La exculpación de Cospedal en cinco actos (de García Castellón)

La acumulación de evidencias sobre el conocimiento y participación de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal en los intentos de sabotear los casos de corrupción del PP provocaron su salida de la política pero no ha tenido hasta ahora más consecuencia jurídica que una pasajera imputación en el caso Kitchen. 

El cariz de la actuación del juez Manuel García Castellón respecto a Cospedal alcanzó su cénit cuando el instructor respondió a la primera solicitud de imputación hecha por la Fiscalía. El magistrado escribió en un auto que debía escuchar primero lo que de Cospedal tenía que decir el supuesto coordinador de Kitchen, Francisco Martínez. Cuando llegó el momento de la declaración de quien fue el secretario de Estado de Seguridad de Jorge Fernández Díaz, el juez no le hizo una sola pregunta que aludiera a Cospedal.

El pasado martes, García Castellón rechazó la petición de volver a citar como investigada a la antigua número dos del PP pese al contundente escrito de Anticorrupción que se basa en el contenido de los audios del comisario Villarejo desvelados durante los últimos meses, en los que aparece ella misma encargando al comisario “parar” la prueba principal de la financiación irregular del PP. Lo que sigue es la historia de cinco actuaciones claves del juzgado que explican por qué la número dos del PP en el mandato de Rajoy no está imputada en la investigación.

Acto primero: Esperando a Martínez

Las horas previas al confinamiento por la pandemia de Covid fueron claves en el caso Kitchen. Anticorrupción se presentó con la Policía en el domicilio de Francisco Martínez e hizo acopio de los archivos, mensajes y listas de llamadas de su teléfono móvil. Martínez, destinado a convertirse en el “juguete roto” del PP, se había encargado de presentar ante notario los mensajes que implicaban a sus superiores en el escándalo de la polícía política. “Mi grandísimo error fue ser leal a miserables como Jorge [Fernández] o Rajoy o Cospedal”, había dejado por escrito el ex secretario de Estado de Seguridad. 

Para entonces, Cospedal había abandonado la política después de que un medio de nueva creación, moncloa.com, publicara un audio en el que ella y su marido proponían a Villarejo, comisario en activo en aquel momento, “trabajos puntuales” en pleno estallido del caso Gürtel, durante una reunión en 2009 que se celebró en la planta noble de Génova 13, la sede nacional del Partido Popular.

El 4 de septiembre de 2020, los fiscales del caso solicitaban al juez una batería de diligencias que revolucionarían el caso, entre ellas la citación como imputados del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz –también señalado por audios de Villarejo y unos mensajes con Martínez– y de María Dolores de Cospedal y su marido, el empresario e histórico colaborador del comisario, Ignacio López del Hierro. 

A las dos semanas, el 18 de septiembre de 2020, el juez Manuel García Castellón adoptaba una decisión con un solo precedente desde la restauración de la democracia: imputar a un ministro del Interior. Fernández Díaz sería citado a declarar como investigado por el espionaje al extesorero del PP con cargo a los fondos reservados. 

Pero al mismo tiempo, aquel auto trazó lo que los fiscales calificarían después como “una inaceptable línea roja” alrededor de la cúpula del Partido Popular. García Castellón, hace ya dos años, establecía que el caso Kitchen era una trama nacida y desarrollada en el Ministerio del Interior, sin conocimiento ni participación del Partido Popular o el Palacio de La Moncloa. O lo que es lo mismo, que no afectaba a Rajoy y Cospedal. Y hasta hoy.

En ese auto de hace dos años, García Castellón rechazaba imputar a Cospedal y su marido: “Este magistrado considera que con carácter previo a resolver sobre la práctica de las otras dos diligencias interesadas por el Ministerio Fiscal [la citación como investigados de Ignacio López del Hierro y María Dolores de Cospedal] se impone, a la vista del avance de la investigación, citar de nuevo a Francisco Martínez”. 

García Castellón aludía a una información de El País que anunciaba que Martínez tiraría de la manta tras haberse negado a declarar en la primera citación, le escucharía y después el magistrado de la Audiencia Nacional decidiría sobre Cospedal y López del Hierro. 

Acto segundo: Un silencio de 78 minutos

La declaración de Francisco Martínez llegó el 20 de octubre de 2020. El comisario Enrique García Castaño le había señalado como el coordinador de la operación Kitchen y los audios con Villarejo más las notas de su móvil anticipaban dos escenarios en esa cita ante el juez: o intentaba defenderse del cúmulo de evidencias o elevaba responsabilidades a los que estaban por encima de él. 

Martínez optó por callar. Los mensajes que había protocolizado ante notario y en los que se evidenciaba el conocimiento, cuando menos, de la operación por parte del ministro Fernández Díaz ya no tenían mayor relevancia y se debían a su frustración por la falta de apoyo recibido por el partido y por su antiguo jefe. Esa fue su tesis.

