El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, ha condenado a España por no investigar adecuadamente las denuncias por torturas interpuestas por dos etarras. Estrasburgo considera que la justicia española no investigó con la debida diligencia las denuncias de los arrestados. En uno de los casos, la jueza no revisó los vídeos de seguridad del centro en el que la etarra permaneció detenida y, en el otro caso, permaneció cuatro días en régimen de incomunicación.
El Estado tendrá que indemnizar con 29.000 euros a la etarra Beatriz Etxebarria, miembro del 'comando Otazua' de ETA condenada, entre otros, por los asesinatos del policía nacional Eduardo Puelles y del brigada Luis Conde, por no llevar a cabo “una investigación profunda y efectiva” sobre los malos tratos y el abuso sexual que dijo haber sufrido durante su periodo de incomunicación en dependencias de la Guardia Civil.
La sentencia, notificada este martes, condena a España a indemnizar con 25.000 euros a Etxebarria por daños morales y con otros 4.000 por los gastos del procedimiento, al considerar que España violó el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece que “nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”.
Los magistrados europeos consideran que la juez de Instrucción número 1 de Bilbao, que examinó su caso, se limitó a examinar los informes de los médicos forenses que exploraron a la etarra durante su detención y las copias de sus declaraciones sin escuchar a la demandante ni revisar los vídeos de seguridad de las instalaciones en las que permaneció detenida.
La etarra, nacida en 1978 y presa en la cárcel de Soto del Real (Madrid), fue condenada a 485 años de cárcel por el asesinato, en septiembre de 2008, del brigada del Ejército Luis Conde de la Cruz con un coche bomba colocado en el Patronato Militar de Santoña (Cantabria); y a otros 45 por la muerte del policía nacional Eduardo Puelles en junio de 2009. También se le impusieron 3.860 años de cárcel por colocar una furgoneta bomba que estalló frente a la casa cuartel de Burgos en la madrugada del 29 de julio de 2009, dejando 160 heridos de diversa consideración, entre ellos 41 niños, y a 31 más por intentar asesinar al escolta Gabriel Ginés en octubre de 2007.
El TEDH también ha condenado a España a indemnizar con 24.000 euros (20.000 por daños y morales y 4.000 por los gastos del procedimiento) por vulnerar el mismo artículo en el caso de Ohian Unai Ataun Rojo, que fue arrestado en noviembre de 2008 y permaneció cuatro días en régimen de detención incomunicada mientras era investigado por su pertenencia a la organización terrorista ETA.
En ambos casos, el tribunal señala que es complicado para los demandantes presentar pruebas sobre las torturas que denuncian. La sentencia también recuerda que España debe poner en marcha las recomendaciones del Comité contra la Tortura (CPT) del Consejo de Europa.
Nacido en 1986 y residente en Pamplona, fue condenado a un año de prisión por la Audiencia Nacional en junio de 2012 por un delito de enaltecimiento del terrorismo cometido al portar fotografías de presos etarras durante la carrera popular 'Korrika' celebrada en 2009 en Pamplona.
No es la primera vez que Estrasburgo condena a España por no investigar estas prácticas en los centros de detención. En octubre de 2012, el tribunal concluyó que no se investigó de manera suficientemente “profunda” y “efectiva” la denuncia de torturas interpuesta en 2003 por Martxelo Otamendi, exdirector del diario Egunkaria. La sentencia determinó que el Estado español incumplió el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos en términos “procedimentales” por lo que deberá indemnizar al periodista con 24.000 euros.