El informe de la Guardia Civil que apunta a la comisión de delitos en el ámbito penal por parte del Gobierno por su gestión de la crisis del coronavirus y que ha resultado clave para que la titular del juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, haya imputado al delegado del Gobierno, José Manuel Franco, concluye literalmente que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “conocía desde el mes de enero la gravedad real de epidemia del coronavirus”.
La Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de Madrid llega a ese diagnóstico a través de 81 páginas que componen un atestado repleto de errores estrepitosos, bulos sobradamente desmentidos, amputaciones de documentos públicos –cortados exactamente por los párrafos que interesan para sostener la tesis de que el Ejecutivo sabía de los riesgos de permitir la manifestación del 8 de marzo– e incluso la manipulación del testimonio de un testigo citado en la Comandancia de Tres Cantos (Madrid).
En distintos tramos del atestado, la Guardia Civil –que investiga a las órdenes de Carmen Rodríguez-Medel, conocida por imputar a Cristina Cifuentes en el caso Máster– afirma que la Delegación del Gobierno de Madrid “tenía conocimiento pleno sobre el peligro que se podría ocasionar si se continuaban celebrando reuniones o manifestaciones” a partir del 5 de marzo y que pese a ello consintió la celebración feminista del 8 de marzo y otras posteriores.
Los investigadores especulan incluso sobre “la posible intencionalidad” del Gobierno en ocultar supuestas llamadas a promotores de otras movilizaciones para que se desconvocasen, alertándolos de un riesgo que el mismo Ejecutivo no tuvo en cuenta para el 8M. Esa hipotética doble vara de medir es la que ha llevado a la juez del caso a imputar prevaricación administrativa por omisión, dictar una resolución injusta a sabiendas, en este caso no prohibir las marchas feministas, un delito que no conlleva pena de cárcel, pero sí inhabilitación para el cargo público.
El polémico informe ha motivado el cese del jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, supuestamente por negarse a informar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska sobre su contenido alegando que sus autores solo podían responder ante la juez que dirige la investigación.
A continuación, repasamos uno por uno los errores, bulos y mentiras del atestado de la Guardia Civil sobre el 8M.
El Gobierno ya conocía desde el mes de enero la gravedad real de la epidemia del coronavirus.
Falso. Es una de las afirmaciones más extravagantes del informe tanto por su rotundidad como por el método que emplea la Guardia Civil para llegar a ella. En enero no se había diagnosticado ni un solo caso en España y ningún organismo había alertado de lo que podía avecinarse en nuestro país. Pero el informe de la Guardia Civil llega a esa conclusión a través de una noticia de OkDiario, que subraya unas declaraciones del ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, en las que a finales de marzo aseguraba que el 2 de febrero se realizaron reuniones con dos científicos para investigar la enfermedad que estaba asolando a la ciudad china de Wuhan.
Lo que dijo el ministro fue lo siguiente: “Los investigadores españoles empezaron a trabajar de forma intensa desde que se conoció esta enfermedad en el mes de enero. Ya el 2 de febrero tuvimos una reunión con los profesores Juanes y García Sastre, este último en Nueva York, para asegurar que tengan más facilidades y todos los medios necesarios para investigar la enfermedad. Ese mismo 2 de febrero liberamos medios e hicimos cambios legales para reducir plazos que culminaron en el Real Decreto de Estado de Alarma donde hemos puesto todas las medidas de funcionamiento”. Esas palabras de Duque llevaron a OkDiario a titular Pedro Duque admite que el Gobierno ya conocía desde enero la gravedad del virus. Y la noticia saltó en forma de conclusión al atestado de la Guardia Civil.
“El 28 de febrero el Centro de Coordinación y Alertas de Emergencias Sanitarias admitió que había transmisión comunitaria”.
Falso. Lo que dijo ese día Fernando Simón fue exactamente lo contrario. Se trata de otro corta-pega con errores de una información de prensa, en este caso de la publicación Redacción Médica, que sí recoge bien las palabras del científico.
El atestado señala en su página 73 –dentro de los elementos para tratar de probar que el Gobierno tenía base para prohibir la manifestación del 8 de marzo– que el doctor Simón había admitido 10 días antes, el 28 de febrero, que había “transmisión comunitaria”, o lo que es lo mismo, que no todos los casos eran importados de otros países. El atestado añade una frase para explicar lo que significa la supuesta afirmación que atribuye a Simón: “Este escenario define que no se puede contener el virus controlando a las personas que estén infectadas y a su entorno, porque ya no se conocen estos”.
