Los escándalos de Juan Carlos I ponen a prueba el pacto del bipartidismo para afianzar a Felipe VI

La revelación de que el anterior jefe del Estado español escondió una fortuna a la Hacienda de su país pone a prueba la fortaleza del acuerdo del bipartidismo en 2014 para asegurar la continuidad de la Monarquía en la figura de Felipe VI. Aquel Congreso al que bastó un acuerdo de PP y PSOE para sancionar con una gran mayoría el relevo en la Corona resulta hoy irreconocible. El alineamiento de los socialistas con las tres fuerzas estatales de la derecha sigue bastando para desbaratar cualquier aspiración de cambio en el sistema de monarquía constitucional, si bien ese sólido bloque debe convivir con tres elementos inéditos hasta ahora: una suma récord de 74 diputados que se declaran republicanos, independentistas o ambas cosas, sin contar con los parlamentarios del PSOE, que acatan las directrices de su dirección; la participación de Unidas Podemos en el Gobierno de la Nación; y el escandaloso goteo de informaciones sobre las prácticas de Juan Carlos I cuando era jefe del Estado y después, con la posible apertura de una investigación judicial en el Tribunal Supremo por blanqueo de capitales. 

La sucesión de noticias demoledoras para la imagen de Juan Carlos I ha merecido una respuesta del PSOE que se resume en destacar la supuesta ejemplaridad de Felipe VI y construir un muro alrededor de la figura del actual jefe del Estado, en línea con la frase que dejó Alfredo Pérez Rubalcaba en el debate de la Ley Orgánica sobre la Abdicación de Juan Carlos I: “Treinta y cinco años después [dijo aquel 11 de junio de 2014] los socialistas seguimos sin ocultar nuestra preferencia republicana, pero nos seguimos sintiendo compatibles con la Monarquía Parlamentaria”.

Un entonces joven y desconocido Pedro Sánchez, que había saltado a los medios de comunicación por su intención de competir por el liderazgo del PSOE para sustituir a Rubalcaba que ya estaba de salida, apoyó el proceso de sucesión al entender que era coherencia constitucional pese al “alma republicana” de su partido, aunque en el debate que se abrió dentro del grupo parlamentario sobre la posible libertad de voto en conciencia, se mostró partidario de dejar hacer. De los 110 diputados socialistas, dos se ausentaron para no participar -el balear Guillem García y la gallega Paloma Rodríguez- y Odón Elorza rompió la disciplina de voto absteniéndose. La dirección le impuso una sanción de 650 euros. “Hice un recurso y, unas semanas después, Pedro ganó las primarias y fui amnistiado”, rememora el parlamentario vasco. 

Pero eso no fue lo que verdaderamente sentó mal al entonces secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que dimitió en diferido precisamente para dejar amarrado el proceso de abdicación, sino la propuesta de Sánchez de retirar al jefe del Estado la ausencia de responsabilidad penal en sus acciones. “Más allá del debate de monarquía o república también podríamos abrir un debate sobre los privilegios que hay que eliminar de la monarquía en el siglo XXI y, desde luego, uno de ellos es inexcusablemente acabar con el principio de inviolabilidad del rey”, aseguró dos días antes del  debate. Para entonces a la familia real ya le salpicaba la corrupción de Iñaki Urdangarin y había empezado el ruido sobre los desmanes de Juan Carlos I con la cacería de Botsuana y la revelación de su relación con Corinna Larsen, la punta del iceberg de todo lo que vendría después.

Seis años más tarde, Sánchez es presidente del Gobierno y se ha visto obligado a recuperar aquella idea que periódicamente repite como principal apuesta para limpiar la imagen de la monarquía.  Sin embargo, en esta ocasión el PSOE asume que una reforma imposible de la Constitución no es suficiente para salvar la estabilidad de la institución y que conviene hacer algún gesto más. “Hay que buscar una salida que no afecte a Felipe VI”, admitían hace unas semanas fuentes del Gobierno a elDiario.es mientras la información de Suiza sobre las cuentas millonarias del rey emérito empezaban a ver la luz. La situación desde entonces no ha hecho más que empeorar: la investigación en Suiza y los testimonios incluidos en ella hablan de un monarca retirando cantidades exorbitantes de dinero periódicamente, de su abogado introduciendo maletines por el aeropuerto militar de Torrejón y a Corinna Larsen asegurando que Juan Carlos I disponía de una máquina de contar el dinero en Zarzuela.

