Jerusalén, 23 abr (EFE).- Una mujer española residente en Cisjordania ocupada se encuentra retenida desde hace diez días por Israel, que la mantiene en detención administrativa, una metodología por la cual las autoridades israelíes suelen retener a palestinos sin juicio ni cargos, informó hoy una portavoz familiar.
La mujer, de 60 años e identificada como Juana Ruiz Sánchez, reside desde hace más de 35 años en la ciudad cisjordana de Belén, donde trabaja como coordinadora de proyectos de los Comités de Trabajos para la Salud, una ONG palestina que provee ayuda a la población en materia de salud y desarrollo al mismo tiempo que lucha por sus derechos.
“Juana ha sido arbitrariamente detenida y encarcelada por el Estado israelí desde hace ya 10 días, sin que medie ningún cargo concreto y con el único argumento de que va a ser interrogada”, señaló hoy un comunicado difundido por la familia.
En él, instaron al Gobierno español a que “tome cartas en el asunto y presione cuanto esté en su mano para lograr la liberación de Juana Ruiz Sánchez con carácter inmediato”.
Consultado por Efe, el Ejército israelí dijo que respondería en los próximos días.
Ruiz Sánchez reside en la ciudad cisjordana de Beit Sahur junto a su marido, un palestino cristiano con el que tiene dos hijos.
Su familia comenzó hoy una campaña para su liberación y emitió un manifiesto atribuido a “organizaciones y personas vinculadas a la solidaridad” en España aunque sin detallar cuáles.
En este se detalla que su arresto tuvo lugar en su casa el pasado martes 13 de abril a las 5:45 de la mañana (hora local) y que fue llevado a cabo por un grupo de más de 20 soldados israelíes fuertemente armados.
Desde entonces fue convocada en tres ocasiones ante un juez, que por ahora ha decidido prolongar su encierro hasta el próximo lunes 26 de abril, sin que haya formalizado cargos.
Según detalló el comunicado de la familia, junto a ella permanecen retenidas otras dos personas, ambas vinculadas a la ONG para la que trabaja Ruiz Sánchez.
“Estas detenciones y la sustracción, el pasado 8 de marzo, de material informático y documentación del departamento de contabilidad de la organización nos hacen sospechar que los responsables buscan demostrar algún tipo de delito vinculado con la financiación de los proyectos que realiza”, valoró la familia en el comunicado.
Este agregó además que los Comités de Trabajos para la Salud trabajan en conjunto con varias ONG españolas y cuentan con aportes de dinero desde España, incluyendo desde el propio Estado.