Esperanza Aguirre imita a Rajoy y los otros líderes del PP que se libraron de la caja B: el gerente no dependía de ellos
Apenas dos preguntas bastaron para que Esperanza Aguirre mostrara este viernes sus cartas de defensa a las fiscales del caso Púnica. La que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid blandió el Reglamento del PP de Madrid y leyó su artículo 46, relativo a las “funciones del presidente autonómico”. Once puntos en los que no se hace alusión a la gestión económica de la formación. Ante el juez, Aguirre negó que hubiera una caja B en el partido que ella presidió entre 2004 y 2016, pero por si acaso, intentó dejar claro que nada relativo a la financiación era de su competencia.
Conscientemente o no, Aguirre llegó al punto donde quebraron las posibilidades de imputación de Mariano Rajoy y tres de sus secretarios generales en el caso de la caja B del PP nacional. Todos ellos defendieron ante el juez que el tesorero y el gerente son dos entes autónomos, que no rinden cuentas a los máximos dirigentes del partido y que ninguna competencia ni responsabilidad tienen sobre los ingresos para financiar las campañas electorales y otros gastos de la formación. Entre eso y las respuestas evasivas, todos escaparon del banquillo, donde solo se sentará, de aquella cúpula del PP, el que fuera su tesorero, Luis Bárcenas.
El propio Rajoy declaró como testigo en el juicio de Gürtel y afirmó sobre su conocimiento de la financiación del partido: “ Absolutamente ninguno; jamás me he ocupado de ninguna cuestión de contabilidad, lo único que me preocupaba en que el Tribunal de Cuentas diera los informes positivos y punto, no me ocupaba de la contabilidad”.
El juez Pablo Ruz solo llegó a imputar a uno de los secretarios generales del PP, Ángel Acebes, aunque María Dolores de Cospedal, Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos tuvieron que declarar como testigos en fase de instrucción, no así Mariano Rajoy, que lo hizo en el juicio. En el caso de Acebes fueron determinantes los indicios de compra de acciones de Libertad Digital con dinero de la caja B del Partido Popular a nivel nacional. En el auto de citación del exministro, el magistrado citaba el artículo 40.2 de los estautos del PP nacional: “Corresponde al secretario general del partido la dirección de todos los servicios y la jefatura de su personal”. Ante el magistrado, el día de su declaración, Acebes respondió: “No hay jerarquía entre el secretario general y el tesorero, es decir, entre el área política y económica”.
Como hiciera Ignacio González, Aguirre ha situado un cortafuegos en el gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez, a quien la Guardia Civil encontró un pendrive sobre las entregas de dinero negro a la formación, el hecho que revolucionó el caso Púnica y permitió la apertura de una pieza separada sobre la caja B del PP madrileño. Pero Beltrán Gutiérrez nunca pasó de ser un empleado cualificado, según se desprende de toda la instrucción del caso. Poco que ver con un Luis Bárcenas acusado de amasar una fortuna a base de sisar de las entregas irregular de los grandes empresarios del país al PP nacional.
Entre Gutiérrez y Bárcenas sí hay un destacado paralelismo: las pruebas sobre la supuesta contabilidad opaca que los dos fueron atesorando en sus años de responsables de finanzas. El primero, en el citado pendrive que la Guardia Civil encontró en su domicilio en uno de los registros de Púnica; y el segundo, en sus famosos papeles. Tanto el lápiz de memoria como las anotaciones se han convertido en pruebas principales de ambas causas.
Por si la desvinculación que intentó Aguirre de Gutiérrez no bastara, la expresidenta dijo ante el juez este viernes que su nombramiento dependió de la dirección nacional del Partido Popular. El mismo que presidía Mariano Rajoy. Al expresidente del Gobierno, la imputada Aguirre lo ha mencionado en, al menos, otro momento de su declaración, al asegurar que consultaba con él los nombramientos de sus consejeros. La cuestión no es menor si se atiende a que el Gobierno autonómico de Aguirre está plagado de investigados e incluso condenados, empezando por los dos que ejercieron como su mano derecha, Ignacio González y Francisco Granados, o el viceconsejero de Presidencia Alberto López Viejo, en prisión por Gürtel.
