España pugnará por dirigir la agencia europea de fronteras ante el cuestionamiento de su actual responsable

Frontex y su director, el francés Fabrice Leggeri, están cada vez más asediados por los escándalos. La agencia europea de fronteras está siendo investigada por la Defensora del Pueblo Europeo, la Agencia Europea Antifraude y el Parlamento Europeo por sus problemas de transparencia y de las operaciones en el Egeo que terminaron con denuncias de devoluciones irregulares de migrantes. En este contexto, el Gobierno de Pedro Sánchez cree que es la oportunidad para que uno de los países del sur, especialmente afectados por los flujos migratorios debido a su ubicación, dirija por primera vez el organismo de control de fronteras de la Unión Europea. Fuentes del Ejecutivo español han informado a elDiario.es de que ya está tomada la decisión de para realizar todos los trámites para la presentación de un candidato si Leggeri es apartado o dimite, si bien aún no está decidido quién optará al cargo en representación de España.

La Comisión Europea parece haber perdido la paciencia con Fabrice Leggeri, hasta el punto de que el departamento de la comisaria de Interior, la sueca Ylva Johansson, ha enviado una carta al director de Frontex en la que refuta sus argumentos esgrimidos ante la Comisión y ante el Parlamento Europeo. “No me queda más remedio que corregir un número de importantes puntos que son presentados de manera engañosa en su nota, sobre todo, teniendo en cuenta que repitió algunos de ellos durante su audiencia ante la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo del 1 de diciembre de 2020”, señala la misiva, en la que el Ejecutivo comunitario acusa a Leggeri de haber “obstruido” y “retrasado” la puesta en marcha de los controles internos e independientes previstos en el reglamento de Frontex.

En 2005, Frontex tenía un presupuesto anual de seis millones de euros, que desde entonces se ha disparado a casi 500 millones de euros, y está previsto que el presupuesto aumente aún más, ya que se han destinado unos 11.000 millones de euros a la agencia entre este año y 2027 para que aumente su personal hasta los 10.000 agentes destinados al control de las fronteras de la UE, fundamentalmente las que tienen que ver con el sur.

Frontex, cuya sede está en Varsovia, sólo ha tenido dos directores desde su nacimiento en 2005: el finlandés Ilkka Laitinen (2005-2015) y Leggeri, el actual. En tanto que la prioridad de la agencia de fronteras es el sur y lo que pasa con las migraciones en el Mediterráneo, en Bruselas se asume que el sustituto de Leggeri, muy tocado por las investigaciones de las instituciones europeas, pueda ser alguien de un país del sur: Italia ya tiene bajo su manto la Operación Irini, que se desarrolla en el Mediterráneo para hacer cumplir el embargo de armas a Libia; y el Gobierno griego está también salpicado por las operaciones bajo sospecha de Frontex en el Egeo. Así, las miradas se fijan en España.

Recientemente España y Frontex han tenido grandes tensiones en Canarias hasta el punto de que la agencia europea amagó con suspender su actividad. Al final, Frontex, renovó su despliegue en España tras resolver las discrepancias. Según publicó El País, Frontex pedía a España “mayor control sobre la información clasificada y el acceso a los datos de carácter personal en las fronteras españolas, competencias en materia de investigaciones transfronterizas (como las mafias de narcotráfico internacional) o el despliegue sobre el terreno del nuevo cuerpo de agentes europeos, un personal armado de cuya profesionalidad recelan las policías españolas”. Un mando de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado citado por este periódico consideraba que aceptar estas propuestas supondría una “entrega de soberanía” que podría desembocar en un conflicto que “estallara cuando haya una desgracia”.

Frontex, finalmente, subrayó que “trabaja en estrecha colaboración con España” con los 257 agentes destinados en el Mediterráneo Occidental. Y destacó que en las Islas Canarias ese despliegue se amplió en 26 agentes en las últimas semanas para ayudar en el registro de migrantes irregulares, determinar su nacionalidad y recopilar información sobre grupos dedicados al tráfico de personas.

