El bloque de la investidura se revuelve contra el PSOE por no cumplir con la limitación de los alquileres

Las alarmas han saltado en los socios del Gobierno ante la intención del Ministerio de Transportes y Agenda Urbana que pilota José Luis Ábalos de optar por un sistema de beneficios fiscales para “promover” las bajadas en los precios del alquiler frente al acuerdo programático de la coalición que establece que se impulsarían las normativas necesarias para “poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado”. Ábalos ha defendido que “es más positivo y eficaz promover que imponer”, por lo que apuesta por “incentivar y no penalizar”, es decir, estimular el alquiler de viviendas a precios por debajo del mercado, pero sin que ello sea obligatorio. Unidas Podemos está en contra de ese planteamiento e incluso amenaza con descolgarse, pero también ERC y EH Bildu han dejado patente su preocupación ante la intención de los socialistas.

Ambas formaciones han solicitado la comparecencia de Ábalos en el Congreso “ante el posible incumplimiento de los acuerdos alcanzados para limitar los precios del alquiler y la necesidad de dar respuesta a la emergencia habitacional”. La petición se produce después de que el ministro haya defendido un modelo de “medidas fiscales” como fórmula para frenar la subida de los precios del alquiler mientras que el acuerdo de la coalición establece que “se habilitará a las comunidades autónomas y/o ayuntamientos para que a partir del Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda que está desarrollando el Ministerio de Fomento puedan establecer su índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica”.

La vivienda es un asunto especialmente delicado para los aliados parlamentarios del Gobierno, así como para el socio minoritario, que llegaron a presentar enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para presionar para que se alargara y ampliara la prohibición de los desahucios durante el estado de alarma. También la negociación interna de las cuentas públicas tuvo en la vivienda uno de los principales escollos de la negociación, aunque entonces se saldó con un acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos que incluía el impulso de la ley estatal de vivienda en un plazo de tres meses, que ha vencido ya.

La secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, ha recordado a través de Twitter el párrafo del acuerdo alcanzado a finales de octubre en las conversaciones presupuestarias y ha advertido: “Lo pactado obliga”.

Ábalos: “La vivienda es un derecho pero también un bien de mercado”

Ábalos ha asegurado este lunes que comparten los “objetivos” de la ley en la que trabaja el ministerio, pero ha reconocido que difieren en las “herramientas”. Así, los socialistas apuestan por los beneficios fiscales para los propietarios que alquilen viviendas por debajo de los precios del mercado. “Nos parece que es un enfoque mucho más positivo incentivar que no penalizar. Nos parece importante sacar viviendas al mercado y que haya estímulos para que se saquen viviendas al mercado de alquiler”, ha explicado Ábalos, que ha dicho que esos incentivos se darían a quienes arrenden sus inmuebles por debajo del valor que fija el índice de referencia del ministerio: “Es más positivo y eficaz promover que imponer”.

Para Ábalos ese sistema evitaría una “detracción del mercado”, porque muchas de las viviendas pueden acabar en el mercado de la compra-venta si se opta por una fórmula de techo al precio, según ha indicado. El ministro de Transportes y Agenda Urbana ha apostado por “una ley que dé respuesta a la función social de la vivienda, al derecho de la vivienda”, pero ha expresado que “no puede ser una ley coyuntural ni apremiada por una situación muy concreta o coyuntural”. “Que la coyuntura tampoco nos condicione esa ley básica de la democracia”, ha aseverado. 

También ha defendido que la ley se tiene que hacer con “seguridad jurídica” dado que la vivienda es una competencia de las comunidades autónomas. Así, ha señalado que tiene que ser “una ley garantista, con valor jurídico, que no sea recurrible y respete todos los derechos que tiene nuestro estado de derecho: el derecho a una vivienda también la propiedad privada, que concilie ambas cosas y tenga en cuenta que la vivienda es un derecho pero también un bien de mercado, que genera actividad económica, que busca también seguridad jurídica respecto de las inversiones”. “Todo eso que forma parte del mundo de la vivienda no lo podemos obviar”, ha zanjado. 

Al igual que hizo para despachar la propuesta de Unidas Podemos de que los grandes tenedores pongan un 30% de los inmuebles a disposición del alquiler social, Ábalos ha rechazado que “tengan que ser los particulares los que tengan que resolver la política pública de vivienda”. “Aspiramos a una política pública que comprometa a los poderes públicos y no transfiera esa responsabilidad a los particulares, sean estos más o menos solventes”, ha sentenciado. 

Colau exige a Sánchez que cumpla su compromiso

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha sumado este lunes a las críticas al PSOE por incumplir su compromiso de regular el precio de los alquileres. A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, Colau ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió por escrito con ella a regular los alquileres en 2017, un compromiso que se repitió en 2019 y en 2020. “Presidente, cumpla ya su palabra”, ha espetado Colau.

En 2017 @Sanchezcastejon se comprometió por escrito conmigo a regular los alquileres.

En 2019 el @PSOE firmó un acuerdo de gobierno con Unidas Podemos que incluía la medida.

En 2020 @Sanchezcastejon firmó para su concreción a inicios de 2021.

Presidente, cumpla ya su palabra. https://t.co/f3LLZ0Xf0g

— Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) February 22, 2021