Un error del juzgado de Peinado retrasa la decisión de la Audiencia sobre el caso de Begoña Gómez
La Audiencia Provincial de Madrid ha suspendido sus deliberaciones sobre la causa abierta contra Begoña Gómez y los recursos tanto de la esposa del Presidente como de la Fiscalía para archivar el caso. Los jueces del tribunal explican que necesitan más información sobre un recurso presentado por la defensa de Gómez a lo largo del procedimiento y critican que el juzgado no hiciera referencia a esas alegaciones en su “escueto testimonio”. Los jueces, por el momento, no han puesto fecha a una nueva reunión para decidir si delimitan de alguna manera la causa que mantiene abierta desde hace meses el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez.
Una de las secciones del tribunal madrileño había fijado este lunes como fecha para estudiar los recursos con los que la Fiscalía y la propia Begoña Gómez pedían el archivo de la causa, criticando entre otras cosas el carácter “prospectivo” de las diligencias que Peinado mantiene abiertas desde hace varios meses a instancias de Manos Limpias y otras acusaciones populares como Vox o HazteOir.
Las deliberaciones han sido suspendidas y por el momento no tienen fecha. El tribunal explica que examinando las actuaciones ha descubierto que Gómez presentó un recurso de apelación directo contra uno de los autos de Peinado y que, sin embargo, el juzgado no hacía “referencia” a él en el “escueto testimonio” enviado a la Audiencia Provincial de Madrid. Ese recurso, admite el tribunal, tiene “relevancia para la deliberación” y debe retrasar una decisión.
El primer día de julio el juez Peinado emitió un auto en el que contestaba a las múltiples peticiones de información de Begoña Gómez sobre el motivo exacto de su imputación. Ese día, la respuesta del juez fue que estaba investigada por “todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo desde que su esposo es el Presidente del Gobierno de España que se contienen en la denuncia inicial”. Gómez recurrió este auto directamente ante la Audiencia de Madrid.
El error en la remisión de la documentación es más grave aún si se atiende a que los jueces que tenían que analizarla dictaron una resolución el pasado 12 de septiembre, hace más de dos semanas, para que el juzgado de Peinado le remitiera el “testimonio íntegro” de la causa, es decir, toda la documentación que la integra.
La Audiencia Provincial había rechazado un recurso de súplica de la defensa de Begoña Gómez para que su relevante decisión fuera tomada antes del 30 de septiembre, casi tres meses después de la presentación del recurso. Sin embargo, los tiempos de la justicia y el hecho de que no se trate de una causa con preso –lo que obliga a acelerar todas las decisiones– motivó que la petición no fuera atendida.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid estiman en al menos un mes el retraso que provocará el error en el envío de documentación del juzgado de Peinado a la Audiencia Provincial. En el ínterin entre la presentación de los recursos y la resolución de los recursos pidiendo archivar la causa, que se iban a analizar hoy, el juez aprovechó para desplazarse a Moncloa y grabar al presidente del Gobierno acogiéndose a su derecho a no declarar contra su esposa.
“Deriva procesal”
En sus recursos, la Fiscalía y la defensa de Gómez enumeran una larga lista de decisiones del juez que consideran no fundamentadas o directamente contrarias a la ley. La Fiscalía alude en su recurso a una “deriva procesal” basada en resoluciones que adolecen de “falta de concreción” y que incurren continuamente en “generalidades”, dando pie a “una causa general” contra la mujer del presidente.
El abogado de Gómez habla, por su parte, de “causa universal”, una investigación sobre “la vida y obra” de la mujer del presidente. Se refiere a la advertencia del juez, en una de sus resoluciones, de que iba a investigar “todos los actos, conductas, comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es presidente del Gobierno que se contienen en la denuncia inicial”. El letrado advierte: “No cabe una investigación de todos los actos, conductas y comportamientos de nadie en un sistema procesal penal democrático”.
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