Mes y medio de interrogatorios
La investigación de la caja B en el caso Púnica logró que Aguirre declarara como imputada por primera vez en un caso de corrupción este viernes. Después de seis años de instrucción y tras haber escuchado a sesenta testigos e imputados en el último mes y medio, García Castellón reservó a la expresidenta el último lugar de esta ronda de declaraciones quizá consciente de que su futuro judicial está en manos de los que fueron sus estrechos colaboradores cuando estaba al frente del Ejecutivo regional.
Ante el juez, ninguno de los interrogados ha apuntado directamente a la expresidenta, a la que los investigadores sitúan indiciariamente al frente de la trama de financiación irregular del PP madrileño y de los cuatro mecanismos utilizados para inyectar al partido fondos ajenos al circuito legal. La sospecha es que fue la líder de un plan para financiar con fondos públicos campañas electorales que tuvo como “ejecutores” a sus principales colaboradores en sus diferentes gobiernos y en el PP regional: Ignacio González y Francisco Granados. Y también al exconsejero de Sanidad Manuel Lamela.
González, que declaró como imputado este jueves, siguió la misma estrategia de la que fuera su jefa al señalar al exgerente. A pesar de las altas responsabilidades que ocupó en la década larga en la que estuvo en la primera línea política en la Comunidad de Madrid, el que fuera número dos de Aguirre en el Gobierno autonómico a seguró no tener conocimiento de los aspectos económicos ni de las adjudicaciones del Ejecutivo regional ni de las campañas electorales del PP madrileño. E insistió en que de las cuentas de las campañas electorales que son objeto de investigación en esta causa se encargaba Gutiérrez.
El lunes había sido el turno de Manuel Lamela, que fue consejero de Sanidad en los primeros cuatro años en los que Aguirre fue presidenta regional (2003-2007). Los investigadores le atribuyen “en connivencia con los altos mandatarios” del PP regional el papel de ideólogo de la llamada cláusula del 1% por la que se obligaba a las constructoras de infraestructuras públicas a abonar ese porcentaje del presupuesto de cada contrato para sufragar supuestas campañas publicitarias, pues el dinero acababa total o parcialmente desviado a las arcas del partido o al bolsillo de algunos de sus dirigentes.
Su comparecencia era muy esperada porque en su declaración como testigo ante la Guardia Civil había situado a Aguirre la reunión de principios de 2004 en la que presuntamente se dieron instrucciones para conceder adjudicaciones a Horacio Mercado, uno de los empresarios que habría financiado irregularmente al PP. Ante el juez, Lamela recogió cable y aunque ubicó a Aguirre en esa cita que se considera clave en la investigación porque es uno de los principales indicios contra la expresidenta, matizó que el mensaje que dio a los consejeros era que había que “invitar” a las sociedades de Mercado para que fueran unas de las tres a tener en cuenta en las licitaciones de los diferentes departamentos del Ejecutivo regional.
Este viernes, en su declaración en la Audiencia Nacional, Aguirre rebajó todavía más las trascendencia de una reunión que se celebró en la sede del Gobierno regional y a la que acudieron sus consejeros, además de otros altos cargos. Dijo que fue algo “improvisado”, una cita que se produjo “de noche” y que solo tuvo por fin que el empresario mostrara el logo que había diseñado para la campaña “Madrid, la suma de todos”. La argumentación sorprendió al juez, que llegó a preguntarle a Aguirre si se imaginaba que el presidente de EEUU, Donald Trump, “salvando las distancias”, se dedicara a recibir proveedores de la administración sin estar.
En una declaración sin preguntas ante los medios de comunicación al término de su declaración, la expresidenta regional dijo que nunca había hecho, ni consentido, ni conocido, ni dejado de ejercer la diligencia necesaria para “evitar ningún hecho que fuera una irregularidad y, mucho menos, una ilegalidad en el supuesto de que se hubieran cometido”. Por el momento, la justicia sigue investigando su participación en una causa en la que se investigan supuestos delitos de malversación, falsedad documental y electoral, prevaricación, blanqueo, tráfico de influencias, revelación de informaciones privilegiadas, apropiación indebida y organización criminal.