Hay que encontrar una salida y que no dañe a la institución más

El periodista José Antonio Zarzalejos adelantó la intención de abdicar del rey en 2014. Cree que aquella decisión del monarca comenzó a fraguarse con el escándalo de la cacería en Botsuana, que influyó el escándalo de Urdangarin y que pesó definitivamente el discurso de Juan Carlos I del 6 de enero en el que el monarca sufrió, ante las cámaras, una serie de lapsus que denotaron un serio deterioro intelectual. “Sabía que su reputación estaba tocada y que también lo estaba el prestigio de la institución”, asegura ahora. “Hubo que responder con una improvisación afortunada y, desde el punto de vista político, agónica, no terminal, en el sentido que fue una lucha entre las dudas y las contradicciones en las que incurría el monarca”, añade, en conversación con elDiario.es.

¿Y ahora? “Hay un riesgo cierto de que la institución sufra una fricción y un deterioro porque estos hechos le salpican, pero descarto por completo que el rey pueda tener la más mínima intención de renunciar o abdicar como se le ha reclamado desde alguna instancia minoritaria. Aunque no hay estudios demoscópicos oficiales sobre la monarquía, sí los hay privados, recientes, y demuestran que la valoración del rey Felipe VI es muy superior a la valoración de la institución. El desafío que tiene el rey es incorporar los valores de su popularidad a la propia institución. La figura de Felipe VI, por un efecto de comparación, no ha sufrido”, asegura Zarzalejos.

La pretensión de Sánchez ahora es preservar la institución sin abrir debates sobre un cambio en el modelo del Estado en el momento de mayor fragmentación política y menos refrendo parlamentario a la monarquía. Puede decirse que están en el mismo punto donde estaba el anterior secretario general de su partido, hace seis años, pero con una responsabilidad añadida: es el presidente del Gobierno. “Hay que encontrar una salida y que no dañe a la institución más”, señalan esas fuentes, que reconocen que la solución “puede que pase por que se vaya fuera de España”. Poner tierra de por medio y marcar una mayor distancia con el emérito es una opción que ven viable en el Gobierno como forma para proteger al actual jefe del Estado. Sin embargo, el peso de la decisión recae sobre él: “Hay cuestiones internas de la Casa Real que las tiene que decidir, si lo hace, el rey Felipe VI. Es el Jefe de la Casa”. Algunos medios de comunicación, como Colpisa, apuntan a que Felipe de Borbón baraja incluso dar un paso más y despojarle del título de rey y retirarle los honores de Estado, semejables a los que tiene la Princesa de Asturias, de los que dispone por decreto desde la abdicación. “Irse ya es mucho y supone no estar en la vida española a ningún efecto. Es un exilio de alguna manera”, expresan fuentes gubernamentales. Los Borbones tienen experiencia en eso de poner tierra de por medio cuando políticamente la cosa pinta mal.  

El Gobierno no quiere ser quien marque el paso públicamente, aunque tiene interlocución y coordinación constante con Zarzuela. Ninguna palabra es baladí en este asunto y varios ministros han deslizado que esperan “medidas futuras” por parte de Felipe VI en la línea de transparencia y rendición de cuentas que le aplauden. “Tenemos que estar confiados en la institución, en la monarquía, protegerla porque creo que el rey Felipe VI está dando pasos muy importantes para dotar de mayor transparencia el ejercicio de la Casa Real y creo que ese es el sentido que tiene que avanzar la jefatura del Estado”, dijo el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en una entrevista en TVE.

