El revuelo que causó la decisión del Tribunal de Estrasburgo de tumbar la doctrina Parot llegó hasta los subsidios de desempleo que cobran los presos al salir de la cárcel. La ayuda la perciben todos los liberados de prisión que no han generado el derecho a percibir una prestación contributiva y cumplen algunas condiciones.
El Gobierno ha aprobado nuevos requisitos 'extra', que los presos que cumplan delitos de terrorismo o abuso de menores de 13 años deberán asumir para cobrar este subsidio: a partir de ahora tendrán que haber satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito, reparar los perjuicios materiales “y morales”, y pedir perdón a las víctimas. Los nuevos requisitos se aplican desde el 1 de enero, es decir, no son retroactivos.
El Ejecutivo ha introducido los cambios a través de una enmienda a la Ley de Presupuestos Generales de 2014, que se publicó el 26 de diciembre. Los nuevos requisitos afectan a los liberados que hayan cumplido penas por delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas, delitos “cometidos en el seno de una organización o grupo criminal” y delitos referidos a la prostitución y corrupción de menores, y a los abusos y agresiones sexuales, sólo en el caso de que las víctimas fueran menores de 13 años.
El resto de presos que queden en libertad podrán seguir cobrando el subsidio de desempleo en las mismas condiciones que hasta ahora. Esto es, si han estado al menos seis meses en la cárcel y no han generado derecho a una prestación contributiva, o bien si han cotizado entre tres y seis meses pero no tienen derecho a una prestación. Este subsidio es de 426 euros y tiene una duración de seis meses.
Si los presos cuyos delitos estuvieron relacionados con organizaciones terroristas quieren cobrar el subsidio por desempleo, tendrán que satisfacer con sus rentas y patrimonios “presentes y futuros” la responsabilidad civil del delito, mostrar “signos inequívocos” de haber abandonado los fines y medios terroristas, y haber colaborado “activamente” con las autoridades, “lo que podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean y su colaboración con las autoridades”. Son los requisitos que figuran en un apartado de la Ley Orgánica General Penitenciaria.
En el caso de los liberados que cometieron delitos de prostitución o corrupción de menores, o abusos y agresiones sexuales a menores de 13 años, tendrán que satisfacer la responsabilidad civil derivada, “considerando a tales efectos la conducta efectivamente observada en orden a reparar el daño e indemnizar los perjuicios materiales y morales”. También deberán haber formulado una petición expresa de perdón a sus víctimas.
PP y UPyD pactaron en el Congreso que el Gobierno tomara medidas para evitar que los presos de ETA que salieran de prisión pudieran cobrar el subsidio si no habían pedido perdón a las víctimas. El resto de grupos parlamentarios lo consideraron inconstitucional y un intento de apropiarse de las víctimas.