El juez Pablo Llarena emitió este lunes una nueva orden de detención europea contra Carles Puigdemont tras la sentencia del Supremo contra los políticos presos por el procés. Y este martes, 24 horas después, antes de que la Fiscalía de Bruselas o cualquier órgano jurisdiccional belga haya actuado, el Parlamento Europeo ha reactivado la prohibición de acceso a los edificios que tomó en su momento, “en el marco de la cooperación entre estados miembros e instituciones europeas”, como ha adelantado la SER y ha confirmado eldiario.es.
Es decir: se le prohíbe el acceso a los edificios del Parlamento Europeo, ni siquiera como visitante, que es como estaba haciendo hasta ahora, toda vez que tras las elecciones se le negara el acceso provisional como al resto de eurodiputados electos pero no proclamados.
Desde el entorno del ex presidente explican dicen no tener conocimiento oficial, por lo que van a “preguntarlo por escrito”. Según las fuentes próximas a Puigdemont, esta decisión del Parlamento Europeo “daría acceso directo a un recurso ante el TJUE”
No obstante, Puigdemont ha realizado un acto este martes a las puertas del Parlamento Europeo, en el que confirmó que ya preveía que se fuera a reactivar la euroorden después de la sentencia del procés. Sin embargo, ha asegurado que la justicia española tendrá que explicar por qué ahora solicita la extradición por un delito distinto al de las anteriores ocasiones cuando “los hechos son los mismos”. “Habría que preguntarle a los creativos de la justicia”, ha remarcado.
Puigdemont ha insistido que está “a disposición” de la justicia belga, donde hay “una auténtica separación de poderes”. El expresident ha señalado que durante años el Estado ha hablado de “una falsa acusación de violencia” de la que se ha servido para “violar los derechos políticos de muchas personas”. “Es un daño irreparable”, ha lamentado sobre la suspensión de los cargos que han sido elegidos en las elecciones de abril y mayo.
Ha hecho estas declaraciones en un acto en Bruselas donde ha estado acompañado por eurodiputados españoles como Pernando Barrena (Bildu), Miguel Urban (Unidas Podemos) o Izaskun Bilbao (PNV), así como representantes irlandeses, belgas, franceses o portugueses.
Ya el 29 de mayo, el Parlamento Europeo cerró las puertas a Carles Puigdemont y Toni Comín, cuando acudían al “Welcome Village” de la Eurocámara y se encontraron con que, a diferencia del resto de eurodiputados españoles, ellos tenían una cruz junto a su nombre en la lista: al resto de electos les dieron una acreditación mensual sin tener el acta, pero a Puigdemont y a Comín, excepcionalmente, se les negó esa acreditación y les han pedido el acta, que no se recogía hasta el 17 de junio.
A raíz de esto, el Parlamento dejó sin efecto las credenciales provisionales y concedió pases de visita a los eurodiputados.
Aquella decisión de impedir la entrada a Puigdemont y Comín provenía de la cúpula del Parlamento, del entonces presidente, Antonio Tajani, y del secretario general, Klaus Welle. Según la institución comunitaria, la Cámara se reservaba “el derecho de no facilitar la entrada” a nadie hasta “asegurarse que la persona ha obtenido el acta”. Puigdemont reside en Bélgica, y la justicia española le reclama por sedición –antes fue por rebelión– a raíz del 1-O.