Una Fiscalía más independiente, con un cúpula neutral y que anule cualquier posibilidad de “interferencia política”. Es la propuesta que hicieron este miércoles los exministros de Justicia del PP Alberto Ruiz Gallardón y Rafael Catalá en un coloquio junto al actual responsable de esa cartera, Juan Carlos Campo, en el que los tres defendieron la reforma de la decimonónica Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim). Un anteproyecto que ya se encuentra en el trámite de información pública y que, como principal novedad, incluye una transferencia de funciones de jueces a fiscales, que pasarán a dirigir las investigaciones bajo el control de un juez de garantías. Esta figura aparecía en los fracasados proyectos de reforma de la Lecrim promovidos por el PSOE, en 2011; y por el PP, en 2013.
El anteproyecto prevé que los fiscales se organicen en equipos autónomos con un coordinador y que puedan tener a su disposición unidades policiales, expertos y peritos, lo que, según el borrador, permitirá “restringir” la “intervención jerárquica” de los órganos directivos de la Fiscalía cuando surjan discrepancias de criterio dentro de cada equipo. Pero para ello hará falta una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la ley que regula la estructura y el funcionamiento de la Fiscalía, que el Gobierno se compromete a llevar al Parlamento en un plazo de un año desde que esta reforma se publique en el BOE.
Hasta el momento, el Ejecutivo no ha dado demasiadas pistas sobre por dónde deberían ir esos cambios. En el coloquio, el ministro se limitó a recordar ese compromiso y admitió que hay que “reforzar” la autonomía de los fiscales pero manteniendo los principios de “unidad de acción y dependencia jerárquica” que consagra la Constitución y destacó que el objetivo es que sea un “proyecto colectivo”. “No puede ser una ley del PSOE”, manifestó consciente de las dificultades de alcanzar consensos en el actual clima político.
Sí fueron tajantes en reclamar más independencia para la Fiscalía sus predecesores en el cargo. Y eso a pesar de que las injerencias políticas dieron al traste con el último intento de implantar la figura del fiscal investigador durante el mandato de Mariano Rajoy, del que ambos formaron parte en diferentes periodos. Además, los dos pidieron reformar el sistema de elección del fiscal general del Estado, que actualmente está en manos del Gobierno. Preguntado después por los medios por esta cuestión, Campo destacó que “el sistema de elección del fiscal general está establecido constitucionalmente” y “el propio Estatuto ya establece mecanismos de resorte para la independencia y autonomía de cada fiscal”.
Previamente, durante el coloquio, Gallardón declaró su “apoyo incondicional” a la reforma, pero afirmó que “obliga a una reforma del Ministerio Fiscal” e insistió en que se pueden dar pasos para “garantizar la percepción de independencia” de la Fiscalía sin tocar la Carta Magna. A su juicio, el reto es que los ciudadanos “no desconfíen del Ministerio Fiscal por estas nuevas atribuciones” y lanzar el mensaje de que “no existe la más mínima posibilidad de interferencia política en la instrucción”. Con este objetivo, propuso un cambio en la forma de elección del fiscal general para dar más protagonismo al Congreso y el Consejo del Poder Judicial, cuya participación en el proceso es preceptiva pero no vinculante. De esta manera, afirmó, la decisión “real” de la designación no recaería solo en el Gobierno.
Más rotundo fue Catalá, que aseguró que el actual Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal “no vale” para la Fiscalía del futuro. “La opinión pública está convencida (...) de que los jueces no son independientes y de que los fiscales hacen lo que dice el Gobierno, y no es así pero está en el imaginario colectivo”, afirmó el exministro, que solicitó un sistema de elección del fiscal general del Estado que “garantice la autonomía e independencia” de la institución.
Aunque sin citar a la actual fiscal general, la exministra de Justicia Dolores Delgado, apostó por establecer un régimen de incompatibilidades para que no puedan acceder a ese cargo quienes hayan desempeñado responsabilidades políticas. Delgado fue nombrada fiscal general poco más de un mes después de dejar la cartera de Justicia y el escaño como diputada del PSOE.
Injerencias en la Fiscalía
Los alegatos de los exministros del PP reclamando más independencia en la Fiscalía contrastan con algunos episodios que pusieron en entredicho la autonomía de la Fiscalía respecto al Gobierno durante el mandato de Mariano Rajoy. De hecho, la polémica actuación de Manuel Moix al frente de la Fiscalía Anticorrupción abortó el último intento de establecer la figura del fiscal investigador, con Catalá como ministro.
En 2017, cuando el Ejecutivo de Rajoy parecía más decidido que nunca a intentar que saliera adelante esta iniciativa, salió a la luz el intento de Moix de impedir una serie de registros en el caso Lezo, en el que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González está acusado de graves delitos y lo mantuvo en prisión provisional casi siete meses. La imagen de la institución quedó tan tocada que tanto el Gobierno del PP como el PSOE consideraron que no era momento de abordar esta cuestión.
Moix, sobre quien González se había pronunciado en conversaciones grabadas por la UCO como un fiscal con quien se las podría arreglar, acabó dimitiendo cuando se publicó que tenía participación en una empresa con sede en un paraíso fiscal.
De hecho, Catalá encadenó tres fiscales generales en menos de tres años. Con Eduardo Torres-Dulce, el problema fue Cataluña. Recién llegado al ministerio, le exigió que parase la consulta del 9N presentando una querella contra Artur Mas. Las órdenes no fueron atendidas y el Gobierno empezó a buscar nuevos candidatos para la Fiscalía General. Como resultado de la pérdida de confianza, Torres-Dulce acabó presentando su dimisión.
Tras su renuncia fue nombrada Consuelo Madrigal, con quien la situación volvió a repetirse. Catalá quería que cumpliese sus órdenes y propuestas de renovación para los puestos más sensibles en Anticorrupción o la Audiencia Nacional. Madrigal no aceptó las presiones y, tras finalizar su primer mandato, no fue renovada en el cargo. Entonces fue nombrado José Manuel Maza, que nombró a Moix en Anticorrupción y sustituyó al fiscal jefe de Murcia, a quien el PP atribuía el inicio de las principales causas contra contra dirigentes de su partido en esa comunidad.
Catalá protagonizó ademas un enfrentamiento en público con las fiscales de Púnica. El Consejo Fiscal le llegó a reprochar sus “injerencias” y fue reprobado por el Congreso.