Es una cuestión de procedimientos: si hay inmunidad, no puede haber euroorden sin suplicatorio. Entonces, primero hay que discernir si Carles Puigdemont y Toni Comín son eurodiputados de pleno derecho y gozan de inmunidad antes de resolver la euroorden reactivada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena el pasado 14 de octubre –todo indica que se va a superar el plazo de 90 días para resolver sobre ella, en tanto que la primera instancia no ha resuelto y aún quedarían otras dos de apelación–.
Y eso es lo que ha planteado la defensa de los líderes independentistas catalanes en la vista ante el juez de Bruselas sobre la euroorden. Y el juez de la Cámara del Consejo –el tribunal de primera instancia– ha estimado las argumentaciones, y ha decidido no tomar la decisión hasta que se resuelva en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el contencioso sobre la inmunidad de Puigdemont y Comín, eurodiputados electos. La vista ha sido pospuesta hasta el 3 de febrero –día que coincide causalmente con la fecha de caducidad del DNI de Puigdemont–, según han explicado los abogados Gonzalo Boye, Simon Bekaert, Paul Bekaert y Christophe Marchand, han explicada a la salida de la vista.
“El juez espera a que el tribunal de Luxemburgo decida sobre nuestra inmunidad”, ha explicado Puigdemont: “Seguimos estando a la disposición de la justicia, y es lógico que un tribunal no tome una decisión antes de la decisión sobre la inmunidad. Las medidas que nos dictaron continúan intactas, el procedimiento sigue, pero se aplaza hasta el 3 de febrero”. Si para el 3 de febrero siguiera sin haber un dictamen de la justicia europea sobre la inmunidad, previsiblemente la vista volvería a posponerse.
La inmunidad del expresident y el exconseller –y la de Clara Ponsatí una vez que haya Brexit–, podría quedar resuelta este jueves 19 de diciembre si el TJUE asume las conclusiones del abogado general sobre el caso de Oriol Junqueras y las hace extensivas a Puigdemont y Comín. Pero en tanto que el juez de Bruselas ha dejado la vista para el 3 de febrero es un indicativo de que quizá este jueves la respuesta del tribunal de Luxemburgo se ciña a la pregunta prejudicial del Supremo –si tenía que dar permiso penitenciario a Junqueras a recoger el acta, a pesar de que entonces aún era diputado en el Congreso en prisión preventiva– sin entrar a resolver la situación de Puigdemont y Comín. O que, incluso, el próximo jueves el tribunal se limite, como sugería el abogado general, a decir que ya no tiene sentido la respuesta en tanto que llega después de la sentencia.
Pero no es la única vía abierta: está pendiente de resolverse el recurso sobre las medidas cautelares a la decisión del Parlamento Europeo de no reconocerles como eurodiputados de pleno derecho –medidas que el TJUE rechazó el 1 de julio inicialmente–; además de estar pendiente en Luxemburgo –en el TGUE– la demanda de fondo sobre este asunto.
El exconseller Lluís Puig permanece en la causa, agrupada en Bruselas, por malversación. A él no le afecta la discusión por la inmunidad en tanto que no es eurodiputado electo, pero se le acumuló el caso con Puigdemont y Comín para que no haya un pre-juicio: es decir, que la hipotética sentencia previa sobre Puig no se traslade automáticamente a los otros dos sin haber tenido un juicio propio.
“El tribunal ha admitido que estamos en una situación de procedibilidad”, ha explicado Boye, “y que primero ha de tener todos los elementos sobre la inmunidad, pendientes en el Tribunal de Justicia de la UE. Es el procedimiento correcto, no ha habido oposición por ninguna de las partes [la Fiscalía] y esperamos que para el 3 de febrero a las 14.00 se haya pronunciado el TJUE sobre la inmunidad, que es el requisito de procedibilidad”.
Hasta que se decida sobre la euroorden, Puigdemont, Comín y Puig siguen en libertad sin fianza y con algunas medidas cautelares –no pueden salir del país sin avisar y deben permanecer localizables–.