Sacar a Francisco Franco del Valle de los Caídos fue el gran anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez nada más llegar al poder. Se trataba de un gesto muy simbólico que ningún otro Ejecutivo socialista, ni José Luis Rodríguez Zapatero ni mucho menos Felipe González, se había atrevido a plantear. Era una medida gratis para un Gobierno consciente de su limitación parlamentaria con el apoyo más pírrico en democracia: 84 escaños de 350.
El anuncio amenaza con convertirse en un boomerang para Sánchez. Se ha vuelto un asunto espinoso para el Gobierno. La familia del dictador solo ve factible que el cadáver se quede donde está o acabe en el panteón del que disponen en la cripta de la catedral de la Almudena, en pleno centro de Madrid. Durante estos meses el Gobierno ha pasado por varias fases. De la promesa del presidente de que el asunto estaría resuelto antes de las vacaciones de verano pasó a resignarse y admitir que nada podría hacer si esos eran los deseos de los herederos y ahora anuncia que dará la batalla para impedir que la Almudena se convierta en lugar de peregrinación para nostálgicos de la dictadura.
El proyecto 'estrella' de Sánchez nació viciado. Fue el secretario de Nuevos Derechos y Libertades, Andrés Perelló, el que destapó la liebre sin control de Moncloa ni de Ferraz. La afirmación del dirigente socialista en un acto con militantes en Cantabria precipitó los acontecimientos y el Gobierno se vio obligado a reaccionar confirmando su intención de cumplir con el mandato del Congreso de sacar al golpista del Valle de los Caídos. Fuentes del PSOE reconocen que fue un plan improvisado.
Sánchez cogió rápido el guante y en su primer encuentro informal con periodistas en el patio del Congreso confirmó el plan y le puso fecha: Franco estaría fuera del Valle de los Caídos antes de agosto. Veinte días más tarde de esa afirmación, en el Pleno del Congreso, reiteró su voluntad de exhumar el cadáver “en breve”, pero ya no puso fecha. Moncloa hablaba todavía entonces del final del verano.
Trabajando contrarreloj, el Ministerio de Justicia que dirige Dolores Delgado, buscó el “sustento jurídico” a través del que ejecutar la exhumación. Al final, el Consejo de Ministras aprobó el decreto ley para llevar a cabo la decisión el 24 de agosto. La vicepresidenta, Carmen Calvo, que tomó las riendas del procedimiento admitió que la exhumación se retrasaría a finales de 2018. El propio Sánchez atribuyó a su “falta de experiencia” gubernamental su intención inicial de que el trámite estuviera finiquitado en un tiempo récord de menos de un mes.
Pero el verdadero jarro de agua fría para el Gobierno llegó con las alegaciones de la familia Franco al proceso de exhumación en las que señalaron la Almudena como segunda opción para el enterramiento –en primer lugar se opusieron a que saliera de Cuelgamuros–. Los herederos del dictador disponen de un panteón en la cripta de la catedral.
De bajar los brazos a dar la batalla
La primera reacción del Gobierno fue trasladar la presión a la Iglesia al asegurar que de ella dependía que el dictador acabara inhumado en un lugar “privado” de su posesión. “No depende de nosotros. No podemos decidir a dónde van los restos”, dijo la vicepresidenta el pasado 12 de octubre: “¿Yo voy a decirle a la Iglesia lo que puede o no puede? –se preguntó–. No puedo”, se respondió. El propio Pedro Sánchez llegó a resignarse en el Congreso a que eso sucediera: hasta entonces el argumentario del Gobierno era que lo importante es que el golpista estuviera fuera del Valle de los Caídos, un espacio público propiedad de Patrimonio del Estado. Un mausoleo a un dictador que no tiene parangón en Europa.
Pero la posición del Gobierno cambió radicalmente tras una reunión de Calvo con el número dos del Papa, Pietro Parolin, en el Vaticano al que la vicepresidenta aseguró haber arrancado el “compromiso” de buscar una “solución” para evitar que los restos de Franco acabaran en la Almudena, ubicada en una de las zonas más turísticas de la capital. La Santa Sede matizó las palabras de Calvo en un inusual comunicado en el que aplaudía que el Gobierno buscara una alternativa, pero en conversación con los familiares del dictador. La Iglesia insiste en que no va a adoptar ninguna medida excepcional.
