La estrategia de oposición de Pablo Casado reabre las tensiones en el PP: FAES vs los barones

Aunque mejoró en 23 escaños sobre el peor resultado de su historia, el del 28A –cuando solo logró 66 diputados–, en las elecciones del pasado 10 de noviembre los españoles volvieron a situar al Partido Popular en la oposición, sin opciones de llegar a la Moncloa ni siquiera con el apoyo de sus socios en comunidades y ayuntamientos, Vox y Ciudadanos.

Desde entonces y, sobre todo, una vez conocido el acuerdo para gobernar en coalición de PSOE y Unidas Podemos, el líder del PP, Pablo Casado, se fijó una estrategia de acoso y derribo contra el nuevo Ejecutivo, al que no prevé dar tregua en toda la legislatura y contra el que lanzó insultos y descalificaciones desde el primer minuto.

Este plan ha provocado, no obstante, una división en las filas populares entre los sectores más moderados, que abogan por abrirse al diálogo con los socialistas, y los más conservadores, que apoyan sin fisuras a su líder en su ataque constante a la izquierda. El presidente popular está decidido a seguir esta última línea, pasar los próximos años en los tribunales recurriendo cada iniciativa gubernamental que no le guste, e incluso llevando su labor de oposición a las calles como hizo el PP en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero.

Siguiendo las recomendaciones del sector aznarista que copa los puestos de mayor responsabilidad del PP desde que Casado ganó las primarias de 2018, el líder popular ha asumido algunos de los planteamientos de la extrema derecha, como la vinculación de los socialistas con el terrorismo, la acusación de “traición a España” contra el nuevo Gobierno o la aceptación e implementación del llamado 'pin parental', la norma que permite a los padres vetar las actividades complementarias en los centros educativos sobre materias de igualdad o diversidad sexual que puedan cuestionar sus convicciones morales, ideológicas o religiosas en los colegios.

Reunión con Aznar y Díez

El propio José María Aznar así como la exportavoz de UPyD Rosa Díez, muy cercana en los últimos meses a las tesis de Vox pero que en la campaña del 10N pidió el voto para Casado, se reunieron con el presidente del PP el viernes en Génova, según adelantó El País.

Ese mismo día y en respuesta a la ministra de Educación, Isabel Celáa, que recordó en rueda de prensa que no se puede pensar “que los hijos pertenezcan a los padres” y, por tanto, estos no deberían poder vetar contenidos educativos centrados en valores de tolerancia, Casado publicó un polémico tuit haciendo suyos los argumentos de la extrema derecha: “Mis hijos son míos y no del Estado, y lucharé para que este gobierno radical y sectario no imponga a los padres cómo tenemos que educar a nuestros niños. Saquen sus manos de nuestras familias”.

Después el domingo, en un acto en la Región de Murcia, Casado mantenía la deriva más extremista y sobre el veto parental a los contenidos educativos sobre la diversidad, se preguntaba: “¿Me están diciendo que es como dicen a las familias en Cuba, que los niños son de la revolución? ¿Vamos a llegar a que los niños también delaten a sus padres cuando no son buenos revolucionarios como pasa, a día de hoy, en Cuba?”.

El presidente popular considera que el escenario actual le hace imposible facilitar la labor ejecutiva a Pedro Sánchez. Este planteamiento de ruptura total y de tono crispado no es del todo compartido, en cambio, por algunos de los principales barones del PP. Esta semana se evidenciaban las diferencias internas antes de la reunión de la Junta Directiva Nacional que se produjo el lunes en la sede nacional del partido en la calle de Génova de Madrid. Varios líderes territoriales reclamaron a Casado “moderación” y “centralidad” y se abrieron a dialogar con el Gobierno del PSOE para abordar “cuestiones de Estado”. 

Sentido de Estado

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que se enfrenta este año a elecciones y que busca –según el propio PP– “ensanchar su electorado hacia el centro” para revalidar su mayoría absoluta, recalcaba que en estos momentos en los que el “extremismo se ha apoderado de la política en España” y está “instalado en el Consejo de Ministros”, el PP debe ejercer su oposición con “firmeza” pero “con sentido de Estado”.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, indicaba, por su parte, que la “hoja de ruta” de su partido como principal partido de la oposición debe basarse “en la moderación” pero también en la “contundencia y el compromiso con la libertad”. Y en contra de la ruptura total con el PSOE que defiende Casado, tanto el líder del PP en Extremadura, Antonio Monago, como la de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, defendían el diálogo con el nuevo Ejecutivo.

