Las “exageraciones” de Policía, Fiscalía y jueza provocan la absolución de una supuesta mafia china aliada de Gao Ping
Una operación policial con decenas de agentes implicados condujo el 8 de julio de 2014 a la detención de 31 ciudadanos chinos en Madrid acusados de pertenecer a una “organización criminal” dedicada al blanqueo de capitales y al cobro de deudas con brutales palizas, según recogía la extensa nota de prensa. Nueve años después, la Audiencia Provincial ha absuelto a casi todos los acusados en una sentencia que describe cómo la Policía montó una gigantesca investigación “prospectiva” a partir de una denuncia por lesiones de un testigo protegido y que lo hizo con el apoyo de la Fiscalía y el aval de la jueza instructora.
Hacía dos años que había caído la organización liderada presuntamente por Gao Ping, un empresario afincado en la Comunidad de Madrid, capaz de blanquear y escamotear al fisco cientos de millones de euros cada año a través de infinidad de comercios regentados por compatriotas. La investigación contra Gao Ping –aún hoy pendiente de juicio– hizo visibles los presuntos delitos cometidos en el seno de la comunidad china, mucho más cerrada que otras implantadas en España, de la que apenas trascendía algo de su funcionamiento interno.
Cuando cayó Gao Ping, en octubre de 2012, la Policía ya investigaba a otra supuesta mafia china, la única capaz de hacer sombra al “emperador”, según crónicas periodísticas posteriores a su desarticulación. Esta otra banda estaría liderada por un tal Wenhai Ye Wang, alias Luis Ye, empresario que había sido detenido ya en 2011 por la Guardia Civil. Posteriormente, la Fiscalía Anticorrupción pondría por escrito que su banda y la de Gao Ping eran aliadas en la práctica de la extorsión a sus compatriotas.
En 2019, cinco años después de la segunda detención de Luis Ye, la Fiscalía Anticorrupción presentó un escrito de acusación en el que solicitaba penas de entre 3 y 16 años de cárcel para 28 personas, con Wenhai Ye Wang a la cabeza. El Ministerio Público les acusaba de organización criminal, blanqueo de capitales, lesiones, amenazas y daños.
La banda de Luis Ye habría utilizado la afición al juego de algunos de sus compatriotas para hacerles préstamos cerca de los casinos de Aranjuez y Torrelodones y cobrarles luego intereses de hasta el 10% por demora diaria. Si no pagaban eran apaleados, según la acusación. A partir de ahí, los procesados habrían montado un gran entramado de blanqueo de las ganancias, objetivo final de los investigadores.
La sentencia dictada por la Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid el pasado 29 de junio, a la que ha tenido acceso elDiario.es, establece que toda la investigación parte de unos pinchazos telefónicos, propuestos por la Policía, apoyados por la Fiscalía de Madrid y avalados por la titular del Juzgado de Instrucción número 39, y que en ningún caso se podían dictar “a partir del único hecho cierto a investigar, la denuncia por un delito de lesiones” que había presentado un testigo protegido, confidente habitual de la Policía.
Los jueces explican a la magistrada instructora que una sospecha policial, la del entramado que se escondería tras el delito de lesiones, no es un indicio que sostenga una investigación. “A nuestro parecer la inicial actividad instructora en sí resulta prospectiva, exagerada y no proporcionada”, resuelve el fallo.
“No está perfilado el número de acusados ni de teléfonos en ningún momento; la Policía carece de indicios corroboradores de la participación en los delitos de los investigados; no está justificada la extensión de la investigación a los parientes de Wenhai (Luis Ye) y tampoco de las empresas; las diligencias no están declaradas secretas y no existe constancia del cotejo de las conversaciones intervenidas [en dos dialectos chinos”, resume el tribunal la instrucción de la titular Juzgado número 39 de la capital, Belén Sánchez.
El historial del policía Gómez Gordo
La magistrada actuó a partir de un atestado del Grupo V de la Brigada de Extranjería de Madrid, dedicado a investigar los delitos cometidos en el seno de la comunidad china, la mayor parte de ellos con compatriotas como víctimas. Al frente de ella estaba el entonces inspector Miguel Ángel Gómez Gordo, implicado y exculpado en dos casos; el primero, por participar en el secuestro de una ciudadana china, en el que llegó a ser juzgado y absuelto; y el segundo, por recibir regalos y prebendas de la organización de Gao Ping, aunque la causa contra él se archivó antes de llegar a juicio.
Mientras estuvo investigado por todos esos presuntos delitos y mucho después, hasta 2015, el inspector Gómez Gordo siguió al frente del grupo de la Policía dedicado a la comunidad china en Madrid. Incluso fue ascendido durante el mandato de Jorge Fernández Díaz a inspector jefe. Posteriormente fue destinado a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, el órgano central de su especialidad, y puesto al mando de una sección operativa, al frente de la que continúa.
En 2018, el jefe del Grupo que investigó a Luis Ye fue condecorado con una medalla al mérito no pensionada y ya ha comenzado a preparar su ascenso a comisario, aunque por el momento no ha superado el proceso. El apellido Gómez Gordo ha adquirido relevancia por la implicación de su hermano mayor, Andrés, en la operación para espiar a Luis Bárcenas con fondos reservados, en cuya pieza del caso Villarejo está procesado. Tras aquella decisión judicial, Andrés Gómez Gordo fue apartado temporalmente del Cuerpo.