¿Y Cospedal? Martínez se acogió a su derecho a no contestar a las acusaciones populares, al resto de las defensas y tampoco a la Fiscalía Anticorrupción. Solo atendería a las preguntas de su abogado y del juez instructor. El peso del interrogatorio recaía sobre García Castellón. El juez comenzó a preguntar, le interrumpió en varias ocasiones, mostró perplejidad ante algunas de las explicaciones…

Y así iban pasando los minutos: entre evasivas del investigado, la defensa de su faceta de servidor público… Hasta que llegó el minuto 78 y García Castellón dio por concluido su interrogatorio dando paso a las preguntas del abogado defensor. El juez no había hecho una sola pregunta sobre los indicios contra Cospedal. Obvió el testimonio sobre la número dos del PP que él mismo había considerado imprescindible para decidir si imputaba a la secretaria general de Mariano Rajoy.

La Fiscalía Anticorrupción, en un recurso posterior, consideró “inexplicable” la actuación del juez. Como recordarían los fiscales, Martínez había escrito en el teléfono intervenido que el conocimiento que Cospedal tenía de Kitchen era “fácil de probar”.

Acto tercero: “Sería conveniente preguntar a la sra. Cospedal”

Habían pasado ocho meses desde que la Fiscalía Anticorrupción presentara su escrito de 92 páginas solicitando la imputación de Cospedal cuando el juez tomó una decisión. No por los hechos que allí se describían, y que en el auto anterior ya advertía que eran insuficientes para investigar a la exsecretaria general del PP, sino porque un hecho inesperado había irrumpido en el caso Villarejo.

Durante 2020, en total secreto, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía y la Fiscalía Anticorrupción habían desarrollado una nueva línea de investigación. Villarejo estaba intentando vender desde la cárcel un material en su poder que, o aún no se había desprecintado, o no estaba en el registro de su domicilio, o figuraba entre los archivos del excomisario que a día de hoy siguen sin poder desencriptarse. 

Un preso que se había ganado su confianza salía de permiso y se ponía en contacto con periodistas, abogados y políticos a los que pudiera interesar el material del comisario a cambio de mucho dinero. Lo que no sabían unos y otros es que las citas estaban siendo controladas por los agentes de Asuntos Internos y que el juez había abierto una pieza secreta, la número 28.

Tres días después de que Martínez declarara en la Audiencia Nacional, el viernes 23 de octubre de 2020, los fiscales y la Policía entraban en la celda de Villarejo en la cárcel de Estremera, detenían a su mujer en el domicilio de Boadilla y volvían a registrar la casa.

Fue entonces cuando se incautaron las agendas del comisario, una suerte de diario donde Villarejo anotaba sus citas, el contenido de las mismas, reflexiones y cuestiones rutinarias de su vida. El cotejo de los investigadores respecto de los hechos acreditados les hizo concluir que lo que allí aparecía gozaba de credibilidad. 

El caso crecía exponencialmente y los indicios contra Cospedal se acumulaban. En las agendas había referencias a las citas entre el comisario y la secretaria general del PP en Génova y en los audios se hablaba de cómo entraba por el garaje para sortear el control principal en un coche, acompañado del jefe de gabinete de Cospedal. El diario mostraba anotaciones de pagos que habría recibido de la secretaria general a través de su entorno más próximo. Villarejo ya había reclamado a López del Hierro dinero en otras conversaciones publicadas en diferentes medios.

Así las cosas, ocho meses después de que se lo pidiera Anticorrupción, García Castellón dictó un prolijo auto en el que citaba a declarar a la ex secretaria general del PP y a su marido. Advertía de que las grabaciones que había alegado la Fiscalía no eran suficientes para su imputación, pero añadía que, en ese momento de la instrucción, “sería conveniente escuchar a la señora Cospedal” acerca de lo que aparecía en el diario de Villarejo y en el móvil de Martínez. 

Acto cuarto: Dos meses imputada

En aquellos momentos se desarrollaba la comisión de investigación de Kitchen en el Congreso, sobre la que el juez había mostrado su desprecio por el hecho de que se inmiscuyera en la investigación, según aseguran fuentes jurídicas. Varios de los comparecientes se negaron a declarar en la Cámara Baja alegando que todo estaba siendo juzgado en los tribunales. 

El 2 de junio de 2021, el gabinete de prensa de la Audiencia Nacional distribuía por la mañana el auto de imputación de Cospedal y su marido. Ocho meses después de que se lo pidiera Anticorrupción, el juez eligió el mismo momento en el que López del Hierro estaba declarando en la sede de la soberanía popular para anunciar su imputación. La noticia alteró por completo la comparecencia. 

