Nadie cree a 'El Albondiguilla'. No lo hacen las acusaciones particulares, ni las populares, ni la Abogacía del Estado ni, por supuesto, la Fiscalía, que mantiene la petición de cuarenta años de cárcel para el que fuera alcalde de Boadilla del Monte por el Partido Popular. Arturo González Panero inició el juicio por la corrupción de la trama Gürtel en ese municipio madrileño en el pelotón de ‘arrepentidos’ y lo acaba implorando al tribunal que reduzca una eventual condena tras el fracaso de su estrategia de intento de pacto con Anticorrupción. “Hay un reconocimiento expreso de las comisiones y del cohecho”, intentó justificar esta semana su abogado, Gustavo Galán.
Pero el exalcalde, también conocido por el peyorativo mote de 'El Albondiguilla' que le puso Francisco Correa, es el único de los 17 acusados que reconocieron hechos por escrito y en el juicio al que el Ministerio Público no da credibilidad. La fiscal Concepción Nicolás fue muy dura en su informe final. Calificó de “tendenciosa, equívoca y falsa” la supuesta confesión que hizo apenas unos días antes del inicio del juicio, asediado por las pruebas y los testimonios aportados por otros supuestos miembros de lo que el juez instructor definió como el “grupo criminal” de Boadilla del Monte, formado por empresarios y políticos del PP local que habrían recibido dinero y regalos a cambio de adjudicaciones de obras, parcelas y servicios del Ayuntamiento causando un perjuicio a las arcas municipales que la Fiscalía cifra en cuatro millones de euros. La trama también habría sufragado bajo cuerda los gastos de campañas electorales de los conservadores.
La consecuencia del revés de la Fiscalía es que González Panero, que habría llegado a acumular más de un millón de euros en Suiza gracias a las dádivas por el amaño de contratos en el Ayuntamiento que lideró entre 2001 y 2009, se enfrenta a la petición de pena más alta de un procedimiento con casi cuarenta acusados y en el que el Partido Popular se expone a su tercera condena por beneficiarse de la Gürtel. Cuarenta años y nueve meses de cárcel que su abogado imploró rebajar esta semana en la presentación de sus conclusiones definitivas.
Durante una hora larga, el letrado se afanó en justificar que su cliente sí había realizado un auténtico reconocimiento de los hechos que le hace merecedor de que se le aplique la atenuante muy cualificada de confesión. Galán recordó que González Panero reconoció que hubo campañas del PP en Boadilla que “se hicieron de manera irregular” y que no debería haberse permitido que empresas de la trama organizaran ese tipo de actos. O que incluso admitió la existencia de un vídeo –en posesión de Francisco Correa, líder de la Gürtel– en el que él mismo aparece “contando dinero” procedente de mordidas. El letrado aludió en este punto a la declaración como testigo de José Luis Peñas, el exconcejal del PP que destapó la trama, en la que afirmó que el propio Correa le había dicho que con ese vídeo “tenía cogido por lo huevos” al alcalde. “Correa pretendía una colonización absoluta de Boadilla del Monte”, afirmó Galán.
El abogado trató de justificar que la supuesta confesión de su cliente tenía todavía más valor teniendo en cuenta las “extorsiones y amenazas” que habría recibido del entramado de Correa a partir de 2005, cuando empezaron a distanciarse, según el testimonio del exregidor. Y se refirió a una carta con unas supuestas “reglas de conducta” que la Gürtel le habría hecho llegar a partir de esa fecha y en la que le decían que no le querían “joder la vida” al tiempo que le advertían de que había que “restablecer” la “situación previa” de favorecer a las empresas que habían ayudado al PP. La investigación, que se inició en 2009, ha sacado a la luz adjudicaciones irregulares a la trama entre los años 2002 y 2008.
“Tendenciosa, equívoca y falsa”
Con estos argumentos, el abogado de González Panero trató de rebatir la tesis de la fiscal Nicolás, que días antes había sido implacable con su cliente. La representante de Anticorrupción calificó de “tendenciosa, equívoca y falsa” la confesión del exalcalde, que afirmó también que el PP le dio instrucciones de que había que pagar “por fuera” parte de los gastos de las campañas autonómicas de 2003 y de las generales de 2004 o aseguró haber recibido “llamadas de Moncloa” durante la presidencia de José María Aznar y directrices del presidente regional del partido, Pío García-Escudero, en relación a varias personas y actuaciones de la Gürtel en el municipio.
Pero la fiscal recordó que la jurisprudencia exige que para que una confesión tenga efectos no debe ocultar o añadir falsamente otros elementos diferentes ni eludir responsabilidades atribuyéndoselas a otros. “Exactamente, lo que ha venido a hacer Panero”, afirmó. En contraposición, la representante de Anticorrupción puso en valor las confesiones de otros implicados. Entre ellas, la de Correa, para quien pasó de pedir 76 años de cárcel a 19 gracias a haberlo reconocido “absolutamente todo”. “Ha reconocido el blanqueo, el dinero, las prevaricaciones e incluso nos ha hablado de su propio negocio con otros empresarios a los que él llamaba el lobby o el business”, dijo Nicolás, que recordó que el líder de la Gürtel explicitó ante el tribunal la actividad de sus empresas, cómo conoció a González Panero e incluso dónde se hacían los “repartos” de dinero. Es decir, nada de escurrir el bulto, como a su juicio sí hizo el exalcalde.
