El 4 de mayo de 2005, el entonces consejero de Medio Ambiente de Murcia, Francisco Marqués, firmó una resolución sobre el proyecto de Novo Carthago que se apoyaba en la orden de su antecesor en el cargo –y de nuevo, actual consejero de Medio Ambiente-, Antonio Cerdá. Sólo cinco días después visitó la caja fuerte que tenía contratada en una oficina de Caja Mar y compró un bungalow y un garaje en la localidad alicantina de Campoamor, por los que entregó al vendedor un sobre con 392.000 euros en efectivo.
Según expone el último auto del juez que instruye el caso Novo Carthago, se trata de un sólido indicio de criminalidad, y más teniendo en cuenta que en aquel tiempo Francisco Marqués disponía de una renta de 50.523 euros y que a partir de la firma, el exconsejero subió exponencialmente los ingresos en efectivo en caja.
A la espera de la declaración este miércoles del actual delegado del Gobierno y exconsejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, y del consejero de Medio Ambiente Antonio Cerdá, ambos imputados junto con Francisco Marqués en el caso Novo Carthago, el auto del juez Manuel Abadía sigue elevando la temperatura política en la Región de Murcia.
Además de imputar a otros altos cargos del equipo de Bascuñana y de señalar “indicios racionales de criminalidad” contra Pilar Barreiro, alcaldesa de Cartagena y diputada nacional del PP en el Congreso, el magistrado desgrana “una serie de actos sucesivos” y encadenados unos con otros, en los que “no puede entenderse la última resolución sin las anteriores”.
Según el juez instructor, uno de esos actos fue la firma de Marqués, pero hubo más entre las diferentes administraciones gobernadas por el PP, todos relacionados entre sí y ninguno intrascendente para conseguir el fin pretendido: la recalificación de un espacio protegido de la costa del Mar Menor para la construcción de una urbanización de lujo con hoteles, campo de golf y 10.000 viviendas.
El magistrado Abadía no duda en calificar el proceso de recalificación como “voladura de las leyes estatales y autonómicas” en cuestión medioambiental, y añade que la promotora de la urbanización Novo Carthago, Hansa Urbana, buscó “el plácet político” e “incluso reforma legislativa” que garantizara la financiación del proyecto por parte de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. De hecho, en el auto afirma que “tuvo lugar un acuerdo” entre Rafael Galea, gerente de la promotora, “y autoridades políticas de primer nivel como Pilar Barreiro”, alcaldesa de Cartagena.
En declaraciones al diario La Verdad, el expresidente Ramón Luis Valcárcel ha distinguido entre los miembros imputados de su partido que siguen ostentando cargos y aquellos que tuvieron que dejarlos por anteriores causas judiciales como el propio Marqués –por el caso Zerrichera-, a quien el auto del juez Abadía atribuye la compra de su bungalow en relación a una parte del proceso de recalificación de Novo Carthago.
Así, en cuanto a la reciente imputación del delegado del Gobierno, Valcárcel ha afirmado que “moralmente” no le puede decir a Joaquín Bascuñana que se vaya, como tampoco lo hizo con Antonio Cerdá –actual consejero de Medio Ambiente, también imputado en la causa de Novo Carthago-, Miguel Ángel Cámara –actual alcalde de Murcia imputado en el caso Umbra-, y Pedro Antonio Sánchez –actual consejero de Educación, imputado por cohecho en la supuesta compra ilegal de una vivienda-. En opinión del expresidente de Murcia, en estos casos intuye que hay “argumentos suficientes para creer en su inocencia y honestidad”.
Además, Valcárcel critica que algunos autos judiciales se conozcan primero a través de la prensa, “como es habitual en Murcia” y no se da por aludido cuando el juez Abadía señala que se produjo un acuerdo entre la promotora Hansa Urbana y “autoridades políticas de primer nivel”.
Según el mismo diario, Valcárcel se reunió la semana pasada durante varias horas con el presidente de la comunidad, Alberto Garre, y con algunos de los cargos imputados de su partido en Murcia, y les arengó para que cierren filas. Ante esa actitud, el coordinador regional de IU en Murcia, José Antonio Pujante, afirmó que “defendiendo a sus imputados”, lo que hace el expresidente murciano y diputado del PP en Bruselas es “defenderse a sí mismo”. PSOE, IU-V y UPyD de la Región de Murcia han pedido la dimisión inmediata del último imputado en la causa de Novo Carthago, el delegado del Gobierno Joaquín Bascuñana. Además, el Partido Socialista ha anunciado que esta misma semana exigirá en el Congreso de los Diputados que Bascuñana cese de su cargo de forma urgente.