Frente al margen de 100 días que Bonig reclamó antes de entrar a valorar la acción de gobierno de Sánchez, Casado se había apresurado a pedir la dimisión del presidente socialista la misma noche de las elecciones. Y durante la Junta Directiva el líder del PP reivindicó la bronca estrategia de oposición que le llevó a utilizar la sesión de investidura de Sánchez de los días 4, 5 y 7 de enero para crispar el clima político insultando al nuevo presidente –al que llamó “sociópata”, “presidente fake” o “mentira andante”– y acusándolo de formar un Gobierno “en contra de la Constitución” compuesto por “independentistas, comunistas y batasunos”.

Aunque la dirección del PP consideró que con su discurso Casado había convencido a todos aquellos que le pedían moderación –“No hay un PP blando y un PP duro, hay un único PP”, llegó a decir durante su intervención en el máximo órgano entre congresos, para intentar zanjar la polémica sobre las divisiones internas– al día siguiente, el martes, Borja Sémper, uno de los principales supervivientes del sector más crítico y moderado, anunciaba que dejaba el partido y la política para irse a trabajar como directivo a una consultora multinacional. 

La espantada de los moderados

En un claro mensaje a la dirección de su partido, Sémper aseguraba en su despedida que “se pueden tener ideas firmes y respetar al adversario. Es más, aunque hoy no lo parezca, es la forma más eficaz de defender las ideas propias, cuidar el fondo y cuidar la forma”. El dirigente popular reconocía además que no se sentía cómodo en el panorama actual: “El clima político en general que hay no es el clima en el que a mí me gustaría que estuviera la política”.

En el último año y medio que lleva al frente del PP, la deriva derechista de Casado ha forzado la salida de los dirigentes más moderados del partido. Todos los cargos internos del PP excepto Cuca Gamarra son fieles a Casado desde las primarias y el único contrapeso lo ejercen barones como Feijóo, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla o el líder del PP vasco, Alfonso Alonso. Los populares más centristas como los rivales de Casado en las primarias Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal, así como José Luis Ayllón, Celia Villalobos o Borja Sémper, entre otros, están ya fuera del partido.

El mismo martes que se conoció la salida de Sémper, FAES, la fundación del expresidente del Gobierno José María Aznar –padrino político de Casado– decidía lanzar un capote a la estrategia del líder del PP respaldando una línea de oposición dura y claramente frentista contra la izquierda. 

En un comunicado que por la similitud en el lenguaje y en las reflexiones parecía escrito por los mismos asesores que redactan los discursos a Casado, FAES consideraba que “nadie puede pensar seriamente que con el protagonismo de los inspiradores del chavismo, los golpistas de Catalunya y quienes siguen sin condenar el terrorismo de ETA” en la formación del Ejecutivo, “la calidad de la democracia va a mejorar”. “Este gobierno”, añadía la fundación, “es posible porque la izquierda española, empezando por el Partido Socialista, ha hecho una enmienda a la totalidad a la Transición y al pacto constitucional”.

La polémica sobre Delgado y el CGPJ

Frente a quienes piden moderación a Casado, FAES reclamaba al PP “liderar un verdadero sentido nacional fiel a la Constitución en su letra y en su espíritu, desde el éxito histórico de nuestro sistema de convivencia, consciente de que hasta el presente las amenazas al sistema democrático han venido siempre desde fuera, pero ahora los que aspiran a desmantelarlo lo pueden hacer desde dentro contando con una obsequiosidad agradecida como la que Sánchez dispensó a la portavoz batasuna en la sesión de investidura”.

Y le pedía “un liderazgo en la oposición que tendrá, sobre todo, que confiar en la mayoría de la sociedad española a la que tiene que dirigirse con la profunda firmeza de la moderación frente al extremismo en el que se radica y que alimenta a este Gobierno”.

Casado asumía estas tesis al atacar al Gobierno por la elección de la exministra Dolores Delgado como fiscal general del Estado, llegando a instar el jueves al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a no avalar la legalidad del nombramiento. El líder del PP quiso así sumar a los jueces a su bloque de oposición contra el Gobierno. No lo consiguió, pero incluso una vez ratificada esa legitimidad por el máximo órgano de gobierno de los jueces por 12 votos a favor y 7 en contra –los contrarios fueron los magistrados propuestos por el propio PP– el PP consideró que Delgado debía renunciar al puesto por su supuesta falta de imparcialidad al haber formado parte del Ejecutivo. 

La elección de Delgado sirvió a Casado como nueva excusa para mantener bloqueada la renovación del CGPJ, que sigue en situación de interinidad desde diciembre de 2018 precisamente por la negativa de los populares a sentarse con el PSOE para lograr un acuerdo que necesita del apoyo de tres quintos del Congreso –210 votos– y, por tanto, requiere del entendimiento de los dos grandes partidos. La dirección del PP considera que, en este contexto, “no hay nada que negociar” con el partido del Gobierno.