Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
La portada de mañana
Acceder
Sánchez rearma la mayoría de Gobierno el día que Feijóo pide una moción de censura
Miguel esprinta para reabrir su inmobiliaria en Catarroja, Nacho cierra su panadería
Opinión - Cada día un Vietnam. Por Esther Palomera

El exbufete de Albert Rivera rechaza negociar: “No llegaremos a un acuerdo ni aunque consista en pagarle 1.000 euros”

Albert Rivera en una imagen de archivo

elDiario.es

11 de febrero de 2022 10:15 h

17

El despacho de abogados Martínez-Echevarría rechaza llegar a un acuerdo con Albert Rivera y el conflicto se aboca a la vía judicial. “No vamos a llegar a un acuerdo con Albert Rivera, aunque consista en pagarle 1.000 euros”, han respondido desde el bufete, según detalla El País. Este jueves se conoció que la defensa de Albert Rivera y José Manuel Villegas envió un burofax en el que solicitaban a esta empresa los salarios fijos y variables que restaban a los cinco años de contrato (hasta 2025), al que Martínez-Echevarría ha contestado negativamente.

Rivera ha fichado para este proceso judicial a De Carlos Remón Abogados, un bufete de abogados especializado en pleitos de grandes directivos, según informa El Confidencial. Entre sus últimos trabajos está la victoria de Andrea Orcel contra el Banco Santander por su contratación frustrada como consejero delegado de la entidad. El Santander deberá pagarle una indemnización millonaria.

El letrado encargado de los primeros trámites de Albert Rivera y José Manuel Villegas contra Martínez-Echevarría ha sido Álvaro Remón, socio fundador del despacho. Es responsable del burofax que envió la defensa de Rivera al bufete en el que se planteaba, además del abono de las retribuciones fijas y variables, la posibilidad de reclamar los supuestos daños morales —que cifraba en 500.000 euros para cada uno— provocados después de que Martínez-Echevarría acusase a los expolíticos de “baja productividad” tras conocerse que abandonaban la firma. Según El Confidencial, en el registro de horas figura que Rivera acudió, en algún mes, dos horas a las oficinas.

Los expolíticos alegan que el bufete ha incumplido el contrato que firmaron, por un lado por no hacer efectivo el compromiso de nombrarles presidente ejecutivo y vicepresidente respectivamente de la empresa que está detrás de Martínez-Echevarría y, por otro, por no abonarles una serie de variables también pactadas.

El bufete no tiene intención de aceptar la reclamación ni de negociar y cree que ambos exdirigentes de Ciudadanos pretendían estratégicamente que la noticia de su salida en los medios de comunicación les forzase “a llegar a un acuerdo” ya que la firma se podía “ver perjudicada”. En el burofax de respuesta el despacho dice que la “pretendida resolución contractual por incumplimiento” del contrato, como plantean Rivera y Villegas, les resulta “más que inaceptable, ofensiva”.

Indemnización de 500 días por año trabajado

La cantidad que pide el expresidente de Ciudadanos ronda los 500 días por año trabajado, que contrastan con el modelo que proponía su formación cuando él la dirigía: un contrato único de 20 días por despido procedente y de 33 si estaba injustificado.

Como los abogados han trabajado en Martínez-Echevarría desde marzo de 2020, la cuenta sale a más de 500 días por año trabajado, un monto considerablemente elevado en comparación con lo que Ciudadanos proponía a sus votantes cuando Rivera estaba al frente: un contrato único con indemnizaciones de 20 días por año trabajado si se trataba de un despido procedente y de 33 si no lo era. Todo ello, con un máximo de 12 mensualidades en el primer caso y de 24 en el segundo.

El partido ha sido uno de los principales defensores del contrato único en España como una forma de combatir la precariedad existente en el mercado laboral español y como una solución a la temporalidad. Si bien el partido no tocaba los días por despido reflejados en la reforma laboral de 2012 -que se han mantenido con la modificación de la legislación convalidada la semana pasada en el Congreso-, incluía algunas cláusulas que cambiaban las condiciones del despido. Unas modificaciones que, según los sindicatos, abrían la puerta a que despidos hasta ahora considerados improcedentes pudieran estar justificados legalmente con mucha más facilidad.

Etiquetas
stats