De hecho, esa fue otra de las premisas que intentó tumbar la defensa del exregidor, que insistió en varias ocasiones en que en ningún caso su cliente trató de “evitar responsabilidades” y sí aportó información nueva y relevante para el esclarecimiento de los hechos. Además, situó el inicio de la colaboración de González Panero con la justicia no unos días antes de que se iniciara este juicio, cuando presentó su escrito de confesión el pasado 3 de noviembre, sino en enero de 2020, cuando contrató a Galán y decidió cambiar de estrategia y empezar a colaborar.
En su informe, la fiscal había dicho que González Panero solo se avino a confesar cuando ya estaba acorralado por un “tsunami de prueba” tras los escritos presentados por otros acusados. “No tenía defensa. Su estrategia era que, dado que no lo puedo negar, voy a intentar sacar rédito. No podía negar lo evidente, pero no ha colaborado en nada. Salvo aquello que no pudo negar, no veo que haya colaborado en absolutamente nada”, afirmó Nicolás. A este respecto, Galán aseguró que otros acusados para los que la Fiscalía sí pidió aplicar la atenuante muy cualificada de confesión como el contable de la trama, José Luis Izquierdo, o el exgerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla Tomás Martín Morales presentaron sus escritos “en fechas posteriores” al de González Panero.
Decida lo que decida el tribunal –el reconocimiento de los hechos no libera a los jueces de tener que valorar las pruebas aportadas–, lo cierto es que con su negativa a dar valor a la supuesta confesión de González Panero, la fiscal asesta un duro golpe a la estrategia del letrado, que también capitaneó la defensa de Luis Bárcenas en el juicio de la caja B del PP. Días antes del inicio de esa vista oral, el extesorero del partido conservador presentó un escrito de confesión –en realidad, un compendio de acusaciones sin soporte documental– que tampoco tuvo efectos. La Fiscalía mantuvo la petición de cinco años de cárcel para él y no recogió esa colaboración en su informe final. Aunque finalmente Bárcenas fue condenado a dos años de prisión, volvió a cambiar de abogado.
“Cantidades recibidas”
Pero el de la Fiscalía no ha sido el único golpe que ha recibido González Panero en este juicio. También la Abogacía del Estado dio protagonismo al exalcalde en su informe final al recalcar que no había devuelto las “cantidades percibidas” de la trama. “Las disfrutó en el momento de consumación del delito contra la Hacienda Pública, las ha venido disfrutando todos estos años y las disfruta a día de hoy o bien se las ha gastado”, dijo la representante de los servicios jurídicos del Estado, que defendió que González Panero debe ser condenado por delito fiscal además de por cohecho. Su criterio disiente del de Anticorrupción, que defiende una acusación por delito contra la Hacienda Pública solo en el caso de que no se estimara el cohecho. La Abogacía del Estado mantiene, sin embargo, que “ambas condenas pueden y deben coexistir”.
Las acusaciones que ejercen la acción popular fueron en general muy críticas con los acusados que han reconocido los hechos tratando así de obtener una rebaja en sus condenas. La letrada Gloria de Pascual, que representa a los excargos socialistas Carmen Ninet y Pablo Nieto y a cuyas conclusiones se sumó Adade, afirmó que existe una “absoluta imposibilidad legal” de apreciar la atenuante muy cualificada de confesión en “ninguno de los casos”. A su juicio, las confesiones se han limitado a reconocer lo ya acreditado por otros medios y no han supuesto “un más amplio reconocimiento de los hechos”. Además, siempre según el relato que desplegó ante el tribunal, varias de las declaraciones se han debido a la “insistencia” de la Fiscalía y muchas de ellas han carecido de una “puesta en contexto” que habría permitido dar “una mejor imagen de los hechos” y explicar mejor las relaciones entre los distintos actores.
La vista en la que se enjuician los supuestos sobornos de la trama de Correa a funcionarios y autoridades de Boadilla del Monte a cambio de contratos públicos se reanuda este martes en la Audiencia Nacional. Para ese día está previsto que el abogado del PP exponga sus conclusiones finales tras dar la callada por respuesta durante el interrogatorio de la Fiscalía, que tuvo lugar el pasado noviembre. La formación política se enfrenta en este procedimiento a su tercera condena, la segunda como beneficiario a título lucrativo del dinero de la corrupción de Gürtel. También hará su alegato final González Panero, uno de los pocos acusados que han manifestado la intención de ejercer su derecho a la última palabra.