El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) encara su renovación después de más de cinco años y medio en funciones y con el mandato caducado. PSOE y PP anunciaban este martes un acuerdo para que, después de una década en el cargo, los vocales nombrados cuando el partido de Alberto Núñez Feijóo gobernaba con mayoría absoluta abandonen el órgano de gobierno de los jueces y sean sustituidos.
Es el final de un largo camino de 2.030 días de interinidad del Poder Judicial durante los que se han producido media docena de vetos y bloqueos del PP a renovar el organismo hasta que fue necesaria la intervención de la Comisión Europea como mediadora.
1 de junio de 2018. Cambio de gobierno. Medio año antes de que terminara el mandato del actual CGPJ, una moción de censura sacaba a Mariano Rajoy de la Moncloa y daba la presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez. La renovación del Consejo, prevista para los próximos seis meses, se iba a producir con el PP como grupo parlamentario más numeroso en Congreso y Senado pero con una mayoría de diputados respaldando al PSOE de Pedro Sánchez al frente del ejecutivo central. Un parlamento muy diferente del que en 2013, con mayoría absoluta del PP, había renovado el órgano de gobierno de los jueces y que no garantizaba el dominio que el partido conservador había tenido en aquellas designaciones.
3 de agosto de 2018. Empieza la renovación. Faltaban todavía varios meses para que terminara el mandato del actual Consejo General del Poder Judicial cuando su presidente, el magistrado Carlos Lesmes, firmó lo que tendría que haber sido su final. El acuerdo para poner en marcha su renovación, comunicando al Congreso y al Senado la apertura del plazo para que los jueces aspirantes a vocales presentaran sus candidaturas. Un mes después se publicaba la lista de 50 aspirantes, encabezada por los avalados por las tres principales asociaciones. Llegaba la primera polémica: la exclusión de José Ricardo de Prada, uno de los que firmó la condena del PP en la trama Gürtel como partícipe a título lucrativo y vetado por el partido para entrar al Consejo.
12 de noviembre de 2018. Manuel Marchena, nombre de consenso. A primera hora de la mañana llegaba el dato que suele hacer irrevocables los pactos para renovar este organismo. PP y PSOE se habían puesto de acuerdo para renovar el organismo y para que un juez del Tribunal Supremo fuera puesto al frente: Manuel Marchena. Fiscal de formación, presidente de la Sala de lo Penal y de perfil conservador, Marchena estaba a unos pocos meses de empezar a dirigir el juicio del procés independentista catalán y dirigía la sala que juzga y sentencia a aforados desde 2014. Los candidatos a ocupar uno de los ocho sillones destinados a juristas, incluso, empezaron a comparecer en el Congreso a finales de esa misma semana.
19 de noviembre de 2018. “Controlar” el Supremo. El acuerdo entre PP y PSOE para poner a Marchena al frente del nuevo Consejo saltó por los aires una semana después. El Español publicó el mensaje de WhatsApp que Ignacio Cosidó, entonces portavoz del partido de Pablo Casado en el Senado, había enviado a sus parlamentarios de la cámara alta: “Obtenemos lo mismo numéricamente pero ponemos un presidente excepcional y además controlando la sala segunda desde detrás y presidiendo la sala del 61”. Así, el PP presumía internamente de controlar a través de Marchena la sala que resuelve casos penales de corrupción que afectan a su partido. Uno de esas causas era la de Gürtel, que unos meses antes había desembocado en la moción de censura y que estaba pendiente de sentencia firme en el Supremo. Finalmente el Alto Tribunal confirmó la condena del partido por beneficiarse económicamente de la trama corrupta.
20 de noviembre de 2018. Marchena renuncia. No habían pasado ni 24 horas desde que el WhatsApp interno del PP había visto la luz. Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, emitía un comunicado: renunciaba a presidir el CGPJ. En el escrito no aludía directamente a la polémica pero sí a las “noticias divulgadas” en aquellos días para defender su independencia y anunciar que no se pondría al frente del órgano de gobierno de los jueces después de saber que el partido de Pablo Casado presumía de utilizarle como una marioneta con toga. “Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal”.
Esa misma tarde llegó el primer bloqueo del PP. Pocas horas después de conocerse la renuncia de Marchena, los de Pablo Casado acudían a la Mesa del Congreso para retirar sus candidatos del turno de juristas. Con los mensajes de su portavoz parlamentario todavía en las portadas, el PP pasaba a afirmar que la entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado, había filtrado los detalles y reclamaban su dimisión antes de seguir negociando. También empezaba la otra gran línea argumental del PP para no renovar el organismo: exigían que la ley fuese modificada para que los jueces tuvieran más peso en la elección de los vocales.
3 de diciembre de 2018. El CGPJ caduca. La Ley Orgánica del Poder Judicial es clara en su artículo 568.1: “Se renovará en su totalidad cada cinco años, contados desde la fecha de su constitución”. En el caso del actual Consejo General del Poder Judicial, su mandato venció el martes cuatro de diciembre de 2018 y quedó, desde entonces, en funciones. En los primeros días de enero de 2019, poco después, Carlos Lesmes enviaba al parlamento su primera carta recordando la necesidad de renovar el organismo cuanto antes. En total, y hasta que dejó el cargo, envió media docena de estas misivas y avisos.
En los años siguientes llegó a pronunciar hasta cuatro discursos de apertura del año judicial en tono de despedida e instando la renovación del organismo.
