El escándalo Errejón activa una segunda bomba de relojería en el Gobierno tras el caso Ábalos

Primero Ábalos y ahora Errejón. Otra bomba de relojería sobre el corazón del Gobierno. La una y la otra impactan de lleno sobre dos de las banderas de la coalición: el combate contra la corrupción y la lucha feminista. ¿Quién sabía? ¿Por qué se ocultó? ¿Quién decidió taparlo? Son preguntas que planean en un caso y en otro. En el primero, nadie ha admitido en el PSOE que conociera los hechos que sitúan al exministro de Transportes y ex secretario de Organización en el epicentro de una trama corrupta, más allá del zumbido constante sobre su desordenada vida privada.  

En el segundo, ya al menos dos dirigentes del espacio Sumar (Mónica García, de Más Madrid y María Eugenia Rodríguez Palop, exdirigente de la coalición de Yolanda Díaz) han reconocido públicamente que la organización tuvo constancia de otras denuncias anónimas y que no les prestó atención. Mucho más críptica fue la secretaria de Comunicación de Sumar, Elizabeth Duval, al decir: “No lo sabíamos, pero probablemente tendríamos que haberlo sabido”. Y Enrique Santiago (IU) pedía una “reparación social” al espacio que lidera –o no– Yolanda Díaz.

Hablamos, claro, de la dimisión del portavoz parlamentario de Sumar, que el jueves anunciaba que abandonaba la política tras una denuncia anónima de violencia machista. El político que llegó para asaltar los cielos caía en cuestión de horas a un averno político y social mientras trataba de enmascarar los hechos con una delirante nota autoinculpatoria en la que hablaba de “errores cometidos” e intentaba justificar con las más estrambóticas excusas: desde el ritmo frenético de la política al neoliberalismo.

El tsunami creció en intensidad cuando pocas horas después de su dimisión, la actriz y presentadora de televisión Elisa Mouliaá, de 35 años, presentaba en comisaría una denuncia contra Errejón por un episodio de violencia machista que supuestamente sufrió hace tres años y que incluye un espeluznante relato de los hechos que, según fuentes policiales, podría apuntar a tres supuestos delitos de agresión sexual. Y con ella se abría la espita.

Los hechos desataron una auténtica tormenta en el seno de un espacio como el de Sumar, que atraviesa su peor momento político y electoral y, por tanto, reabren el debate sobre la viabilidad del proyecto que impulsó Yolanda Díaz, a quien los acontecimientos la pillaron de viaje institucional en Colombia. Desde allí atribuyó la renuncia de Errejón a una investigación de Sumar de la que nadie había tenido noticias previamente. Ya hay, sin embargo, quien apunta sobre la responsabilidad de la propia Díaz y la interpela sobre si lo que conocía respecto a Errejón iba más allá de su afición fiestera y otras tantas. Desde Podemos sostienen que la propia Ione Belarra mantuvo con ella “una conversación al respecto durante la negociación de las listas electorales” y que la líder de Sumar hizo caso omiso de la misma.

El caso es que la caída del último superviviente de la nueva política llega en un momento de endeblez de la vicepresidenta, con una influencia mermada en el ámbito del Gobierno y tras una pérdida notable de apoyos en las últimas citas electorales, lo que llevó a Díaz a dimitir del liderazgo orgánico de Sumar, pero no del parlamentario. Y a nadie se le escapa tampoco que resquebraja la bandera del feminismo que enarbola una izquierda que, como demuestran los hechos, no tiene patente de pureza en lo que respecta a las violencias machistas porque estas no distinguen colores políticos ni condiciones sociales.

Cada semana, un Vietnam en el Parlamento

La coherencia entre lo que se predica y lo que se practica debería, eso sí, ser ineludible en política, pero más allá de las responsabilidades penales que se deriven y de los rivales que se alegren de la caída a los infiernos de Errejón, lo cierto es que el escándalo pone no solo a Sumar, sino a todo el Gobierno frente al espejo de una realidad incómoda en uno de sus peores momentos. Sin Presupuestos, con la mayoría de la investidura resquebrajada y a la espera de que los congresos de Junts y ERC determinen el rumbo a seguir, el Ejecutivo se encuentra cada semana en el Parlamento con un Vietnam. 

