En la primavera de 2022, en plenas negociaciones sobre el primer gran plan de choque contra el alza de los precios que tenía ahogado al país, el Gobierno de coalición tuvo que hacer frente a lo que amenazaba con convertirse en uno de los principales problemas políticos de la legislatura. Citizen Lab, un laboratorio especializado en investigar sistemas de cibervigilancia utilizados contra ciudadanos, había desvelado que 65 personas vinculadas al independentismo —incluidos políticos, activistas, abogados y periodistas— habían sido espiadas a través de sus teléfonos móviles con el software Pegasus, comercializado por la empresa israelí NSO Group.
El asunto tensó al máximo la relación entre Moncloa y la Generalitat y supuso un nuevo roce en la coalición. E incluso llevó a ERC a votar en contra de ese decreto anticrisis que el Gobierno sacó adelante por la mínima. Finalmente, el Ejecutivo trató de cerrar la crisis política con el cese de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, la cabeza visible del organismo al que se dirigían todas las miradas. Su destitución se produjo días después de que la propia Esteban reconociera en el Congreso que 18 de las personas espiadas fueron objetivo del CNI y sus comunicaciones habían sido intervenidas con autorización judicial. Entre esas personas estaba Pere Aragonès en su etapa como vicepresident de la Generalitat.
Casi año y medio después, una denuncia de Aragonés está en el origen de la causa abierta contra Esteban en un juzgado de Barcelona y que la llevará a declarar como imputada el próximo 13 de diciembre. Tal y como ha revelado elDiario.es este lunes, Esteban deberá comparecer en sede judicial para aclarar sus supuestas responsabilidades en e este caso. Además del de Aragonés, entre los espiados figuran los teléfonos de los expresidents Quim Torra y Artur Mas, así como de estrechos colaboradores de Carles Puigdemont. Y también el del propio presidente Pedro Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Con la destitución de Esteban, el Gobierno trató de apaciguar la doble bronca que le había generado el escándalo: con el socio de Gobierno, Unidas Podemos, y con los aliados parlamentarios, especialmente con ERC. La destitución calmó levemente las aguas, pero enardeció a las derechas, que acusaron al Ejecutivo de coalición de “entregar el Estado” a los independentistas. El cese de Esteban supuso también una mínima derrota para la ministra de Defensa, Margarita Robles, que había defendido sus actuaciones. No obstante, acabó colocando al frente de los espías a una persona de su máxima confianza: Esperanza Casteleiro, su 'número dos' en Defensa.
De hecho, el asunto también abrió una brecha en el ala socialista del Ejecutivo. Robles, máxima responsable de los servicios secretos; y el CNI, el organismo competente de velar por la seguridad de los aparatos electrónicos del Gobierno; trataron de endosarle la competencia de velar por la seguridad en las comunicaciones del Ejecutivo al ministro de Presidencia, Félix Bolaños. No obstante, la competencia de la seguridad en las tecnologías la ostenta por decreto el Centro Criptológico del servicio de Inteligencia.
La comparecencia en el Congreso
La destitución de Esteban se produjo sólo días después de que compareciera en la comisión de gastos reservados del Congreso. En esta intervención, a puerta cerrada, reveló que 18 de las personas espiadas fueron objetivo del CNI con autorización judicial, incluido Aragonès, según diversas fuentes. En rueda de prensa, Robles aseguró que esas autorizaciones judiciales que Esteban mostró en el Congreso “estaban absolutamente motivadas”.
Previamente, desde la Moncloa se habían desvinculado de esa decisión, aunque sí habían sostenido que las actuaciones se habían llevado a cabo en el marco de la legalidad. Esteban estuvo apenas dos años al frente del CNI. Tomó posesión en febrero de 2020, en sustitución de Félix Sanz Roldán, que poco tiempo después fichó por Iberdrola, y fue destituida en mayo de 2022.
Tras desvelarse el escándalo, el Gobierno denunció en la Audiencia Nacional que tanto el teléfono de Sánchez como el de Robles, habían sido infectados con el sistema de espionaje Pegasus a lo largo del 2021. Ambos teléfonos fueron espiados, según la denuncia, durante los momentos más duros de la crisis migratoria con Marruecos que tuvo lugar ese verano. También lo fue el del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y hubo un “intento fallido” al dispositivo del ministro de Agricultura, Luis Planas.
El pasado julio, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama archivó esa causa abierta por un un delito de descubrimiento y revelación de secretos ante la “absoluta” falta de cooperación jurídica de Israel, que no contestó la comisión rogatoria enviada por el tribunal especial, una petición que se reiteró hasta en cuatro ocasiones en un año. En el auto de sobreseimiento provisional, el juez afirmó que la incursión en los teléfonos del presidente y dos ministros habían “puesto en jaque la propia seguridad del Estado”.
De hecho, reveló que fueron extraídos más de 2,6 gigas de información del teléfono del jefe del Ejecutivo y que, a diferencia de lo ocurrido con Marlaska y Robles, los atacantes no pudieron infectar el móvil de Planas por tener instalado una “vacuna”. Pero constató que las pesquisas estaban abocadas al archivo ante la imposibilidad de investigar sobre la atribución de la autoría a “persona concreta alguna”.