Febrero de 2021. Los vetos del PP. En los primeros meses de 2021, después de las tensiones del año anterior, el PP llegó a anunciar avances en las negociaciones. Pero unos días después el partido de Pablo Casado volvía a bloquear el proceso, esta vez por imponer el veto para que Unidas Podemos, parte del Gobierno de coalición, no estuviera en las negociaciones, reeditando el argumento con el que también había bloqueado las negociaciones para la renovación de 2008.
Mientras los dos partidos anunciaban acuerdos para renovar el consejo de administración de Radio Televisión Española, los de Pablo Casado focalizaban su veto en dos nombres: José Ricardo de Prada y Victoria Rosell. El primero, magistrado del tribunal de la Audiencia Nacional que firmó la condena del partido como beneficiario de la trama Gürtel. La segunda, magistrada en Canarias, diputada entonces por Unidas Podemos y víctima de la guerra sucia del ya exjuez Salvador Alba.
Marzo de 2021. Fin a los nombramientos. Después de un nuevo fracaso para renovar el organismo, el ejecutivo central puso en marcha y consiguió la aprobación de una reforma clave en el funcionamiento del CGPJ en los años venideros: quitarle la capacidad de hacer nombramientos en las altas instancias judiciales. Sobre todo en el Tribunal Supremo, que desde entonces acumula 25 vacantes, incluyendo su presidencia, lo que supone más de un 30% de su plantilla total.
Mayo de 2021. Indultos y nueva línea roja. A mediados de 2021 el Gobierno de Pedro Sánchez anunció que indultaría a los líderes políticos catalanes condenados por sedición, malversación y desobediencia por su papel en el procés independentista catalán. Poco después el PP anunciaba que la renovación del Consejo se antojaba “casi imposible” en esas condiciones. En septiembre de ese año el partido de Casado se lanzó a exigir un cambio en la normativa para que los jueces tuvieran más peso en la elección como línea roja para alcanzar un acuerdo.
Octubre de 2022. Nuevo bloqueo. Con la abrupta salida de Pablo Casado y la llegada de Alberto Núñez Feijóo y su ejecutiva el PP anunció que retomaba las negociaciones, frustradas en las sucesivas fechas electorales tanto nacionales como autonómicas y municipales. El 9 de octubre llegó el bloqueo que terminó con la primera dimisión de un presidente del órgano de gobierno de los jueces: Carlos Lesmes anunciaba su dimisión y dejaba el cargo tras casi cuatro años en funciones y después de cuatro discursos de dimisión.
El vocal y magistrado Rafael Mozo, considerado del sector progresista, accedía al cargo. Arrancaba en ese momento una situación de bicefalia en la calle Marqués de la Ensenada: Mozo era elegido presidente en funciones del CGPJ y el magistrado Francisco Marín Castán, de la Sala de lo Civil, presidente en funciones del Tribunal Supremo, cargo que tradicionalmente se ejerce de forma conjunta.
Ese mismo mes, el PP protagonizaba un nuevo bloqueo al romper las negociaciones con el PSOE. En esta ocasión, poniendo encima de la mesa la reforma con la que el Gobierno despenalizaba el delito de sedición, núcleo de la sentencia del procés independentista.
Diciembre de 2022. El búnker del Poder Judicial. En el último lustro, un grupo de vocales del sector conservador del CGPJ saliente se ha conjurado para ejercer la oposición al Gobierno desde el órgano de gobierno de los jueces. Desde rechazar la idoneidad de Dolores Delgado o Álvaro García para ser fiscales generales hasta llevar a Europa diversas iniciativas legales del ejecutivo, el punto más alto del choque de trenes llegó cuando a finales de 2022 el CGPJ caducado tuvo que designar a un magistrado del Tribunal Constitucional para consumar su renovación parcial.
Durante semanas, el grupo de vocales capitaneado por José María Macías se opuso a que el designado por el sector progresista fuera José Manuel Bandrés, hasta que cedieron y permitieron que fuera la también progresista María Luisa Segoviano. Macías acaba de ser propuesto como magistrado del Tribunal Constitucional para llenar una de las plazas vacantes.
Julio de 2023. Rafael Mozo también deja el Consejo. Diez meses después de alcanzar el cargo, Rafael Mozo se jubilaba y llegaba al cargo Vicente Guilarte, el tercer presidente en un solo mandato.
Enero de 2024. Mediación europea. En los primeros días de 2024 la nueva exigencia del PP para sentarse a negociar la renovación del CGPJ se materializó en Bruselas. Félix Bolaños y Esteban González Pons se reunieron en diversas ocasiones sin alcanzar acuerdos.
12 de junio de 2024. El ultimo ultimátum. Hace poco menos de dos semanas el presidente del Gobierno lanzaba la última advertencia desde TVE: si el 30 de junio no había acuerdo para desbloquear la renovación del CGPJ, la solución sería una reforma legal para cambiar las mayorías necesarias para poder nombrar a los vocales del organismo. “A final de junio el tiempo de la negociación se habrá acabado”, advirtió.
25 de junio de 2024. Acuerdo de renovación. El acuerdo llegaba a cinco días del final de ese plazo establecido por Sánchez. PSOE y PP anunciaban un acuerdo para renovar el CGPJ, el segundo que alcanzaban en cinco años, con una lista de 20 vocales y la incógnita de quién será el próximo presidente o presidenta del órgano de gobierno de los jueces. El acuerdo también incorpora la promesa de una ley orgánica con nuevos criterios para futuras renovaciones.