La escalada de alquileres e hipotecas acentúa la tensión entre los socios del Gobierno por la Ley de Vivienda

La tensión en la coalición se mantiene a cuenta de la Ley de Vivienda cuando María Jesús Montero va tachando días del calendario para llegar a presentar los Presupuestos Generales del Estado “a finales de septiembre o principios de octubre”. La norma con la que PSOE y Unidas Podemos pretenden, entre otras cosas, regular los precios del alquiler y aumentar el parque público de vivienda, permanece encallada por la negativa de los socialistas a extender el tope de los precios del alquiler en zonas tensionadas a todos los propietarios y no solo a los grandes tenedores, que es el acuerdo alcanzado hace un año. La que es una de las medidas estrella de la coalición se le lleva atragantando desde el inicio del mandato y amenaza con enquistarse justo cuando hay una espiral de precios en los alquileres y las hipotecas. 

Ambos socios de la coalición reconocen que la ley está en este momento bloqueada, pero hay reproches cruzados en el porqué. El ala socialista sostiene que la Ley de Vivienda se pactó en unos términos durante una dura negociación que se alargó meses y que fue clave en el anterior pacto presupuestario. Unidas Podemos sostiene que la ampliación del tope de los precios facilitaría el apoyo del resto de aliados progresistas. En todo caso, los límites –que afectarán fundamentalmente a las grandes ciudades– se impondrán siempre y cuando las comunidades autónomas lo regulen, porque son estas las que tienen la competencia en materia de vivienda. El PP ya ha amenazado con boicotear la ley desde las autonomías y ayuntamientos donde gobierna. 

A día de hoy y hasta finales de año, la revisión de la renta de los alquileres ya está topada. En marzo, el Gobierno limitó las subidas a un máximo del 2%. Lo hizo en el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Una medida, en principio para tres meses, que se ha prorrogado y que no hay que descartar que vaya más allá del 31 de diciembre. 

El texto aprobado en marzo exige que “cualquier persona arrendataria de un contrato de alquiler de vivienda (…) cuya renta deba ser actualizada porque se cumpla la correspondiente anualidad de vigencia (…) podrá negociar con el arrendador el incremento que se aplicará”. Pero, si no hay acuerdo, la subida tiene que ser el Índice de Garantía de Competitividad, que está topado en el 2%. Es decir, si no hay acuerdo entre las partes que diga otra cosa, la revisión de la renta de un alquiler tiene que ser de ese 2%.

El problema, según defienden los sindicatos de inquilinos, es que ese texto deja lagunas. “Esta medida es del todo insuficiente”, aseguraron este jueves tras reunirse con el secretario de Vivienda, David Lucas. No es bastante, indican, por tres motivos. “Porque se aprobó tarde, y muchos hogares sufrieron subidas desproporcionadas de alquiler entre octubre y marzo”. “En segundo lugar, porque esta limitación no afecta a las renovaciones de contrato, por tanto, cada mes miles de inquilinos a quienes se les acaba el contrato se enfrentan a subidas totalmente descontroladas e inasumibles”, añaden. Y “en tercer lugar, porque un redactado absolutamente deficiente de la norma ha incentivado a muchos arrendadores a desinformar a los inquilinos para que firmasen pactos que les perjudicaran”. Por eso, exigen “la congelación de los alquileres a través de prórrogas obligatorias de contratos para evitar subidas o expulsiones en las finalizaciones de contrato, como ya se están viviendo”. También, que las actualizaciones no sean al 2%, sino al cero. 

Alquileres un 4,7% más caros, según Eurostat

¿Y cuánto están subiendo los alquileres? Ese es otro de los problemas que, además, sobrevuela la futura Ley de Vivienda. No existen estadísticas oficiales actualizadas sobre cuánto suben y la mayoría de datos que se manejan habitualmente corresponden a portales inmobiliarios que son parte interesada en la evolución de los precios. Idealista, por ejemplo, señaló en agosto un incremento del 6,4% interanual. El último dato actualizado del Instituto Nacional de Estadística (INE) corresponde a una estadística experimental y los últimas cifras son de 2020 indican que, en el año de la pandemia, los alquileres subieron un 0,9%. En cambio, si nos vamos a Eurostat, la oficina estadística de la UE, el alquiler inició a principios de 2018 un crecimiento constante y continuo, hasta alcanzar una subida de precios del 4,7% al cierre de 2021. 

