El informe de la Eurocámara limita el levantamiento de la inmunidad de Puigdemont al caso de la euroorden, pendiente en la Justicia belga

El Parlamento Europeo dio el martes por la tarde un paso más para levantar la inmunidad de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí. Pero ese levantamiento está acotado a dar respuesta a la propia petición del Tribunal Supremo. Así, no prevé ningún enjuiciamiento y se limita al caso de la euroorden, abierto y congelado en la Justicia belga tras tomar posesión del escaño, según recoge el informe elaborado por el ponente, el ultraconservador búlgaro Angel Dzhambazki (ECR, el grupo de Vox y los nacionalistas flamencos de la N-VA), y publicado este miércoles por el Parlamento Europeo.

Al tiempo, el informe del suplicatorio descarta que “el procedimiento judicial responda a la intención de dañar la actividad política de un diputado y el Parlamento Europeo”; niega que la causa del 1-O, por ser de 2017, “se iniciara con la intención de obstaculizar la futura actividad política de Puigdemont como eurodiputado, puesto que en aquella fecha la adquisición de dicha condición no era sino una hipótesis de futuro”, y también rechaza cuestionar la competencia del Supremo para pedir el suplicatorio, si bien la Justicia belga ha descartado la euroorden del ex conseller Lluís Puig precisamente al cuestionar la competencia del Supremo.

“Se decidió solicitar al Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad de Carles Puigdemont i Casamajó 'a fin de que pueda continuar la ejecución de las órdenes europeas de detención y entrega que han sido dictadas', e informar de ello a la autoridad de ejecución en Bélgica”. Esta frase del informe aprobado en la comisión de Asuntos Jurídicos señala el ámbito de aplicación del levantamiento de inmunidad votado en comisión y sobre el que decidirá el pleno del Parlamento Europeo a partir del 8 de marzo.

Es decir, la petición del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena al Parlamento Europeo, y que está dando curso la Eurocámara, versa sobre la orden de detención que quedó congelada en Bélgica cuando asumieron el acta de eurodiputados, y, por otro lado, no especifica que sirva para enjuiciarles, al tiempo que les permite viajar a Estrasburgo si hay plenos en la sede francesa.

En todo caso, el próximo pleno de marzo del Parlamento Europeo, entre el 8 y 11 de marzo, tendrá la última palabra, si bien las mayorías de la comisión JURI suele trasladarse a las votaciones en la plenaria. “No damos ninguna batalla por perdida”, ha dicho el expresident de la Generalitat en una rueda de prensa este miércoles en el Parlamento Europeo: “No la dimos cuando decían que me extraditarían en Alemania; no la dimos cuando decían que aceptarían la euroorden en Bélgica; y tampoco cuando nos decían que no seríamos eurodiputados. Ahora tampoco la damos por perdida, pero sabemos contar”.

Puigdemont, de esta manera, reconoce que la votación “previsible y lamentable” en la comisión dibujó una mayoría de populares, socialistas, liberales y ultraconservadores que, de reproducirse en el pleno, llevaría a la pérdida de la inmunidad de los tres eurodiputados y la reactivación de la euroorden.

“Si eso pasa”, ha explicado Comín, “nosotros recurriremos ante el tribunal de justicia de la UE por las irregularidades de un proceso que ha llevado a un día negro de la democracia europea. Nosotros, como hemos hecho siempre, estaremos a disposición de la justicia belga, pero recurriremos ante Luxemburgo”.

Puigdemont, Comín y Ponsatí han señalado las filtraciones, el hecho de que el ultraconservador búlgaro Angel Dzhambazki (ECR, el grupo de Vox) fuera un único ponente para los tres casos; “las reacciones de Ciudadanos tras la votación, partido del presidente de la comisión JURI, Adrián Vázquez; o de Vox, compañeros del ponente” para denunciar que “ha sido un proceso parcial en el que los eurodiputados españoles han arrastrado al Parlamento Europeo”.

Si el Parlamento Europeo levanta la inmunidad, ninguno de los tres pierde su condición de eurodiputado: lo que ocurre es que se reactiva la euroorden y estarán a expensas de lo que decidan los tribunales del país en el que se encuentren. En el caso de Bélgica, la Justicia ya ha rechazado la del ex conseller Lluís Puig por considerar al Supremo tribunal no competente.

Esteban González Pons, vicepresidente de los populares europeos en la Eurocámara, ha señalado: “El Parlamento Europeo no puede convertirse en un refugio de impunidad de aquellos que atacan el estado de derecho en un país miembro de la UE, dañando así la estabilidad del conjunto de la Unión”.

Iban García del Blanco, eurodiputado socialista y vicepresidente de JURI, ha afirmado tras la votación: “A partir de este momento es el pleno del Parlamento Europeo el que tiene que tomar definitivamente una decisión, que está soportada en principio por una mayoría más que suficiente. Los dos socialistas españoles que pertenecemos a esa comisión hemos votado, por supuesto, en favor del levantamiento de la inmunidad. Creemos que las instituciones tienen que funcionar con normalidad. No hemos decidido sobre el fondo del asunto. La Comisión de Asuntos Jurídicos no es un tribunal y será ante la justicia española ante la que tendrán que responder como el resto de ciudadanos y ciudadanas de España”.

El presidente de la comisión de Asuntos Jurídicos, Adrián Vázquez (Ciudadanos/Renew), ha declarado tras la votación del informe: “Hay que esperar. Todavía no se ha acabado el procedimiento. Una vez que el pleno vota a favor de ratificar el informe de la Comisión, el levantamiento de inmunidad es automático. Los diputados no pierden su estatus de eurodiputado, si es ratificado en el pleno, se da la notificación al Estado miembro de que los diputados pueden ser o investigados o llevados a juicio”.

La copresidenta de La Izquierda en el Parlamento Europeo (GUE/NGL), Manon Aubry (France Insoumise), ha criticado la decisión de la comisión de Asuntos Jurídicos, a la que pertenece: “La propuesta de levantar la inmunidad a tres diputados catalanes es un precedente grave: el Parlamento Europeo propone entregar a sus diputados a la persecución política de un Estado miembro. Esta no es un Parlamento soberano que garantiza el Estado de Derecho, sino una parodia democrática”.