del Observatorio de Salud de las Mujeres aprobado el viernes pasado, porque ese Observatorio es el que va a poner el foco en todas esas situaciones en las que las mujeres estamos discriminadas en el ámbito de la salud, entre las cuales está la situación de las mujeres lesbianas. De haber existido el Observatorio, que se dejó inane, eso no hubiera ocurrido porque hubiera podido recurrir esa decisión.
Es decir, que no dará tiempo a garantizarlo
Claro, porque los reglamentos necesitan unos plazos y tardan más tiempo casi en hacerse que una ley. No tardan menos de seis meses en hacerse. La decisión está tomada y en lo que dependa de este Gobierno eso verá la luz.
Según una encuesta de Metroscopia, el 44% de los encuestados cree que la ley de violencia de género desprotege a los hombres. ¿Cree que es una idea anterior que la derecha está aprovechando ahora o que es una cifra fruto de una reacción por el auge del feminismo?
Hemos vivido un tiempo que tenía un punto irreal, parecía que todo el mundo es feminista y no todo el mundo lo es. El feminismo no es patrimonio de todos, es patrimonio de las mujeres en siglos de lucha y de los hombres que han entendido que el estado moderno y la democracia tenían que ver con esto. Es patrimonio de esas posiciones políticas. Hay algunos que son antifeministas, ya lo sabemos y es bueno que lo sepamos. Hay algunos a los que el machismo les interesa, lo defienden y lo practican, igual que no les importa nada la pobreza o la desprotección de las clases trabajadoras. El feminismo es un movimiento igualitario, dirigido a la igualdad entre hombres y mujeres y eso son posiciones progresistas. Las leyes contra la violencia machista son leyes que han modificado mucho las estructuras y conceptos jurídicos y por eso es normal que muchos no lo entiendan. Habrá muchos que tarden en comprender que si las mujeres sufrimos especial violencia necesitaremos especiales mecanismos y leyes para proteger esa particular inseguridad.
¿Cargar contra Vox da alas a la extrema derecha? ¿Cómo hay que tratar a este partido? Usted va a acudir a los debates con ellos, ¿se les legitima tratándoles como una fuerza más?
Nosotros hemos dicho que no rehuimos debatir con nadie, entre otras cosas porque la palabra sobre quiénes están y quiénes no están en el sistema político primero la tienen nuestras leyes y, en segundo lugar, los ciudadanos en las urnas. A mí nunca me va a arrastrar la ultraderecha absolutamente a nada como socialista y como feminista que soy.
Dice que a usted no le puede arrastrar la ultraderecha. ¿Pero a PP y a Ciudadanos? ¿Ve factible que haya un Gobierno de esas fuerzas?
Los ha arrastrado ya. El PP ha dejado de ser el gran partido de derechas de este país con posiciones que estaban en una línea de tradición suya de estos 40 años. Están diciendo cosas en las que es difícil reconocer al PP. Vamos, se lo ha dicho Rajoy incluso. Rajoy, cuando ha tenido que comparecer como testigo, ha dicho cosas que están en las antípodas de lo que está haciendo Casado. Lo de Ciudadanos es todavía más incomprensible porque vino a ocupar un espacio de centro, incluso irrumpieron como socialdemócratas, y están haciendo ahora mismo las propuestas más radicales. Vox está arrastrando a los dos partidos a posiciones nada moderadas, nada estabilizadoras y nada reconocibles de lo que eran hasta hace muy poco.
¿Se cree el 'no' que les ha puesto Albert Rivera a gobernar con ustedes tras el 28 de abril?
Ese 'no' a quien francamente perjudica es a Ciudadanos. Se lo ha dicho alguna prensa extranjera. Que un partido que empezó para ocupar el centro diga que no quiere estar con los socialistas españoles después de 140 años peleando por las libertades y los derechos en este país, en lugar de decirlo sobre Vox, se califica solo. Creo que responde a una situación de desesperación del propio liderazgo de Rivera.
Rivera también dijo que no investiría a Mariano Rajoy y luego lo hizo, ¿ustedes se sentirían más cómodos teniendo a Ciudadanos como socio o a Podemos como ahora?
El señor Rivera ha cambiado en tan poco tiempo de posición, de afirmaciones y de principios que verdaderamente solo cabe colocarlo en esa situación que tiene poco crédito. Estamos ante unas elecciones y como partido no vamos a hacer otra cosa que intentar tener un respaldo muy importante para seguir tomando decisiones transformadoras de este país. No nos situamos más que en cumplir con las expectativas que hay sobre nosotros y dar respuesta a esa esperanza que se ha abierto paso. Las urnas nos colocaran a cada uno en nuestro sitio. No es momento para nosotros [de hablar de pactos]. Para nosotros lo más importante ahora es fortalecer nuestra democracia redistribuyendo a través de las políticas sociales unidad y cohesión no solo de los territorios sino de la vida de la gente.
¿Qué debe temer más el votante? ¿Un escenario de ingobernabilidad o un gobierno de la derecha con el apoyo de Vox?
Se le puede llamar de muchas maneras pero ya hemos vivido en este país un cambio de registro de la política. La política española se va a parecer ya a la política de otros países en Europa. Habrá que tejer alianzas, habrá que hablar con muchos y habrá que encontrar constantemente acuerdos. Nadie va a tener fuerza por sí solo para poder imponer muchas cosas. Creo que no va a tener que ver tanto con la inestabilidad sino con un cambio de cultura política. A la cultura política española le hace falta predisposición a la colaboración, al respeto y a la lealtad al diferente sabiendo que en la vida política lo de vencedores y vencidos tiene poco que ver con el talante democrático. Creo que el gran peligro es la radicalización en la que han entrado las derechas españolas arrastradas por la ultraderecha. Eso me preocupa pero que tengamos que hablar unos con otros en posiciones razonables para que los problemas se resuelvan ha venido para quedarse. El que esté en la radicalidad no va a entender que la política española ya no va a estar ahí.