El tono del Gobierno cambió a partir de ese momento: “Le pido a quien es responsable de un templo la colaboración correspondiente”, dijo Calvo tras la reunión del Consejo de Ministras de este viernes en el que sustituyó como portavoz a Isabel Celaá. El Gobierno está ahora determinado a dar la batalla para que los restos de Franco no acaben en la catedral en pleno centro de Madrid, un resultado que muchos socialistas reconocen sería un “ridículo”.
La vicepresidenta niega que haya habido improvisación en el procedimiento para exhumar al dictador: “Es imposible improvisar en un procedimiento tan complejo como este. Otra cosa muy distinta es que los escenarios posibles que nos pudiéramos encontrar fueran muy diferentes en relación a la actitud de la familia”, explicó en la rueda de prensa.
Cambiar su propia ley, en manos de PP y Ciudadanos
Calvo reconoció que se va “encontrando a cada obstáculo una respuesta”: “En este escenario y dadas las circunstancias (...) tendremos que seguir trabajando hasta el final del objetivo del Gobierno que es que los restos estén en un lugar decoroso y privado”.
Una de las vías de solución que plantea el Gobierno es cambiar el decreto ley que aprobó para la exhumación de Franco. La idea es enmendar el texto de la ley de memoria histórica para impedir que el dictador pueda acabar en un lugar público. “Albergará las modificaciones que sean necesarias para que este objetivo se cumpla”, afirmó Calvo sobre la tramitación parlamentaria de ese decreto, que se convirtió en un proyecto de ley para que los grupos pudieran añadir cambios a la ley de memoria histórica. Las fuerzas catalanas quieren, por ejemplo, que se incluya la anulación de los juicios del franquismo, como la sentencia de Lluís Companys.
El problema con el que se topa el Gobierno es el continuo bloqueo de PP y Ciudadanos a las iniciativas a través de la ampliación de los periodos de enmiendas. El proyecto de reforma de la memoria histórica se encuentra en el proceso de enmiendas a su articulado hasta el próximo día 6 de noviembre, pero la derecha de la Mesa del Congreso puede ampliar ese plazo sine die.
“Ellos verán lo que hacen. Se les llena la boca con que hay una nueva etapa –señalan fuentes de vicepresidencia en referencia al anuncio de Ciudadanos de que desbloqueaba varias propuestas que llevaban meses congeladas-. Es el momento de retratarse”. No obstante, los plazos de tramitación parlamentaria alargarían el proceso más allá de final de año. En el departamento de Calvo dicen, además, que ese cambio serviría para “perfilar aún más” la ley y adecuarla y despejar las dudas para que Franco no pueda acabar en un lugar como la cripta de la Almudena. Las mismas fuentes aseguran que con el actual artículo 15 de esa ley es suficiente.
Otra opción: apelar a la seguridad ciudadana
Sin embargo, ese texto hace referencia a “escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”, por lo que genera dudas de que pueda aplicarse a los restos del dictador.
En el Gobierno sostienen que “no se renuncia a otras vías” para evitar ahora sí que el cuerpo acabe en la “parroquia de Santa María de la Almudena”. “Utilizaremos los mecanismos competenciales que tenemos a nuestra disposición”, dijo Calvo este viernes.
Otra de las opciones que estudia el Ejecutivo es acogerse a motivos de seguridad ciudadana para impedir que el cuerpo acabe en un lugar que no es “anónimo”. “Al Gobierno no le parece que pueda estar en ningún sitio donde pueda ser enaltecido y pueda haber problemas de tranquilidad pública”, agregó la vicepresidenta.
Quedan dos meses para que termine 2019 y el Gobierno tiene claro que Franco saldrá del Valle de los Caídos, pero aún no dispone de la fórmula segura para que los restos no terminen en un lugar aún más preeminente: la cripta de la catedral de la Almudena, a pocos metros del Palacio Real en el corazón de Madrid.
Por ahora el Ejecutivo va sorteando los obstáculos –el último el rechazo a un recurso de reposición de los monjes benedictinos contra el procedimiento de exhumación de Franco que denuncian indefensión para los 191 cadáveres que están en el Valle de los Caídos y que no son víctimas de la guerra civil (el argumento del decreto para explicar la salida de los restos del dictador)– y pretende dar los siguientes pasos administrativos (solicitar los preceptivos informes a la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de San Lorenzo) en el próximo Consejo de Ministras.