El problema de esa falta de estadísticas actualizadas, que estén ligadas a la percepción de subidas de precios constantes que constatan quienes buscan pisos alquiler, se cuela en la Ley de Vivienda. Esta prevé la creación de un índice de precios, pero no se sabe cómo se va a hacer, si tendrá en cuenta datos alquileres de los que dispone Hacienda, los del INE o los registros de fianzas de las comunidades autónomas. El texto que salió de Moncloa marca un plazo de hasta 18 meses después de la aprobación de la ley para diseñar y aprobar ese futuro índice. Con el retraso que acumula la norma, corre el riesgo de no llegar a tiempo ese reglamento. 

Conversaciones con los bancos sobre hipotecas

El otro reto que encara el Gobierno es el alza de las hipotecas. La espiral de subidas de tipos de interés que ha marcado el Banco Central Europeo y que sigue la estela de lo que está ocurriendo en Estados Unidos señala el camino. El Euribor, el índice que marca el paso a las hipotecas variables, roza el 2,5% y está en máximos desde 2009. 

Moncloa ha rechazado por ahora todas las propuestas que han llegado de sus aliados para tratar de suavizar esos efectos en el pago mensual de las hipotecas. Unidas Podemos planteó poner un tope en el caso de las variables y ERC, un fondo de rescate. Pero ambas fueron descartadas por el PSOE. Por ahora el área económica del Ejecutivo no ha hecho un planteamiento concreto y confía en las conversaciones que han iniciado con los bancos. “Estamos trabajando, estamos reuniéndonos en estos días con el sector financiero para ver cómo podemos seguir profundizando y avanzando en el apoyo a aquellas familias que puedan tener una dificultad en el pago de la hipoteca”, expresó la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, en respuesta a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en la sesión de control. 

Calviño apuntó a una “batería de medidas” que se han puesto en marcha en los últimos años, como la reforma de la ley hipotecaria para poder cambiar de tipo variable a tipo fijo gratuitamente a partir de los tres años del contrato, la aprobación de mecanismos para reestructurar la deuda, tener quitas o la dación en pago en el caso de situaciones “más vulnerables”. “En todo caso, seguiremos actuando para que tengan las mejores rentas posibles, porque las rentas de las familias son, al final, las que les van a dar fuerza para poder enfrentarse a cualquier reto que tengamos por delante”, apostilló la vicepresidenta económica. 

Una de cal y una de arena con el impuesto a los ricos

El otro frente que tienen abierto en el Ejecutivo es el gravamen a las grandes fortunas, que es una de las “reivindicaciones históricas” de Unidas Podemos, como recordó este jueves su portavoz, Pablo Echenique. Sin habérselo anunciado previamente al socio minoritario en las conversaciones que tienen en marcha en el marco de la negociación presupuestaria, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha abierto la puerta a un nuevo impuesto a los ricos coincidiendo con la batalla fiscal que se ha reabierto a raíz de la decisión del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, de seguir la estela de la Comunidad de Madrid y eliminar el impuesto de Patrimonio. 

El choque en la coalición, sin siquiera haber entrado en la letra pequeña, llega de nuevo por el alcance de la medida. Montero aseguró que su departamento trabaja en una figura impositiva de carácter “temporal” que tenga efecto a partir del 1 de enero de 2023 y que circunscribió a la duración de la guerra de Ucrania. “Ojalá esas circunstancias se corrijan, Putin se retire de Ucrania y podamos volver a la normalidad”, apuntó la titular de Hacienda. 

Rápidamente, tanto Unidas Podemos como ERC dieron la “bienvenida” a la nueva posición del PSOE, pero reclamaron que el nuevo impuesto sea estructural, es decir, permanente. Desde el grupo confederal apuntan, además, a la necesidad de abordar ya una mayor ambición en la progresividad fiscal, incluyendo el incremento a las rentas más altas, como se pactó en el acuerdo de la coalición. Fuentes del espacio confederal apuntan a la “preocupación” por que el giro a la izquierda que le pidieron a Pedro Sánchez se quede solo en lo discursivo ante el encallamiento que perciben en asuntos como el de la vivienda, pero también en la negociación presupuestaria, en la ley mordaza o en la de bienestar animal al pretender dejar fuera del paraguas de la protección a los perros de caza.