Asimismo, el portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián, quiere saber qué responsabilidades piensa exigir el Gobierno y, en concreto, si entra en sus planes cesar a Serrano o a Zoido. “¿No considera que adjudicar una vivienda a un cargo público y sin la oportuna legitimidad jurídica sea motivo suficiente para depurar responsabilidades políticas?”, reza el escrito registrado por Rufián, recogido por Europa Press.
Rufián aspira también a que el Ejecutivo le aclare quién ofreció la vivienda al director de la DGT, o si fue él quien la solicitó, y si alguien advirtió al ministro del Interior de que se podía estar cometiendo una irregularidad.
Asimismo, se interesa por los criterios con los que se le adjudicó la vivienda, por qué se consideró oportuno hacer obras en la misma, quién las solicitó y quién las autorizó.
¿QUIÉN USA TODAS ESAS VIVIENDAS?
Además, ERC ha registrado una proposición no de ley con el objetivo de que el Congreso inste al Gobierno a enviar en un plazo de seis meses un informe donde se detallen todas las viviendas y residencias de titularidad estatal, las personas que hacen uso y la finalidad de las mismas, y cuánto cuesta mantenerlas, incluyendo reparaciones y acondicionamientos.
Y los independentistas también aspiran a que la Cámara emplace al Ejecutivo a presentar un proyecto de ley para regular los espacios y medios públicos, en el que se eliminen las posibles “prebendas y privilegios de los funcionarios y cargos públicos”.