Más allá de que ninguno de los aliados parlamentarios del Gobierno secunda la operación de salvar a Felipe VI -ni siquiera el otro partido que se sienta en el Consejo de Ministros-, tampoco el PP pone el camino fácil, como lo hizo el PSOE de Rubalcaba en el proceso de abdicación cuando gobernaba Mariano Rajoy. En su ofensiva contra la coalición, Pablo Casado no pierde la oportunidad de atizar a Sánchez. Incluso en el homenaje de Estado por las víctimas de la COVID-19 aprovechó para sacar el tema al mostrar su “respaldo a la Casa Real, una institución esencial, que es el símbolo de la continuidad histórica de España” . “Desde el PP defendemos a la Jefatura del Estado y a su majestad el rey frente a los ataques de algunos ministros del propio Gobierno”, dijo ante las cámaras. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se desmarcó incluso de las distancia que Felipe VI habría marcado con su padre y que el Gobierno aplaude: “España le debe mucho al rey Juan Carlos y, desde luego es insensato tener que estar abriendo estos debates en estos momento”. 

Las conclusiones del PSOE en cuanto a la Monarquía chocan, una vez más, con un amplio sector de los votantes de izquierdas. Como muestra, la cacerolada inédita con la que un sector de la ciudadanía recibió el discurso de Felipe VI el 19 de marzo, cuatro días después de que arrancara el estado de alarma y 72 horas más tarde de que el diario británico The Telegraph revelara que él actual monarca era beneficiario de la fundación creada por Juan Carlos I en 2008 a donde fueron a parar los 65 millones de euros que había recibido de la monarquía saudí. El dinero es fruto de una comisión por interceder en la adjudicación para empresas españolas del AVE a La Meca, según la investigación de la fiscalía suiza. Durante su intervención televisada, Felipe VI se centró en la crisis sanitaria y no mencionó el asunto de la fortuna de su padre. Los ciudadanos, confinados en sus casas, quisieron hacer coincidir su protesta con el discurso del actual jefe del Estado. El comunicado que a las 24 horas de la información del rotativo británico había hecho público Zarzuela no había aplacado los ánimos de un sector de la sociedad que además estaba viviendo un momento muy delicado con la expansión del coronavirus y las cifras de muertes en todos los telediarios. 

No podemos evaluar solo la reacción de la Zarzuela sin conocer las reflexiones asociadas a esa reacción. ¿Significa que el rey pide perdón a los españoles? No lo sabemos

Antoni Gutiérrez-Rubí

Antoni Gutiérrez-Rubí es asesor de comunicación y consultor político y cree que la respuesta de Zarzuela no ha satisfecho a los ciudadanos. “La sociedad española está esperando una reflexión de fondo: cómo se pudo producir, qué opina el actual rey de esto… no podemos evaluar solo la reacción de la Zarzuela sin conocer las reflexiones asociadas a esa reacción. ¿Significa que el rey pide perdón a los españoles? No lo sabemos. Una crisis de estas características no se resuelve solo con hechos, con reacciones. Yo creo que cuanto más tarden más dificultades van a tener y cuanto más lo dilaten más a remolque de los hechos van a ir porque estamos hablando de la reputación de la institución de la Monarquía”, razona el experto. 

Además, los hechos se ocultaron durante un año. Y en pleno proceso electoral. Cuando el actual rey recibió el 5 de marzo de 2019 la carta del despacho de abogados británico Kobre&Kim donde se le anunciaba la “supuesta designación como beneficiario de la ‘Fundación Lucum”, Felipe VI dio traslado a su padre “así como a las autoridades competentes”, según el comunicado que emitió la Casa Real un año más tarde y en pleno estado de alarma. Así, los españoles no supieron de estos hechos hasta que la prensa británica no se hizo eco del asunto. Entre medias, se celebraron dos elecciones generales, además de unas europeas, unas municipales y una docena de autonómicas.

Sánchez fue conocedor de aquella información en las fechas en las que llegó a Zarzuela y, según la versión del Gobierno, le fue comunicada la decisión de Felipe VI de renunciar a su parte correspondiente de la herencia de su padre justo después de que acudiera a un notario a formarlizarlo. La anticipación al enésimo escándalo del emérito ante la llegada de esa misiva provocó la salida de Juan Carlos I de la actividad pública el 28 de mayo de 2019, es decir, algo más de dos meses después de su recepción y una vez que pasaron los comicios autonómicos y municipales. Entonces la Casa Real lo vendió como una renuncia personal que el padre le había comunicado al hijo. 

