El grupo parlamentario de ERC en el Senado ha promovido una reforma legal para facultar al Tribunal de Cuentas a fin de que pueda fiscalizar la actividad económico-financiera de la Casa del Rey e incluso las “variaciones de patrimonio” de los miembros de la familia real y permitir su “transparencia y control”.
Se trata de una proposición de ley que, de recibir el visto bueno de la Mesa de la Cámara Alta, será debatida para su toma en consideración, aunque en el hipotético caso de que recibiera luz verde del pleno después no se tramitaría en el Senado, sino en el Congreso.
Los senadores republicanos justifican su propuesta por la necesidad de eliminar “el riesgo de una gestión perversa” de los fondos públicos y porque “la ciudadanía tiene derecho a saber cómo se gasta el dinero que aporta como contribución al bien común”.
“La más alta institución del Estado está incomprensiblemente exenta de esta transparencia y control”, prosigue la iniciativa de ERC, para quien se trata de una “excepcionalidad que no tiene amparo constitucional” y además “mantiene en la opacidad los ingresos y gastos de quien ocupa la Jefatura del Estado y su familia”.
En su exposición de motivos, la proposición añade que al recibir un dinero de los Presupuestos Generales del Estado, la Casa del Rey “tiene la obligación moral de dar cuenta a la ciudadanía de cómo es usado el dinero público”.
Y reitera que el Parlamento debe “eliminar la opacidad” que rodea estas partidas, que deben ser sometidas a fiscalización por el Tribunal de Cuentas con la modificación de la Ley Orgánica que regula este organismo constitucional.
La Casa del Rey recibe 7,8 millones de euros anuales de los presupuestos estatales en aplicación de lo establecido en el artículo 5 de la Constitución, según el cual “El rey recibe de los presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma”.