En realidad, la noticia, que sigue publicada en Redacción Médica, no señala lo que dice el atestado y sí, lo siguiente: “Esto, según ha explicado, [Simón] se debería a que en los casos que se consideran por ahora 'transmisión comunitaria' (Madrid y Sevilla) se han podido trasmitir a un nivel 'muy bajo'”. Es decir, Simón defendió ese día la tesis contraria a la que ahora le adjudica el informe policial. Su intervención completa puede seguirse aquí.
El propio medio especializado ha publicado en las últimas horas una noticia para desmentir la parte que le atribuye el informe.
“El Ministerio de Sanidad recomendó el 3 de marzo suspender eventos multitudinarios de cualquier tipo”.
Falso. Para llegar a esa conclusión, el informe de la Guardia Civil amputa una instrucción del Ministerio de Sanidad y concluye que el departamento de Salvador Illa había recomendado el 3 de marzo “suspender eventos multitudinarios de cualquier tipo”. La cita de la circular de Sanidad está cortada: lo que sí pidió la instrucción del Ministerio en esa primera semana de marzo en la que el virus todavía no se había descontrolado fue prohibir eventos multitudinarios de cualquier tipo “con alta presencia de personas procedentes de cualquiera de las zonas del mundo en las que se ha constatado trasmisión del virus SARS-COV2”.
El corta-pega en este caso es muy relevante porque sobre él se apoya la tesis central del informe, según la cual, la Delegación del Gobierno dio distinto trato a los eventos en función de sus intereses políticos y, por ejemplo, presionó para cancelar un congreso evangélico internacional, que iba a celebrarse los días 19, 20 y 21 en un pabellón de Madrid mientras autorizaba las marchas del 8 de marzo, que están en el origen de la denuncia presentada por un particular en el juzgado.
La fuente de ese tramo del informe es otra noticia que OkDiario publicó el pasado 30 de marzo. La información titulada El Gobierno pidió suspender un congreso evangélico en Madrid por el coronavius dos días antes del 8M reproduce una instrucción firmada por la Directora General de Salud Pública del Ministerio, Pilar Aparicio, que hace estas dos recomendaciones:
- Los eventos multitudinarios de cualquier tipo con alta presencia de personas procedentes de cualquiera de las zonas del mundo en las que se ha constatado transmisión del virus SARS-COV-2 se consideran evento de riesgo para la transmisión de este patógeno y suponen un riesgo para la salud de la población.
- Se recomienda el aplazamiento de estos eventos (o en su caso la suspensión) hasta que se haya verificado por la autoridad sanitaria el control de la transmisión de enfermedad y del riesgo asociado.
Aunque la información del diario digital está completa, en el informe policial se cita la orden recortada para que haga alusión solo a los “eventos multitudinarios de cualquier tipo”. La segunda parte de la frase no aparece: “Con alta presencia de personas procedentes de cualquiera de las zonas del mundo en la que se ha constatado transmisión del virus SARS-CoV-2”.
Las “recomendaciones imperativas” para suspender el Congreso Evangélico “confrontan con la celebración incluso en fechas posteriores del 8M”.
Falso. Es otra de las ideas-fuerza del informe que se utiliza para apuntalar la supuesta prevaricación del Delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, al que se acusa de autorizar unas manifestaciones y suspender otras en función de los intereses del Gobierno.
El atestado de la Guardia Civil destaca que al congreso internacional Unlimited de la iglesia evangélica estaban citadas 5.500 personas en el pabellón de la Caja Mágica en Madrid los días 19, 20 y 21 de junio –finalmente fue suspendido por recomendación del Ministerio– algo que no se hizo con el Día Internacional de la Mujer en Madrid pese a tener una afluencia prevista de un millón de personas.
El informe obvia las diferencias entre los dos eventos: en primer lugar la que tiene que ver con la instrucción del Ministerio que en aquel momento pedía aplazar los eventos multitudinarios que concentrasen a personas procedentes de países donde el virus ya se había extendido como Italia o China. En aquel momento en toda España se habían detectado un total de 365 casos y habían fallecido cinco personas.
El documento policial también pasa por alto que el evento religioso tenía previsto celebrarse en un recinto cerrado, en el pabellón de la Caja Mágica en Madrid, y no al aire libre y que sus propios organizadores habían previsto la llegada de más de 8.000 personas desde distintos países.
La suspensión del congreso evangélico no fue la única decisión que se tomó aquel 6 de marzo para evitar que aterrizasen en España pasajeros procedentes de países donde el virus estaba descontrolado. El Ministerio de Sanidad suspendió también ese día las pruebas del Ministerio de Justicia para el acceso a la Abogacía el 6 de marzo con el mismo argumento: “El número de solicitantes que se desplazarían a España provenientes de determinados países en los que la difusión del COVID ha obligado a adoptar medidas extraordinarias de contención”.
La resolución puede leerse aquí.
La Comunidad de Madrid recomendó evitar aglomeraciones el día 5 de marzo.