¿Y a un Gobierno de Pedro Sánchez le podrían apoyar las fuerzas independentistas? El ministro de Exteriores ha dicho que no son de fiar para futuros gobiernos...
Menos de fiar que han resultado ser PP y Ciudadanos, imposible. PP y Ciudadanos se han dedicado a utilizar la Mesa de la Cámara para dejar sin funciones constitucionales al Pleno de la Cámara. Eso es muy poco constitucionalista. Aquí hay mucha gente que se tiene que bajar de esas posiciones absolutamente distorsionadoras de la vida política. No son solo unos, son unos cuantos los que han estado en posiciones muy poco razonables en el marco constitucional. PP y Ciudadanos no entendieron la moción de censura, no entendieron cuál era el sitio que tenían que ocupar a partir de ese momento y se han dedicado a algo tan poco entendible y con tan poca confianza para el propio sistema. Y, por supuesto, el independentismo quiere lo que quiere: romper la estructura territorial de este país. Pero el PSOE ya lo ha demostrado ayudando al anterior Gobierno a aplicar medidas excepcionales como son el 155 y ha demostrado en el Gobierno que nuestra tarea es una tarea de defender la Constitución y la democracia. No somos en absoluto sospechosos de estar en ninguna posición radical.
¿Son de fiar los independentistas para un Gobierno futuro?
Ese no es el problema. El problema es que Torra es el president de la Generalitat. Es verdad que no ejerce con criterios de interés general en Catalunya. Hace un uso partidista de su cargo, se lo hemos dicho, pero aún así es el president de todos los catalanes.
¿Hacer un uso partidista del cargo sería motivo para una intervención de Catalunya?
¿Pero cómo va a ser motivo para una intervención de Catalunya que el president Torra ejerza el cargo de una manera que seguramente será muy criticable por muchos catalanes y seguramente se lo dirán en las urnas? Esto es como si me dice: ¿es criticable que la Mesa del Congreso haya decidido bloquear al Pleno de la Cámara? Sí, por eso hemos recurrido al amparo. ¿Pero eso significa que no esté haciendo su trabajo o que el Congreso no esté cumpliendo su función? Nosotros pensamos que con un punto criticable porque han bloqueado a otros grupos que podrían tener mayoría. No solo ocurren esas cosas en ese campo. Es que lo curioso de la situación que estamos viviendo es que algunos que van todo el tiempo con la palabra Constitución y constitucionalismo constantemente toman decisiones y hacen cosas que son bastante poco defendibles.
¿A qué Pedro Sánchez se vota en estas elecciones? ¿Al que vio rebelión en la oposición y no en el Gobierno? ¿Al que dijo que no pactaría con los populismos o al que selló un acuerdo con Pablo Iglesias? ¿Al que sugirió que Torra es un xenófobo o al que se reunió con él en Pedralbes?
El presidente del Gobierno tiene una posición constitucional que le obliga a hablar con todos los cargos públicos de este país porque si no lo hiciera estaría incumpliendo la propia Constitución. Torra es un cargo público, es el president de la Generalitat independientemente de que lo votemos o no lo votemos. Así que la pregunta hay que formularla al revés. ¿Cómo podemos calificar a un presidente del Gobierno que se niega a reunirse con los cargos públicos de este país? Yo eso ya lo viví cuando Aznar decidió que no se reunía durante cuatro años con el presidente Manuel Chaves porque no le gustaba su partido político y se colocó en una situación poco defendible con la Constitución en la mano.
¿Por qué se les ha atragantado la exhumación de Franco?
No se ha atragantado. Es que hay un procedimiento y un Estado de derecho como el nuestro que tiene que cumplir con los elementos garantistas del traslado de unos restos humanos. Son de un dictador pero son restos humanos que no se pueden trasladar más que con las garantías protectoras del derecho a la intimidad. Segundo, la familia pudo haber optado desde el primer momento por hacerse cargo de los restos de su familiar y esto se habría hecho en muy poco tiempo, que era la opción que habría sido razonable para la democracia española: que la familia del dictador no hubiera estado obstruyendo constantemente la aplicación de esta ley. Ha dado más trabajo político, jurídico y más tiempo, pero nada más.
Ustedes que han estado negociando hasta la semana pasada con la familia, ¿qué les dicen? ¿Por qué no se han hecho cargo de los restos?
Porque no quieren, porque han decidido como familia del dictador mantener un pulso al Congreso, que es el que votó la ley sin ningún voto en contra; al Gobierno legítimo de España y a la democracia española. Lo han decidido y el sistema legal de España nos obliga a hacer todo un procedimiento garantista hasta el final. El final es la exhumación de los restos de Franco porque por encima de esa labor de obstrucción los actos del Gobierno solo pueden ser controlados por el Tribunal Supremo.
¿Cree que la exhumación se producirá antes de las elecciones?
Cuando termine el plazo en el que la familia nos puede indicar dónde podemos llevarlo, seguiremos nuestra tramitación. No está afectado por las elecciones ni por ninguna circunstancia porque es un procedimiento que tiene que ir con sus plazos de tiempo. Si la familia el lunes no nos dice dónde lo quiere llevar, nosotros seguimos con nuestro procedimiento para proceder a la exhumación.