El Gobierno mueve ficha para que la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE no se quede en el cajón. Tras varias reuniones del Consejo de Asuntos Generales sin abordar el tema -desde que terminó la presidencia española-, el Ejecutivo quiere reavivarlo en la cita de este martes en la que los responsables de política europea de los 27 tendrán sobre la mesa un memorándum en el que España profundiza en los argumentos para que los tres idiomas se incoporen al catálogo de lenguas de trabajo del club comunitario.
El documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, se ha remitido esta tarde a los embajadores de los estados miembros acompañado de una carta del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y utiliza la aportación de las lenguas co-oficiales a la “identidad nacional” como uno de los principales argumentos con los que convencer al resto de socios europeos, que tienen que apoyar por unanimidad la decisión.
“La diversidad lingüística es particularmente relevante en España dado que es un aspecto clave de nuestra identidad nacional”, señala el memorando: “El catalán, el euskera y el gallego son lenguas oficiales con raíces produndas históricas, un gran número de hablantes y un lugar en nuestra Constitución en línea con el sistema descentralizado de las comunidades autónomas”.
La alusión a la identidad nacional no es baladí dado que, según recoge el texto, su protección forma parte del Tratado de la UE, así como la “riqueza cultural” que supone la diversidad lingüística. Igualmente, subraya que esa diversidad lingüística está protegida por la Constitución. “El marco legal y constitucional español obliga, por tanto, a los poderes públicos a proteger los derechos lingüísticos de los ciudadanos españoles y el uso de estas lenguas por parte de la población. Este deber de los poderes públicos españoles se extiende a todos los ámbitos, incluida la UE”, recoge el memorando que Albares ha dirigido a sus homólogos.
Más allá del reconocimiento jurídico, el Gobierno defiende la importancia del catalán, el euskera y el gallego en el contexto “social y lingüístico”. “Además de utilizarse oficialmente en las dos Cámaras del Parlamento, se emplean en todos los niveles administrativos”, señala el informe de tres páginas, que recuerda que son idiomas utilizados “cotidianamente en todos los ámbitos sociales, se emplean para enseñar en escuelas y universidades, y tienen su reflejo en los medios de comunicación, el cine y la producción cultural”.
La intención del Gobierno es construir un relato en torno a la especificidad lingüística de España frente al resto de países de la UE por las dudas que generó en varios estados miembros la ampliación del catálogo de lenguas oficiales ante el temor a que fuera una exigencia para otras lenguas minoritarias. Así, el documento reitera una serie de condiciones que sólo cumplen el catalán, el euskera y el gallego, como lenguas “nativas”, con reconocimiento constitucional, utilizadas (desde la investidura) tanto en el Congreso como en el Senado, y empleadas desde hace diez años en las instituciones de la UE a raíz de acuerdos administrativos.
“Los Tratados han sido traducidos al catalán, euskera y gallego y una copia certificada de las traducciones ha sido depositada en los archivos del Consejo”, agrega el documento, que recuerda que España “ha confirmado por escrito su voluntad de asumir todos los costes derivados del uso de estas lenguas en las instituciones de la UE”. La Comisión Europea elaboró un informe preliminar en el que cifraba en 132 millones de euros al año la oficialidad de esas tres lenguas. La estimación, según fuentes gubernamentales, es de “máximos” y confían, además, en que ese tipo de costes sean “decrecientes”.
Con este informe, el Gobierno pretende mantener vivo el debate sobre la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego que fue uno de los compromisos de Pedro Sánchez con Junts en las negociaciones de la investidura. A pesar de que la intención de las fuerzas independentistas era que se consiguiera el pasado semestre durante la presidencia española, el asunto se topó con las reticencias de varios estados miembros, aunque en el Ejecutivo celebran que en ningún momento se haya producido un veto a la propuesta.
Por el momento, la presidencia belga había metido el tema en un cajón a la espera de que España pusiera sobre la mesa una propuesta “compatible con los tratados” y que lleve aparejados análisis de impacto desde el punto de vista administrativo (recursos humanos), legal y financiero. Fuentes gubernamentales aseguran que se va trabajando en los avances de ese expediente, aunque reconocen que no está “maduro” para llevarlo a votación. “El enfoque es positivo y crecientemente positivo”, aseguran esas fuentes. De ahí que Bruselas haya ido anunciado paulatinamente nuevas medidas, además de iniciar un diálogo estratégico con el sector.