Es falso. El informe de la Guardia Civil recoge una serie de recomendaciones sanitarias de la Comunidad de Madrid, entre las que llama la atención la emitida por la Dirección General de Salud Pública el 5 de marzo, tres días antes de la manifestación. En ella, según los agentes, se insta a “evitar lugares con aglomeración de personas tales como eventos multitudinarios”.
Da la impresión de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso recomendaba a la población evitar eventos como manifestaciones, pero no es así. Los agentes que elaboraron el informe excluyeron una parte fundamental de esa instrucción: se refiere únicamente a quien haya tenido contacto con personas contagiadas. Al resto de los ciudadanos, de hecho, el Gobierno regional les dice que pueden “continuar con su actividad con toda normalidad” y solo les recomienda algunas medidas de higiene. Como en el caso de la instrucción del Ministerio de Sanidad, el atestado amputa una parte fundamental del documento que hizo público la Comunidad de Madrid.
En contra de lo que ha sugerido el Ejecutivo de Ayuso, la Comunidad de Madrid no emitió ninguna alerta sanitaria relacionada con el peligro de expansión del coronavirus de cara al 8M. Se limitaron a enviar a la Delegación del Gobierno dos resoluciones que habían adoptado sobre centro de mayores y prácticas de estudiantes universitarios. Se remitieron al filo de las 21.00 horas del sábado 7 de marzo.
La Delegación del Gobierno instó “a los promotores a que el evento no se lleve a cabo por la crisis sanitaria del COVID-19 y utilizando en alguno de los casos expresiones imperativas”.
Es el nudo gordiano del atestado: que la Delegación del Gobierno presionó a quienes tenían actos convocados después del 8M para que los anularan por la alerta sanitaria mediante llamadas telefónicas. Los agentes que redactan el informe concluyen que 12 “reuniones/manifestaciones/concentraciones” fueron canceladas “en virtud de dichas llamadas”.
Se ha demostrado que también es mentira. En las declaraciones que se recogen en el informe policial nadie habla de presiones por parte de la Delegación del Gobierno. De hecho, El País contactó con 10 testigos de los que habían declarado ante los agentes y todos negaron haber recibido presiones por parte del organismo que dirige José Manuel Franco. Varios relatan –y así se lo dijeron también a los agentes– que ya habían tomado la decisión de suspender las movilizaciones antes de recibir la llamada de la Delegación del Gobierno.
El informe concede especial relevancia al testimonio de Diana Chnaiker, de la Asociación de Personas Aptas sin Ayudas del Alquiler (APASAA), que tenía previstas tres manifestaciones en marzo los días 5, 12 y 19. La primera se celebró, a la segunda no acudió nadie porque iba a hacerse frente a la Asamblea de Madrid pero se había suspendido el pleno y la del 19 –con el estado de alarma ya en vigor– se desconvocó.
Según la Guardia Civil, “el motivo de la cancelación se debe a que el día 17 de marzo de 2020, sobre las 13.00 horas, la sra. Chnaiker recibió una llamada telefónica de un hombre empleado de la DG” que le dice que la protesta no puede llevarse a cabo por la situación sanitaria, “accediendo a lo solicitado”. En conversación con eldiario.es, Chnaiker niega esa versión. Asegura que su organización ya había decidido desconvocar la protesta por la entrada en vigor del estado de alarma y que la Delegación del Gobierno en ningún momento le presionó para que no se celebrase. Solo le pidieron que comunicara la cancelación por escrito.
La sociedad estaba concienciada “sobre las consecuencias y la propagación del patógeno y demuestra el grado de responsabilidad de los mismos para evitar contagios y como medida de seguridad preventiva, incluso sin ser expertos en la materia”.
La Guardia Civil explica así la cancelación de manifestaciones que tuvo lugar en la Comunidad de Madrid tras el 8M (solo una se desconvocó antes de esa fecha alegando motivos sanitarios). “Un total de 22 actos se han cancelado por motivos sanitarios, de los cuales 14 de ellos son los propios promotores los que de oficio deciden cancelar la celebración [los otros ocho son los que cuestiona que hayan sido llamados desde Delegación del Gobierno], e incluso en fechas tempranas, siendo la primera fecha de desconvocatoria el 5 de marzo y la última el 14 de marzo”, recoge el informe. Sin embargo, la primera fue el 6 de marzo y no se volvió a cancelar por motivos sanitarios ninguna otra hasta el 9 de ese mes, fecha en la que la comunidad reconoció que los nuevos casos se habían multiplicado por ocho y anuncia el cierre de los colegios.