Pero los policías que idearon la operación no son los únicos que escapan a la fiscalización del trabajo que hace la sentencia. Dice la Sección 17 que la jueza Belén Sánchez no valoró los atestados policiales y se limitó a firmar las peticiones. “El auto no describe con claridad las razones de la gran cantidad de teléfonos intervenidos ni de sujetos a los que afecta, lo cual lo convierte en una resolución prospectiva que no describe la importancia de lo investigado”, añade.
Traducciones aproximadas del chino
Además, las transcripciones no fueron cotejadas por el secretario judicial y “muchas de ellas resultan improcedentes al haberse acordado sobre personas que nada tenían que ver con los hechos”, añade. “[Las intervenciones telefónicas] lesionan no solo el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones sino que, entendemos, no han sido objeto de control judicial, lo que las convierte en nulas de pleno derecho”, añade la sentencia.
En los atestados se llega a decir que, tras la intervención de un traductor, lo plasmado por la Policía presenta una “coincidencia esencial” con lo que realmente hablan por teléfono los investigados en dos dialectos chinos de las provincias de las que proceden.
Los reproches a la actuación de la jueza Belén Sánchez continúan abarcando una queja recurrente de los abogados defensores sobre la pasividad con la que algunos instructores actúan, dando credibilidad a todo lo que les presenta la Policía sin mayor estudio. “El juez de instrucción hoy no se limita a ‘convalidar’ la petición policial; o a hacer de filtro para repeler abusos, abandonando en la policía la investigación y limitándose a recibir periódicamente cuenta por ‘exigencias del guion’. Es él quien realiza la injerencia, el responsable de la investigación, quien ha de dirigirla (…) no es un simple observador un árbitro que deja hacer y solo interrumpe cuando detecta una infracción o irregularidad”, resuelve la Audiencia Provincial.
El itinerario de la Policía fue el siguiente: tras conseguir los pinchazos telefónicos de los investigados por la supuesta agresión denunciada por su confidente comienza a solicitar que se libren oficios a la Tesorería General de la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria, a los casinos de Torrelodones y de Aranjuez.
La jueza accedía y, de acuerdo a la nueva información de los órganos y empresas requeridas y a la de los pinchazos telefónicos, los policías pedían otras intervenciones telefónicas que también les eran concedidas. En los atestados policiales, reprocha la sentencia, se llega hablar de personas de origen chino “peligrosas”, sean o no investigados.
Y tras dos años, la Policía considera que es necesario explotar la operación, detener a 31 de personas y practicar 21 registros. Sobre su petición, el apoyo que le dio Anticorrupción y la firma de la jueza, la Audiencia Provincial de Madrid considera que los agentes dejan “claro” en su petición que “después de dos años siguen investigando, buscando pruebas, indicios y justifican la entrada en los domicilios a los efectos de asegurar el objeto del delito”.
“A continuación elaboran un informe de imputación de hechos en donde se recogen los delitos de amenazas, blanqueo, coacciones y pertenencia a organización criminal. La Sala (el tribunal) considera que mezclan supuestos similares de denuncias de ciudadanos chinos que han resultado extorsionados por supuestos débitos de préstamos, que no son objeto de instrucción, reiteran las nueve vigilancias en los casinos realizadas, se remiten a operaciones similares contra organizaciones chinas y, finalmente reconocen que las intervenciones telefónicas han sido una vía para profundizar en el entramado financiero de When Hai”.
La Policía Nacional exhibió en su nota de prensa fajos de billetes incautados en la operación, suma de lo recogido en la veintena de allanamientos. Sin embargo, el tribunal afirma que “salvo el hecho de que en dos de ellos que se encontró una cantidad de dinero relevante, en el resto las cantidades encontradas estaban dentro de lo que una economía media puede disponer en el domicilio, quedando sin interés el resto de lo hallado”.
La jueza que archivó la causa contra López Madrid en el 'caso Pinto'
La jueza Belén Sánchez ya archivó la causa de acoso de Javier López Madrid contra la doctora Pinto en base a unas maniobras policiales en las que participó el hermano del policía que impulsó el caso de Luis Ye. La Audiencia Provincial puso en duda los informes policiales que señalaban a la doctora y que la jueza Sánchez había dado por válidos. La magistrada propuso finalmente juzgar a López Madrid y al comisario Villarejo seis años después de la apertura de la causa. Fuentes jurídicas aseguran que mientras se instruía la causa contra la supuesta organización de Luis Ye la jueza soportaba la carga de trabajo de su juzgado y de otro en el que realizaba una suplencia.
En el caso de la Fiscalía fue una de las fiscales asignadas al caso la que asumió las afirmaciones de la Policía para abrir la investigación y apoyó las mismas ante la jueza. Dos años después, a punto de explotar la operación, se hizo cargo la Fiscalía Anticorrupción. Finalmente, todos los acusados han resultado absueltos, incluido Luis Ye, excepto uno de ellos, que ha sido condenado a seis meses por un delito de amenazas continuadas y otro cuyo abogado pactó una condena menor por blanqueo.
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