La defensa de los exconsellers Antoni Comin y Meritxell Serret acaba de solicitar al Tribunal Supremo que anule la causa abierta contra ellos por sedición, rebelión y malversación por estar plagada de irregularidades que se resumen en que la instrucción de Pablo Llarena, y antes de Carmen Lamela en la Audiencia Nacional, se realiza “a espaldas” de sus clientes.
En el escrito presentado por el abogado Gonzalo Boye se explia que el juez Llarena le ha impedido acceder al sumario y a las declaraciones de otros imputados con el argumento de que Comin y Serret están huidos de la Justicia. “No puede imponerse como condición previa para el ejercicio del derecho de defensa la comparecencia personal del investigado, ya que tal decisión no concordaría con el juicio constitucional de proporcionalidad entre los bienes jurídicos concurrentes”, alega el letrado.
En cuanto a la negativa de que la representación legal de los huidos participe en las declaraciones de otros imputados, el escrito dice: “Se nos está impidiendo interrogar o hacer interrogar a quienes puedan o no declarar en contra de mi representado”.
Tampoco conocen con posterioridad lo que han dicho los investigados y testigos porque no se les da traslado. Eso provoca, escribe el lerado Boye que “esta parte desconoce a fecha de hoy si los investigados que acudieron a declarar hicieron alguna referencia a mis mandantes, ya sea en contra o a su favor”.
La defensa de los exconsellers hace contrastar el argumento del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional con lo que la jueza de este último Carmen Lamela trasladó a las autoridades belgas cuando éstas se interesaron por las garantías del proceso en España. “Los reclamados de entrega y sus abogados tienen acceso directo al expediente sin limitación o restricción alguna y pueden proponer y aportar todas las pruebas que consideren oportunas”, decía entonces la jueza. “Es inexplicable que se informe en estos términos a un fiscal belga y se haga lo contrario en el procedimiento”, replica ahora su abogado.
“Se está aprovechando la ausencia de mis defendidos para causarles una auténtica y efectiva indefensión, y ello sobre una base que no encuentra apoyo legal: no se les ha declarado en rebeldía pero se está impidiendo a su defensa actuar por encontrarse ausentes del territorio nacional”, añade.
Respecto a su situación en Bruselas, el letrado afirma que “no parece conforme a las normas que regula la Unión Europea que se penalice a unos ciudadanos que, simplemente, han hecho uso de algo que todos los países europeos le han reconocido como un derecho: circular libremente por ese territorio”.
La consecuencia, añade, es que se está instruyendo la causa “a espaldas” de sus representados y que eso les causa “efectiva indefensión, prescindiendo absolutamente de las normas de procedimiento, lo que conlleva una nulidad de pleno derecho de todo lo actuado desde el momento desde el 2 de noviembre”.
“Obviamente no solo se están vulnerando las normas citadas sino avanzando peligrosamente hacia un completo alejamiento de nuestro entorno jurídico, judicial, político y económico al desconfiarse de la justicia, no ya de Bélgica, sino también de Dinamarca y Reino Unido, renunciándose a la utilización de instrumentos legales establecidos, justamente, para casos como el que nos ocupa”, añade.