El exconsejero de la Comunidad de Madrid Borja Sarasola ha reconocido este martes en su declaración como imputado en la Audiencia Nacional que fue la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien le presentó al conseguidor de la Púnica Alejandro de Pedro en 2012. El encuentro fue “rápido” y tuvo lugar en “un pasillo”, informan fuentes jurídicas presentes en la declaración, que aseguran que Sarasola no ha explicado de qué hablaron durante ese encuentro ni cuál fue el objetivo de la presentación.
Sarasola, que está siendo investigado por el desvío de fondos públicos para engrosar la caja B del PP de Madrid, ya aseguró en su declaración el 4 de diciembre de 2017 ante la Guardia Civil que había sido Ayuso la que le había presentado a De Pedro en la sede del partido en la calle Génova de Madrid, según desveló infoLibre. De Pedro es un supuesto experto en reputación on line que cobraba de la Comunidad del Madrid para combatir informaciones críticas a través de páginas web y perfiles falsos en las redes sociales.
Sarasola fue secretario general de Vicepresidencia con Ignacio González (2007-2011), viceconsejero de ese mismo departamento (2011-2012) y finalmente titular de Medio Ambiente (2012-2015). El instructor de la causa, Manuel García Castellón, maneja indicios de que habría participado “en los conciertos para la financiación del PP de Madrid con fondos públicos desviados de las arcas públicas, desde los distintos cargos que desempeñó desde el año 2007, tanto públicos como en el partido”, algo que ha negado en su declaración en sede judicial. Según las fuentes consultadas, Sarasola ha asegurado en la Audiencia Nacional que nunca manejó dinero del PP de Madrid.
Sarasola también ha negado su participación en una reunión celebrada el 7 de junio de 2012 en la Asamblea de Madrid y en la que el juez lo sitúa junto al entonces vicepresidente regional Ignacio González. Según el auto, en ese encuentro, González habría pedido a directivos de empresas públicas que “sobrevalorasen contratos para detraer dinero” para el PP de Madrid con el objetivo de reunir un millón de euros para sanear la caja B del partido, que había quedado “maltrecha” tras la campaña de las elecciones autonómicas de 2011, tras la que Esperanza Aguirre revalidó su mayoría absoluta; y para empezar a recaudar fondos para los siguientes comicios, de 2015.
Según recoge el juez en el auto del 2 de septiembre en el que lo llama a declarar como imputado, en esa reunión habrían estado González, el consejero delegado de la empresa pública ICM, José Martínez Nicolás, directivos del Canal de Isabel II, el entonces director general de Asuntos Europeos y actual alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Terol, y el propio Sarasola, que ha negado su participación. Ha justificado que nunca pudo participar en ese encuentro porque ese día había sesión del control al Gobierno regional en la Asamblea de Madrid y se mantuvo en su escaño. Ha llegado incluso a poner en duda la existencia de esa reunión.
El papel de Sarasola es clave en esta parte de la investigación, pues él se encargaba de la “coordinación” de la administración regional con ambas empresas, que están en el epicentro del supuesto desvío de fondos al PP regional gracias a sus controles más laxos a pesar de sus presupuestos millonarios. Según el juez, ambas entidades “serían utilizadas como canal de financiación de gastos particulares y electorales del PP y de sus dirigentes, a través de la adjudicación de contratos sobrevalorados o contratos de cobertura a empresas concertadas”. Entre ellas, la tecnológica Indra.
Los investigadores también tienen en el punto de mira la supuesta intervención de Sarasola en los “desvíos de fondos a partir de Fundescam” a sabiendas de que una de las subvenciones otorgadas a esa fundación era un “mero instrumento” para conseguir que los fondos públicos de la comunidad sufragasen encubiertamente gastos electorales ocultados a la Cámara de Cuentas. A este respecto, siempre según las fuentes presentes en la declaración, Sarasola ha dicho que el letrado de la Comunidad de Madrid y el subdirector de régimen económico le daban los expedientes y que él se limitaba a firmarlos. Ha negado, por tanto, vinculación con cualquier irregularidad.