“Fue determinante el cierre de colegios”, explica Chema Martínez, de CCOO, sobre la cancelación de dos concentraciones que tenían previstas esa semana. “Quien dio la alarma e informó al Ministerio fue la Comunidad de Madrid cuando se dio cuenta del salto y que tenían algo que no querían hacer”, explica este responsable sindical, que sí participó en la reivindicación feminista del 8M.
El 10 de marzo se desconvocaron dos movilizaciones; tres, el día 11; trece, el día 12; y una, el día 14. La última fue el 17 de marzo, de acuerdo a la relación que figura en el informe, que alude a dos movilizaciones previstas para el 15 y 16 de marzo que no se desconvocaron “si bien nadie asistió a las mismas, precisamente por responsabilidad ante el temor de contagios de COVID-19”. Lo cierto es que en ese momento toda España estaba ya confinada.
Las ministras que participaron en la manifestación llevaban guantes de látex para evitar contagiarse por coronavirus.
No es verdad. La Guardia Civil incluye un titular de la Cadena Cope basado en un bulo que circuló en las redes sociales y que ha sido sobradamente desmentido: que las ministras socialistas llevaban guantes en la manifestación del 8M por que supuestamente conocían el riesgo de contagio y que, sin embargo, no alertaron al resto de los participantes. “El 1 de abril se tiene conocimiento a través de una noticia del diario digital cope.es titulada El vídeo del 8-M con el que acusan al Gobierno de ocultar la verdad sobre el coronavirus: ”No se besa“, en la que apunta que el Gobierno sabía el peligro real del coronavirus”, según redacta la Guardia Civil, que señala que en el vídeo que incluye como prueba “se observa a la ministra Celáa y a la exministra Valerio portando guantes de látex”.
Lo que omite el informe policial es que en la propia noticia ya se especificaba que esos guantes “resultaron ser parte del atuendo habitual de las manifestaciones feministas y no una medida preventiva frente al coronavirus como muchos apuntaron”. De hecho, se puede ver a personas portando esos mismos guantes en la manifestación de 2019. También alude a que se aprecia una voz advertir “No se besa, no se besa” a las personas que encabezan la manifestación. Sin embargo, en los vídeos difundidos por Cope se ve a Nadia Calviño saludar con normalidad con dos besos o a Carmen Calvo abrazar a otra mujer al verla.
“El 30 de enero de 2020, la OMS califica el actual brote de COVID-19 como pandemia”.
Falso. La OMS declaró oficialmente a este brote de coronavirus como pandemia el 11 de marzo: tres días después de la manifestación del 8M y dos meses y medio más tarde que la fecha que afirma el informe de la Guardia Civil.
Lo que hizo la OMS el 30 de enero fue otra cosa: declarar una emergencia sanitaria internacional por el incremento de los contagios en China y porque ya se habían detectado los primeros casos fuera de este país.
La OMS, el 30 de enero, “señalaba que Europa era el epicentro de la pandemia, con más casos y víctimas mortales que en el resto del mundo, exceptuando China”
Falso. El acta de la OMS del 30 de enero desmiente esa afirmación ya que refiere 7.711 casos confirmados y 12.167 casos sospechosos en China de acuerdo a los datos aportados por el Ministerio de Salud de la República Popular: “De los casos confirmados, 1.370 son graves y ya se han registrado 170 víctimas mortales. 124 personas se han restablecido y han recibido el alta hospitalaria”. “La Secretaría de la OMS presentó una visión general de la situación en otros países. En estos momentos hay 83 casos en 18 países. De esos casos, solo 7 no habían viajado a China. Ha habido transmisión interpersonal en tres países fuera de China. Uno de estos casos es grave, pero no ha habido víctimas mortales”, agrega el acta, que no hace referencia concreta a Europa. En ese momento no había ningún caso localizado en España. El primero se detectó al día siguiente en La Gomera: un turista alemán que había tenido contacto con un contagiado.
“Las declaraciones de Fernando Simón implican un riesgo para toda la comunidad”.
Está así, tal cual, escrito en el informe de la Guardia Civil. A quien ha sido la voz del Gobierno durante toda la pandemia le acusa el atestado policial de “hacer declaraciones que implican un riesgo para toda la comunidad”. Así justifica el atestado semejante aseveración: “Ese mismo día [el 27 de febrero] el director del CCAES declaró en la cadena Ser que el coronavirus posiblemente había llegado a España en la segunda semana de febrero, 'el virus no ha llegado cuando llegan los casos, el virus ha llegado antes. La cuestión es saber cuánto tiempo antes”. Sobre esa afirmación de Simón, que a día de hoy está asumida por toda la comunidad científica, escribe el informe de la Guardia Civil: “Nuevamente las declaraciones generan gran incertidumbre de la situación [sic] a fecha de las declaraciones y por ende del potencial peligro de las reuniones de masas ya que las propias declaraciones implican un riesgo para toda la comunidad” (sic).