Para la tarde estaba citada Cospedal, cuya declaración se suspendió por acuerdo de la comisión parlamentaria. La secretaria general siempre podría acudir a ella más adelante y acogerse al frecuente argumento de los imputados para no responder por estar inmersos en un proceso judicial. 

Y así llegó el 30 de junio, fecha de la declaración de Cospedal ante el juzgado. La ex secretaria general del PP se ofreció a responder al juez y a la Fiscalía. Su declaración se resume en considerar las anotaciones de Villarejo simples “fábulas” –“Cospe muy preocupada, cinco pagos de 200”–, en atribuir sus encuentros con el comisario a que éste a que era una persona con muchos contactos en los medios de comunicación y en negar cualquier conocimiento o implicación en el espionaje a Bárcenas. 

El 29 de julio de 2021, ni un mes después de que declarara, el juez dictó el cierre de la investigación de Kitchen en un auto en el que archivaba la causa contra Cospedal y su marido por falta de indicios contra ellos. Las acusaciones contra Cospedal y López del Hierro acerca de “una participación intelectual no dejan de ser el resultado de una inferencia voluntarista sin fundamento en indicio alguno”, dejó escrito el juez. 

García Castellón cerraba el caso con la misma convicción que había trasladado en su auto de dos años antes: la Kitchen no había salido de Interior y de Fernández Díaz, el PP no tenía nada que ver; ni Cospedal ni Rajoy lo sabían.  

Unos días antes de cerrar el caso, el magistrado había vuelto a tomar declaración a Francisco Martínez. Puede considerarse que sí le preguntó por Cospedal. Fue de la siguiente forma: “¿Dígame cuál es su conocimiento de la señora de Cospedal?”. Martínez respondió: “Pues mire, eh, desde luego, mi conocimiento, evidentemente yo sabía quién era, solo faltaba, pero mi relación con ella no se produce hasta que yo doy ese paso [de integrar las listas del PP en 2015].

Acto quinto: No insistan

Otra vez este verano, el caso Kitchen da un nuevo giro. Nuevas grabaciones del caso Villarejo, desconocidas para los investigadores, aparecían publicadas en medios de comunicación. Una de ellas data del 18 de enero de 2013, el día que El Mundo publicó que el PP había tenido una contabilidad paralela con la que pagaba sobresueldos a sus dirigentes. 

Cuando Villarejo grabó por teléfono a Cospedal habían pasado cuatro años desde que ella y su marido le propusieron en despacho de Génova hacer “trabajos puntuales”. Aquella mañana de enero de 2013, Cospedal le dice al comisario que sería conveniente “parar” la publicación de “la libretita”, en referencia a los papeles de Bárcenas que terminaría publicando El País y que a la postre constituiría la prueba principal de la caja B del partido.

Un revés inesperado para la ex secretaria general y para todo aquel que confiara en que el suyo era un caso cerrado. Sobre todo después de que la Sala de lo Penal, acostumbrada a corregir los excesos jurídicos de García Castellón en los recursos que recibía contra las decisiones del magistrado, avalara su auto de fin de la instrucción del caso Kitchen. 

El 22 de abril de este año, la Sección Segunda rechazó los recursos de defensas y acusaciones. El escrito de Anticorrupción presentado ante la Sala era demoledor: la Fiscalía acusaba a García Castellón de haber creado “una inaceptable línea roja o cordón” que impedía investigar la “conexión política” del caso Kitchen, una operación para destruir pruebas de un caso que afectaba directamente a Cospedal y Rajoy, como presuntos receptores de dinero negro de los empresarios en forma de sobresueldos. 

Así se iba acercando el momento del juicio. Hasta que irrumpieron los nuevos indicios en forma de grabaciones inéditas. El PSOE se apresuró a pedir la reapertura de Kitchen con el audio de “la libretita” y Anticorrupción se demoró tres meses en pronunciarse. Finalmente, los fiscales del caso presentaron un escrito este septiembre en el que proponían la apertura de una “subpieza” y que Cospedal volviera a estar imputada y compareciera como tal. García Castellón lo rechazó el pasado martes. 

Además, en un auto de dos folios ordenaba abrir una pieza más del caso, la 34, para investigar el origen de los audios, por si pudieran, a diferencia de todos los que ha escuchado hasta ahora, alguna relevancia penal. Cuando tomó esa decisión ya contaba con un atestado de Asuntos Internos que atribuye las grabaciones publicadas a Villarejo.

Por último, el juez ha dado diez días a las partes para que presenten sus escritos de acusación del caso Kitchen. Se trata de una laboriosa tarea que las acusaciones combinan estos días con sus recursos contra la decisión de García Castellón de no reabrir la investigación y, en el caso de los fiscales, con su asistencia a las fechas señaladas para continuar con el primer juicio de la pieza Tándem o caso Villarejo.