Zarzuela mantuvo el salario al emérito tras conocer su fundación offshore

Algunas de las medidas de las que se jactan tanto en Zarzuela como en Moncloa impuestas por Felipe VI se han producido, además, a rebufo de las revelaciones en los medios de los escándalos del monarca emérito. Mientras que el jefe del Estado se fue a un notario un mes después de recibir la información del despacho de abogados de Corinna para dejar por escrito la renuncia a la herencia de su padre así como su desvinculación total de la Fundación Lucum, la decisión de retirar la asignación presupuestaria a Juan Carlos I (para dedicarla al capítulo de contingencias de la propia Casa Real) no se llevó a cabo hasta el 15 de marzo de este año, cuando el conjunto de los ciudadanos lo conocieron por la prensa británica. El rey emérito percibió durante todo 2019 y los dos primeros meses y medio de 2020 lo correspondiente a los 161.036,34 euros de sueldo que tenía, a pesar de que tanto el Gobierno como Zarzuela ya sabían los extremos que provocaron dicha medida una vez estaba en la opinión pública.

Y está además el rastro de otra operación delicada: la luna de miel del propio Felipe VI y Leticia Ortiz. La prensa extranjera ha revelado también que la mitad de la factura del medio millón de euros que costó ese periplo de varios meses por Camboya, Islas Fiji o California lo pagó el empresario amigo del rey Josep Cusí, que ya había mediado en la compra de embarcaciones para la Casa.

En Podemos creen que el principal problema para buscar una solución a la crisis de la Monarquía se debe, precisamente, al bloqueo informativo y a la falta de debate sobre lo ocurrido. El portavoz del partido y diputado en el Congreso, Rafael Mayoral, explica a elDiario.es que “antes de nada” está “el derecho de los españoles a saber qué se ha hecho con sus instituciones”. “Primero debemos tomar cuenta de los hechos. Y, en función de esos hechos, tomar decisiones”, añade.

Para el dirigente de Podemos, “el problema es que hay un bloqueo para discutir en el ámbito parlamentario” de estos hechos. Mayoral se refiere al veto que la Mesa del Congreso a que el Pleno debata sobre la creación de una comisión de investigación acerca de la institución. Podemos, primero, y Unidas Podemos, después, han planteado desde 2016 varias veces y con diferentes formulaciones dicha comisión. Siempre se han encontrado con el dictamen negativo de los letrados del Congreso y el posterior rechazo de los demás partidos grandes: el PSOE, el PP, Ciudadanos y Vox.

Mayoral, abogado de formación, cree que la interpretación que se hace del artículo 56.3 de la Constitución es muy restrictiva, “cercana a la que se hacía en el siglo XIX, con absoluta ausencia de responsabilidad de sus actos”. “Los letrados dicen que como la comisión que planteamos trae causa de lo ocurrido en su mandato, tampoco se puede investigar”, explica. Pero su interpretación es otra. “Una cosa es que no se pueda detener, investigar o tener responsabilidad sobre sus actos. Y otra, que el pueblo español no tenga derecho a saber cuáles son las consecuencias prácticas de dos conceptos constitucionales, el de la inviolabilidad y el de la irresponsabilidad, ante los evidentes actos impropios de la Jefatura del Estado”.

Si se cuestiona cómo está organizada la Jefatura del Estado debe existir la posibilidad de poner todo en cuestión

Rafael Mayoral — Diputado de Unidas Podemos

Para Unidas Podemos, cualquier planteamiento pasa necesariamente por abordar un proceso amplio, que no se limite a retocar los conceptos de inviolabilidad e irresponsabilidad. “Si se abre, se tiene que abrir del todo. Si se cuestiona cómo está organizada la Jefatura del Estado debe existir la posibilidad de poner todo en cuestión”, dice Mayoral. El portavoz de Podemos recuerda unas palabras del propio Felipe de Borbón recogidas por el exdirector de El Mundo, David Jiménez, en las que el monarca se habría mostrado dispuesto a dejar el trono si la mayoría de los españoles se pronunciaran en ese sentido. 