La parte socialista de la coalición que intenta mantenerse al margen del escándalo Errejón no puede ocultar la preocupación por el asunto. Tanto por la situación de debilidad de su socio de gobierno como por la ofensiva desplegada por la derecha sobre el discurso feminista. Está el PP, en todo caso, ironizan, “para dar lecciones de protección a las víctimas de la violencia machista como ha hecho Aznar desde FAES siendo el presidente del Gobierno que protegió al alcalde de Ponferrada que fue condenado por el caso Nevenka”.

“Ni sabíamos nada de todo esto ni somos responsables de los comportamientos individuales de los dirigentes de Sumar. Que responda Errejón y cualquiera que supiera de sus actitudes”, sostiene un ministro del PSOE, que admite que la consigna en todo caso es respaldar a la vicepresidenta Yolanda Díaz como hizo el propio Sánchez al conocer la dimisión de Errejón y, al día siguiente, le siguió la vicepresidenta María Jesús Montero.

Todo esto tan solo unos días después de que el juez que instruye el caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, haya pedido al Tribunal Supremo que investigue al exministro de Transportes y actual diputado del Congreso José Luis Ábalos ante los “indicios fundados y serios” de su “papel principal” en una organización criminal que supuestamente se lucró con la venta de mascarillas durante la pandemia. El magistrado atribuye a Ábalos una “imputación clara y concreta” a través de una serie de indicios que evidencian su presunta participación en delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.

Un caso que el PP, incluso antes de la imputación de Ábalos, ya había convertido en un asunto de corrupción estructural que los socialistas niegan la mayor y creen perimetrado en el entorno del exministro. “Ni Ábalos es Bárcenas ni la trama que dirigía el empresario Aldama es la Gürtel”, defiende un destacado socialista. Lo relevante esta semana para un ministro del PSOE es que la constatación de que “los de la nueva política que venían a enseñar a todos la pureza de la democracia” han quedado sepultados y “muy en evidencia”. 

Quien sale de aquí debilitada, en su opinión, es la llamada nueva política, sobre cuyos líderes parece que hubiera una especie de maldición que les ha hecho desaparecer por un motivo u otro. Así que en un intento de soslayar la inquietud por el desgaste que tanto el caso Ábalos como los presuntos abusos sexuales de Errejón puedan provocar en la coalición, en el PSOE prefieren poner el foco sobre lo que creen que será un dilema electoral entre bloques, “ya que, más allá de los recorridos penales de ambos casos, ninguno de ellos provocará un trasvase de votos de la izquierda a la derecha”. Hoy, añaden, nadie cree ya tampoco en aquel discurso que salió del 15M de que PSOE y PP son lo mismo, a pesar del caso Ábalos.

Sánchez, pese a todo, “tranquilo”

En la Moncloa afirman que el presidente transmite absoluta “tranquilidad” a este respecto, pese a que es consciente de que la ofensiva judicial durará tiempo y de que la derecha tratará, como hasta ahora, de extender “sin fundamento alguno” un manto de sospecha general sobre todo el Gobierno y todo el PSOE. Confían, de hecho, en que los socialistas puedan crecer a costa de quienes se han desconectado de la nueva política. Pero esa es una incógnita que no se resolverá antes de por lo menos dos años, los que esperan que dure la legislatura. 

Un tiempo que, sin embargo, a juicio de quienes orbitan en la izquierda alternativa, puede servir para reconstruir el atomizado espacio que ahora lidera Yolanda Díaz. De hecho, “la salida de Errejón podría ser un acicate para esa convergencia de las diferentes marcas”, en opinión de quienes trabajan por la ansiada unidad de la izquierda y reconstruir así una candidatura única. Todo dependerá de si la debilidad manifiesta de Yolanda Díaz la lleva a repensar sus estrategias y transitar hacia una senda “con todos dentro y sin vetos cruzados”, como dijo el coordinador de IU, Antonio Maíllo.