Además de en Canarias, Frontex colabora en la operación Minerva en el paso del Estrecho y en Índalo, dedicada al control de la migración irregular y la lucha contra el crimen transfronterizo en la frontera sur.

Fiscalización en la Eurocámara

Esta semana el Parlamento Europeo ha puesto en marcha un Scrutiny Working Group, un grupo de trabajo que fiscalizará en los próximos meses la agencia europea de fronteras, Frontex, en el punto de mira tras las denuncias sobre operaciones en el Egeo que acabaron en devoluciones en caliente irregulares y supuestas violaciones de derechos fundamentales. Se espera que la primera sesión, con el director general de la agencia, Fabrice Leggeri, y la comisaria europea de Interior, la sueca Ylva Johansson (S&D), se celebre la próxima semana, si bien fuentes parlamentarias confirman que aún no hay fecha, pendiente de las agendas de los dos.

El grupo de trabajo podrá realizar recomendaciones finales a la agencia en estas áreas: el respeto de la agencia por los derechos fundamentales; la gestión interna de Frontex, incluidos los procedimientos de notificación y tramitación de quejas; la transparencia y la responsabilidad de la Agencia ante el Parlamento Europeo.

El presidente de la delegación del PSOE en la Eurocámara, Javier Moreno, ha subrayado que “Frontex es un instrumento esencial para luchar contra inmigración irregular” y que se debe llevar a cabo una investigación “transparente para supervisar todos los aspectos del funcionamiento de la agencia de fronteras, incluido su cumplimiento de los derechos fundamentales, y corregir los posibles errores y problemas de administración y de dirección”. 

Varios grupos, entre ellos los Verdes y La Izquierda (GUE/NGL) se movieron para que el formato fuera una comisión de investigación. Sin embargo, fuentes de LIBE, la comisión de la que cuelga este grupo de trabajo, explican por qué se ha aprobado al final este formato de Scrutiny Working Group: “Si fuese una comisión de investigación las conclusiones se podrían alargar hasta un año. Y se ha optado por este formato por eficacia y operatividad: es más rápido y el control democrático se ejerce igualmente. En ambos casos el resultado final será un informe que se votará en el pleno”.

“Se trata de recabar toda la información posible sobre las investigaciones que están abiertas y para ello queremos contar con la presencia de responsables de Frontex, la OLAF, la Defensora del Pueblo Europeo, así como organizaciones humanitarias y periodistas que han estado denunciando los abusos en los últimos meses”, señala la portavoz de IU en el Parlamento Europeo, Sira Rego, quien explica que el hecho de que las reuniones sean semanales “permitirá agilizar la investigación: cada mes daremos cuenta a la comisión de Libertades de lo que hemos ido encontrando”.

Rego también recela de un posible aumento de la presencia de Frontex en Canarias: “Puede contribuir a que se siga afianzando el modelo Lesbos en las islas”.

Una de las denuncias abiertas ante la Defensora del Pueblo Europeo es de la propia Rego, quien solicitó hasta en dos ocasiones información sobre el posicionamiento de unos buques de Frontex que supuestamente habían estado envueltos en operaciones de devoluciones en caliente en el Egeo: la agencia primero se negó a dárselos porque “contenían información sensible” y, después, alegó que no los tenía. La sospecha era que los barcos de Frontex desconectan los transpondedores cuando están en este tipo de operaciones para no ser detectados.

“Hay muchas cosas que pasan al mismo tiempo”, se justificaba Leggeri una entrevista reciente en El Mundo: “Una dimensión geopolítica, con Grecia contra Turquía y Turquía contra Frontex. No puede subestimarse en absoluto en el caso de las supuestas devoluciones en caliente, pues son parte interesada. Hay un debate político, a nivel europeo, en un tema extremadamente delicado: la migración y el asilo. Si a eso se suma que nos estamos convirtiendo en un cuerpo de policía fronterizo, con mayores poderes...”.

Mientras, España se prepara para colocar al sucesor de Leggeri, cada vez más en el alambre.