Para eso, sostiene Mayoral, “tiene que existir una fórmula democrática. Es decir, un referéndum que no necesariamente tiene que ser vinculante. Una idea que su partido, así como su aliado electoral, IU, han defendido siempre. La organización que lidera Alberto Garzón no esconde su pulsión republicana y tiene aprobado en sus órganos que su proyecto pasa por una Tercera República de corte federalista, que reconozca la ”plurinacionalidad“ española.

Sin llegar a plantearlo en términos tan unívocos, para Podemos la solución es muy similar: la elección democrática de la Jefatura del Estado. Mayoral insisten en la necesidad de que eso se plantee en el Congreso. “Nosotros haremos nuestra propuesta”, apunta. “Preferimos que la elección de la Jefatura del Estado sea democrática”, insiste. Y zanja: “Otros no lo dirán. Los españoles tienen derecho a saber qué piensa cada partido”.

A pesar de su “alma republicana”, el PSOE es, en realidad, uno de los baluartes de la monarquía parlamentaria. Ha dado a España, dicen, 40 años de estabilidad que, en su opinión, no tendría por qué mejorar una organización del Estado como república. Pero en Moncloa también temen que los desmanes de Juan Carlos I incrementen el rechazo a la institución. Sin embargo, la preocupación de los españoles no se refleja en los estudios demoscópicos que realiza el Centro de Investigaciones Sociológicos (CIS). En el último barómetro, cuya elaboración ha coincidido con las últimas informaciones sobre la fortuna opaca del emérito y sus viajes a Suiza para sacar miles de euros mensualmente, solo el 0,5% de los encuestados sitúa la monarquía entre los problemas de los españoles. 

No obstante, el CIS no pregunta por de la institución desde 2015. Los últimos datos sí reflejaron una caída en picado de la valoración de la monarquía, que suspendió por primera vez en octubre de 2011 (con un 4,89), en plena crisis económica y cuando las investigaciones del caso Nóos empezaban a apuntar a Iñaki Urdangarin. La pregunta, que se formulaba con una periodicidad más o menos anual, dejó de hacerse hasta abril de 2013. En ese periodo empezó la debacle de Juan Carlos I con la imputación de su yerno, la cacería en Botsuana, y las primeras informaciones que le relacionaron con Corinna. Y todo tuvo un reflejo en la percepción ciudadana de la Corona, que se desplomó al 3,68 de nota media. Un año más tarde, dos meses antes de la abdicación, la monarquía se mantenía en un 3,72. La primera y última vez que el CIS preguntó a los ciudadanos su opinión sobre la institución en manos de Felipe VI había mejorado ligeramente (obtuvo un 4,34), pero no conseguía repuntar. Desde entonces es imposible hacer comparaciones porque el CIS ha dejado de incluir ese apartado. Su director, el socialista José Félix Tezanos, argumenta que es innecesario dado que no es una preocupación de los españoles y que se conoce la tendencia por los estudios privados de opinión. 

“Es evidente que estamos siendo testigos en conjunto de la población española de informaciones inquietantes que nos perturban a todos. A mí también”, sentenció Sánchez, que ha ido marcando distancias con el rey emérito según iban conociéndose detalles de sus negocios a partir de las revelaciones de Corinna Larsen. En pleno vendaval, el presidente enviaba, además, un recado a los años de silencio y mirada hacia otro lado por parte, también, del cuarto poder. “Hay en medios de comunicación que no miran para otro lado, al contrario, se hacen eco de esas informaciones. En segundo lugar, hay una justicia que está actuando. Y en tercer lugar, y esto es algo que agradezco, la propia Casa Real está marcando distancias frente a esas informaciones inquietantes, perturbadoras, y eso es algo que yo agradezco”. El Gobierno aguarda un gesto que permita ya marcar la distancia total con Juan Carlos I y aplacar el debate en torno a Felipe VI.